Después de 20 años juicio de Manta y Vilca a punto de terminar y obtener sentencia

Después de 20 años juicio de Manta y Vilca a punto de terminar y obtener sentencia

El caso de las mujeres que fueron violadas por militares durante el periodo de violencia política del país es emblemático porque revela que las mujeres campesinas quechuahablantes son ciudadanas de quinta categoría, y que fueron víctimas inocentes para las que la justicia tarda demasiado. Hay que tener en cuenta que estos crímenes de lesa humanidad se produjeron hace 40 años, cuando las ahora señoras eran unas adolescentes que no entendían por qué su mundo seguro se había puesto de cabeza y ellas habían sido agredidas brutalmente.

A continuación presentamos una entrevista con  Carlos Rivera, el abogado del IDL que patrocina a un grupo de ellas.

¿Hace cuántos años hace que estas mujeres recurrieron al sistema de justicia peruano?

Hace 20 años cuando se presentaron ante la Fiscalía de Huancavelica. La CVR presenta su informe en agosto del 2002, y el 2003 nosotros tomamos conocimiento de los informes jurídicos en los que aparecía este caso. Los comisionados nos dicen que lo asumamos, y no teníamos noticia de lo ocurrido en Manta. Le preguntamos a las personas que habían hecho las entrevistas en la CVR dónde estaban las señoras. Mandamos a varias abogadas del IDL a buscar contactos en Huancayo y Huancavelica. ¿Quiénes eran estas señoras? No sabíamos. Hasta que ubicamos a varias primero en Huancayo, en Sicaya y luego en la ciudad de Huancavelica. Dos abogadas llegan a viajar a Manta. El 2004 se abre la investigación en la Fiscalía de Huancavelica y estuvo a cargo de la fiscal Aurorita de la Cruz. Hubo una intervención muy intensa de nuestra parte y luego se une DEMUS y compartimos la defensa con ellos. Ese primer capítulo se cierra el 2009 cuando el caso es asumido por el fiscal Juan Borja, designado como fiscal de derechos humanos. Él se comprometió con el caso e hizo algo un poco audaz: una primera denuncia el año 2007, en base a la Convención contra la Tortura del año 2004. Le dijimos que el Poder Judicial podría alegar que no se puede abrir proceso penal a una persona sobre la base de una norma internacional. Y eso llegó a manos del juez Segismundo León, quien efectivamente sostuvo que no podía judicializar el caso en base a ese argumento. El fiscal Borja tuvo que modificar la denuncia. Lo que hizo fue denunciar por un delito común – violación sexual del Código Penal de 1924 y calificar el hecho como crimen de lesa humanidad. Esa acusación permite que el 9 de abril de 2009 se abra el proceso penal”.

Hubo un primer juicio se suspendió, luego vino la pandemia que paralizó el juicio por un tiempo largo y así el proceso se ha ido alargando de manera penosa para las señoras.

Así es. Hubo un larguísimo periodo desde el momento en que la Fiscalía Superior acaba la instrucción, y se va repitiendo todo lo que la Fiscalía de Huancavelica había realizado. El caso llega a manos de Luis Landa, el fiscal superior, quine presenta su acusación el año 2012. Hay varios años que van pasando sin que se haga gran cosa. Luego arranca el primer juicio el 2015, que dura dos años, se presentan unas circunstancias fatales con el primer tribunal, del que no teníamos ninguna duda que apostaba por una absolución de los militares. Se presentó una recusación que no prosperó en el año 2016, y la mandamos a la Corte Suprema que se demora muchos meses hasta que decide recusar al tribunal y determinar que se inicie un nuevo juicio. Esta es una decisión ejemplar: la Corte Suprema entiende que no se trata solo de que un juicio debe ser manejado por un tribunal imparcial, sino que no se puede afectar la prueba en un crimen contra los derechos humanos. El segundo juicio empieza en el 2019 con nuevos jueces y nuevas reglas en relación a la prueba.

¿Qué significa tener nuevas reglas de prueba?

Primero, en esa sentencia la Corte Suprema sostiene que es imprescindible tomar en consideración de manera especial la declaración de las víctimas. Esa regla existe para los juicios de violaciones sexuales.  Segundo, determina que hay una necesidad de incorporar el contexto en el que ocurrieron esas violaciones sexuales. Tercero, la prueba pericial para darle soporte al contexto y a cómo acreditar la violación sexual. Inicialmente la fiscal de la Cruz quería que fuera por medio de un certificado médico legal, pero hay otros medios de prueba que pueden acreditar que hubo violaciones sexuales en décadas anteriores. Cuarto, el conocer la verdad tiene que atravesar el  juicio por tratarse de un caso de derechos humanos. Entonces, se tuvieron nuevas reglas.

¿Cómo evalúa este nuevo juicio?

El balance que tenemos es que es un juicio largo y muy lento, que ha agarrado velocidad a partir de 2022. La pandemia también nos hizo perder dos años. A pesar de eso considero que ha sido un buen juicio porque nosotros nos pudimos preparar mejor, ya que trabajamos más con las señoras. Eso ha sido fundamental. La forma como se llevó el primer juicio las  afectó mucho. Se habían sentido casi como las investigadas, y no habían tenido oportunidad de declarar con libertad sobre lo que les había pasado. El psicólogo Jorge Rojas tuvo un papel muy importante. Eso tuvo como resultado que las declaraciones de este segundo juicio fueran muy buenas, muy productivas en cuanto información y contexto. La declaración de los peritos, tanto del Ministerio Público como los peritos de parte que fueron, entre otros, la psicólogas Viviana Valz Gen y Paula Escribens y los psicólogos del CAPS, fueron testimonios contundentes y demolieron los argumentos de la defensa de los militares. Otro hecho importante fue que se incorporaron los testimonios de otras señoras que declararon que ellas habían sido víctimas de lo mismo. La sesión de Huancayo que se realizó el año pasado fue muy importante. Y finalmente fue clave la inspección ocular que el tribunal hizo en noviembre del año pasado en Manta.

¿Estuvieron en Manta por primera vez?

Sí, finalmente conocimos Manta. Fue muy útil. El tribunal lo pidió, y lo hicimos al final de los interrogatorios a los acusados, a las agraviadas, a los testigos y a los peritos. Fuimos los jueces, los abogados de los militares y nosotros.

¿Qué aporta la inspección ocular 40 años después de los hechos?

Porque nos permitió verificar que a fines del año 2023 Manta no ha cambiado. Llegar es muy complicado. Hay carretera hasta la salida de Huancayo y después comienza un camino afirmado. Para salir de Manta solo hay un carro una vez por semana en la madrugada. Constatamos la dificultad de acceso. Es un pueblo fantasma. Estaba el jefe de la comisaría del pueblo más cercano, no de Manta, y se demora hora y media para llegar a Manta por una ladera del cerro. Hoy, en 2024. Acreditamos lo difícil que era que las mujeres denuncien los hechos. Nos sirvió ver dónde se instalaron los militares cuando llegaron : en la posta que ahora está en ruinas. Y luego pasaron al colegio que vimos que sí ha mejorado su estructura, hay más pabellones. Unas señoras se nos acercaron  y nos mostraron unas aulas oscuras donde encerraban a los detenidos. Una de ellas dijo que había visitado a su hermano allí y vio cómo lo golpeaban. Los abogados de los militares le dijeron qué quién era ella. La señora se identificó y dio el nombre de su hermano. Luego fuimos a la casa que fue acondicionada como base militar, y luego llegamos a la base que fue construida en 1988 y que ahora está en ruinas. Identificamos el panorama y el contexto.

¿Cuáles son los argumentos de los abogados de los militares?

Dicen que la ONG han convencido a las señoras para que denuncien a los militares por violación sexual para obtener indemnizaciones. Después de 20 años que existe un sistema de justicia que ha constatado que ha habido violaciones a derechos humanos, lanzar ese argumento es absurdo. Hay que ser bien incompetente. Luego dicen que algunos acusados no estuvieron en el lugar, cuando ya hemos tenido una discusión sobre la prueba documental y en ese momento presentaron documentos que supuestamente acreditaban que sus defendidos estaban en otra parte. Uno dijo que estaba tocando con una orquesta, otro presentó una declaración jurada en la que recordaba lo que había hecho un día hace 40 años. Eso es inverosímil.

¿Y el argumento de que no fue violación porque hubo consentimiento ya que ellas eran sus enamoradas?

También. Ese tipo de argumento bastante inconsistentes justamente se ha expuesto hoy 17 de abril. Pero confiamos en el criterios de alguien como el director de debates que es Marco Angulo, un juez con una actitud favorable hacia las víctimas, pro derechos humanos. El director de debates es quien redacta la sentencia porque es el que ha estado más atento durante el juicio. Él viene de ser juez anticorrupción, pasó a la Corte Penal Nacional y ahora está en este juicio.

¿Cuáles son los argumentos más contundentes que demuestran la inocencia de las señoras?

La pretensión inicial de presentar esto como una política de estado tiene sus limitaciones porque había que establecer los elementos de conexión y justo murió el general del ejército Félix Unda que estaba a cargo, lo que y hizo difícil reconstruir la cadena de mando. Pero frente a eso sí es contundente el argumento de que fue una actuación sistemática y terminó siendo una práctica generalizada en esa región.

 ¿En qué etapa del juicio están?

En enero 2024 comencé los alegatos finales en dos sesiones, luego DEMUS hizo dos alegatos finales también en dos sesiones que terminaron en marzo. En marzo comenzó sus alegatos finales uno de los abogados de la defensa y ya los terminó ayer. En total son ocho abogados. Estamos en la penúltima parte del juicio. Luego de los alegatos viene la defensa material de los acusados, en los que estos tienen unos minutos para hablar. Probablemente en una sesión hablen todos. Luego viene la sentencia. Los jueces han manifestado que ellos quieren terminar los alegatos en este mes de abril y quieren dictar sentencia en mayo.

¿Qué dicen las señoras?

Con la que hablo es con Magda Surichaqui. Ella es la que más llama y habla. Yo quiero resaltar es el cambio que se ha producido en las señoras en estos 20 años. Ahora son ciudadanas.

¿Usted cree que la sentencia será condenatoria?

Nuestro balance es que tendría que ser condenatoria. Este juicio puede marcar un precedente en el país y en la región.

 

 

 

 

 

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