Después de larga lucha Santa Clara de Uchunya recibió su título de propiedad
El Gobierno Regional de Ucayali, representado por Francisco Pezo, entregó a la comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya un título de propiedad sobre más de 1544 hectáreas. Las tierras forman parte de su territorio ancestral y las han venido reclamando desde hace varios años.
El procedimiento administrativo de ampliación territorial se inició en 2015. Sin embargo, la lucha de la comunidad por recuperar su territorio no ha terminado. Las mayores extensiones han sido parceladas y otorgadas a traficantes de tierras, quienes a su vez las vendieron a una empresa dedicada al cultivo de palma aceitera: Plantaciones de Pucallpa. La plantación hoy pertenece la empresa Ocho Sur P”, sostiene Álvaro Másquez, del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.
La comunidad reivindica como ancestral una extensión más amplia de territorio. Una parte se encuentra en poder de Ocho Sur P., y otra en el bosque de producción permanente de la región, amenazada por el creciente tráfico de tierras y deforestación.
Durante cinco años los interesados en despojar a la comunidad intentaron estropear el trámite por medio de recursos administrativos y judiciales. No lo lograron, y ahora les será más difícil ya que el Consejo Regional de Ucayali decidió derogar la Ordenanza Regional N.º 10-2018-GRU-C. Era una ley inconstitucional que promovía formalizar la invasión de tierras dentro del bosque de producción permanente de Ucayali, cuya extensión supera las tres millones 500 mil hectáreas.
El abogado añade: “El IDL, así como otras organizaciones de la sociedad civil e indígenas, criticamos duramente la medida. En octubre de 2018, el jefe del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Riego, solicitó formalmente que la norma sea derogada por contravenir los límites de la actuación competencial de los gobiernos regionales. El SERFOR les advirtió que el Gobierno interpondría una demanda contra el Gobierno Regional de Ucayali, y ante la presión derogaron la norma”.
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