Dirigentes del Comité de Autodefensa del Cenepa en grave peligro luego de tomar medidas frente a la minería ilegal

Dirigentes del Comité de Autodefensa del Cenepa en grave peligro luego de tomar medidas frente a la minería ilegal

Las autoridades estatales solo han reaccionado después de que se formara el Comité de Autodefensa de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), y que el 22 de este mes detuvieran a Erik Anauca, un minero ilegal que estaba en una draga-barco que fue destruida por los miembros del comité.  El hecho ocurrió  en el distrito del Cenepa, (Condorcanqui – Amazonas), entre las comunidades de Tutino y Pagki, en la playa Tsantsa, en la zona denominada Umar 7,propiedad del Ejército Peruano.

Actualmente la vida de los dirigentes awajún corre peligro, específicamente la de Hortez Baitug y la junta directiva de ODECOFROC. Ellos están siendo amenazados de muerte y están pidiendo que la Fiscalía vaya a la zona y que les pongan protección. Es obligación del Estado hacerlo porque estos dirigentes están oficialmente reconocidos como defensores de derechos humanos en situación de alto riesgo e incluidos por el Ministerio de Justicia en el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”.

La organización indígena ha tomado acciones luego de esperar más de dos años a que el Estado reaccione. Luego de entregar al sujeto a la Policía, se formó una comitiva que viajó a Lima y se ha reunido en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con los funcionarios de área de Gobernanza Territorial, la  ministra de Energía y Minas Alessandra Herrera, la viceministra de Cultura Rocilda Nunta, los viceministros del Interior, de Defensa y de Justicia, así como funcionarios de la Cancillería, e integrantes de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP y de la Defensoría del Pueblo.

Hace dos años se conformó un grupo de trabajo para elaborar un diagnóstico de la minería ilegal en esa área. Por su lado, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio del Interior, que lidera la estrategia nacional de interdicción, que priorice presupuestos y recursos para erradicar las actividades ilegales en la zona alta del Cenepa, que incorpore a la zona mediana y zona baja y a los ríos Cenepa y Santiago. Asimismo, solicitó distintos informes sobre la situación al Gobierno Regional de Amazonas y  al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

El Ministerio del Interior respondió que les faltaba presupuesto, pero que desde el 2019 había implementado la Operación Afrodita en la parte alta de la Cordillera del Cóndor, y que patrullaban la zona junto a las Fuerzas Armadas como parte de la interdicción contra la minería ilegal.

“Según todas las instituciones estatales responsables de contener la minería ilegal en el Cenepa, la falta de presupuesto ha sido el impedimento para no haber actuado con fuerza y de manera sostenida contra la minería ilegal. Hace dos años ODECOFROC hizo un llamado al Ministerio de Economía para que tome cartas en el asunto, pero no fueron escuchados. Ante la absoluta indiferencia del Estado han decidido  actuar y enfrentarse a los mineros ilegales. Al hacer esto, obviamente están poniendo sus vidas en riesgo y es muy posible que estas mafias tomen represalias”, sostiene Rocío Meza, abogada del IDL y asesora de la organización.

Como parte de los acuerdo de las altas autoridades y los dirigentes que han llegado a Lima, se ha conformado otro grupo de trabajo para Condorcanqui, conformado por un representante de la PCM, funcionaros de 13 ministerios – incluidos el del Interior y el de Defensa – directamente vinculados al combate de la minería ilegal -, y los alcaldes de Condorcanqui, del río Santiga y del Cenepa, así como un representante del Consejo Agurauna Huambisa.

La abogada añade: “Este es el segundo intento de solucionar le problema. Es una iniciativa oficial y cuenta con el compromiso de todos los sectores del Estado. Es una mesa multisectorial en la que están ministerios como  Salud y Educación, y en la que se van a elaborar propuestas de desarrollo integral. Esperemos que no se convierta en otro ente burocrático más, y que atienda el problema específico del crecimiento imparable de la minería ilegal. De lo contrario, la situación seguirá igual y los dirigentes indígenas no tendrán el apoyo y la protección que necesitan”.

 

 

 

 

 

 

 

 

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