Discursos y decretos que matan: terruqueo y Estados de Emergencia

George Matienzo Vidal /IDL – Seguridad Ciudadana

Desde que 7 de diciembre, día en que Pedro Castillo trato de dar un golpe de Estado, se desató un gran crisis política y social. Su reemplazo, Dina Boluarte, tomó las riendas del ejecutivo con un discurso que invocaba al diálogo y la calma, sin embargo, tenía planeado quedarse en el sillón presidencial hasta el 2026. Esta noticia contribuyó a que la ciudadanía se alarme y genere una serie de manifestaciones en diferentes lugares del país.

Del llamado a un gobierno para el diálogo se pasó a gobernar con el martillo. Hasta 12 de diciembre ya se contabilizaban seis muertos en Apurímac y uno en Arequipa debido a la desproporción del uso de la fuerza para controlar las protestas sociales. A raíz de estos hechos, Dina Boluarte firmó su primer decreto supremo el 12 de diciembre (D.S. N°139-2022-PCM), Estado de Emergencia en algunas provincias del departamento de Apurímac. Y su segundo decreto (D.S. N° 140-2022-PCM de fecha 12 de diciembre) fue el Estado de Emergencia en varias provincias de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, en el cual se deja se deja entrever la lectura social de las FFAA: las manifestaciones eran dirigidas por el histórico enemigo de la nación peruana de las últimas décadas, Sendero Luminoso.

“Informe Técnico N° 010-2022 CCFFAA/D-3/DCT (S), el Jefe de la División de Operaciones Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, emite opinión desde el punto de vista operacional, señalando que ante el accionar de los miembros de la Organización Terrorista – Sendero Luminoso (OT-SL) y la comisión de otros ilícitos (…) se recomienda declarar el estado de emergencia en las localidades antes referidas”.

Esta posición fue respaldada por el entonces primer ministro, Pedro Angulo Arana, y el ministro de cultura, Jair Pérez Brañes, quienes declararon el 12 de diciembre en diferentes medios de comunicación que existían grupos radicales y beligerantes que azuzaban a la violencia. Inclusive, Angulo, en una entrevista que brindó a RPP Noticias sugirió que algunos funcionarios públicos pudieron estar usando dinero del Estado para pagar a azuzadores que generen violencia en las protestas sociales.

El intento por desprestigiar una protesta legítima, como si esta fuera el coro de un grupo terrorista y vandálico, no tuvo mayor repercusión. El discurso del miedo y el terruqueo que se propagó a través de algunos medios de comunicación –ahora aliados del gobierno–, si bien sirvió para dividir a algunos sectores de la sociedad, no tuvo mayor efecto en desalentar a los ciudadanos de provincia a salir a protestar. Además, la población cada vez más se informa de noticas a través de medios independientes o publicaciones en redes sociales como Twitter, Tiktok o Facebook, que muestran versiones alternativas de los hechos, como algunos videos donde se puede apreciar la agresividad y desproporción del uso de la fuerza por parte de militares y policías.

No obstante, la presidenta Dina Boluarte presumía inocencia y no era crítica con la actuación de la policía ni las FFA. Sin embargo, intentaba quitarse la responsabilidad de la muerte de ciudadanos peruanos:

“Yo había dado las indicaciones a la policía de no usar ninguna arma letal, ni si quiera perdigones de goma. Ya he dado las instrucciones necesarias al ministro del interior para individualizar a las personas que hayan hecho uso de esas armas, que están dañando a nuestras hermanas y nuestros hermanos (…) no entiendo por qué mis hermanos apurimeños se levantan en contra de su paisana Dina Boluarte, cuando yo no he hecho absolutamente nada para que esta situación exista o se dé”.

Sin embargo, el mismo día el Gral. PNP Víctor Zanabria sentenció que se elevará el nivel de violencia contra manifestantes: “Hoy día vamos a utilizar perdigones de goma porque ya los actos de violencia hacia el personal policial elevan el nivel de riesgo, están causando lesiones graves” .

Toda esta situación de convulsión y enfrentamiento en las calles no hubiera sido posible si se hubiese respetado los procedimientos del uso de la fuerza por parte de la policía (D.L. 1186) y las FFAA (D.L. 1095). Si se hubiese respetado el derecho de protesta y se hubiese individualizado acciones delictivas. Cabe preguntarse si la PNP y las FFAA están preparadas para respetar los Derechos Humanos y constitucionales de aquellas personas que ejercen su derecho a protestar a pesar de los Estados de Emergencia. ¿Acaso los asesinatos en las marchas del 2020 contra Manuel Merino no dejaron ningún aprendizaje? Se sabe –casi como axioma– que los Estados de Emergencia decretados para garantizar el “orden interno” trae violencia y muerte, y solo desprestigia más a las autoridades civiles y militares.

Hasta la fecha, Dina Boluarte ha firmado ocho decretos supremos para declarar Estado de Emergencia en diferentes puntos del país y a nivel nacional y dos decretos de inmovilización social obligatorio en ocho regiones del país. El uso de estos mecanismos legales –que “suspende” algunos derechos individuales y colectivos– parecen ser más un instrumento para controlar social y políticamente a quienes se oponen al régimen y a quienes detentan el poder.

Terruqueo y Estado de Emergencia, dos ingredientes para sazonar aún más la crisis que vivimos. So pretexto del terruqueo culpas –y con esto buscas deslegitimar– a los protestantes de los actos de violencia y les proporciones –mediante el uso político de la ley: Estado de Emergencia– una fuerte dosis de violencia para intentar “restablecer el orden”. Esta receta política no ha tenido buenos resultados hasta ahora. Según informes de la Defensoría del Pueblo , hasta el 27 de diciembre se registró entre los civiles a 28 muertos y 387 civiles heridos (353 altas y 34 hospitalizados) y entre los efectivos policiales a 290 heridos producto de la crisis política y las protestas sociales. El 2023 no es nada prometedor, a pesar de que se aprobó el adelanto de elecciones para abril del 2024, el descontento social es evidente porque se demandaba el adelanto de elecciones para el 2023, así que las protestas continuarán y lamentablemente esto puede traer un inicio de año aún más violento y mortal.