El 13 de marzo es la primera audiencia del nuevo juicio oral por el caso de las violaciones sexuales en Manta y Vilca

La audiencia se llevará a cabo en la Sala Penal Nacional, y así se dará inicio a un nuevo juicio oral en el que están acusados 14 miembros del Ejército peruano por las violaciones sexuales perpetradas durante los años de 1984 a 1995, en contra de nueve pobladoras de la localidad de Manta y Vilca, distritos del departamento de Huancavelica, una de las regiones más pobres y olvidadas de nuestro país.

Según el abogado del IDL, Juan José Quispe,  este proceso es considerado como un juicio sin precedentes en la historia de la justicia penal en nuestro país. Por primera vez se sienta en el banquillo de los acusados a 14 militares del Ejército peruano y se los lleva a juicio oral por haber cometido el delito de violación sexual (que configura el delito de lesa humanidad) en agravio de nueve comuneras de Manta y Vilca, casi todas menores de edad en la época, quechuahablantes y muy pobres. Estos hechos fueron perpetrados en el marco del conflicto armado interno que vivió el país desde el año 1980 hasta el 2000.

La fiscalía considera que, en este caso, la violación sexual en agravio de las mujeres es un crimen de lesa humanidad. Las características del caso determinan la existencia de eventos criminales sistemáticos y generalizados. Además, sostiene que los autores del crimen deben ser sancionados de manera proporcional al daño causado. En esa medida solicita se imponga a los acusados las siguientes penas:

Veinte años de prisión para los autores directos: 1) Pedro Chanel Pérez López, 06 años de prisión; Contra 2) Martín Sierra Gabriel, 08 años de prisión; Contra 3) Rufino Donato Rivera Quispe, 4) Vicente Yance Collahuacho, 5) Epifanio Delfín Quiñones Loyola, 6) Amador Gutiérrez Lizarbe, 7) Julio Julián Meza García, 8) Gabriel Edwin carrasco Vásquez, 9) Dionisio Félix Álvarez Pérez, 10) Diómedes Gutiérrez Herrera y 11) Lorenzo Inga Romero, 18 años de prisión; contra 12) Sabino Rodrigo Valentín Rutti.

Dieciocho años de prisión para los autores mediatos: 13) Roger Ángel Pinto Rojas y 14) Arturo Hernán Simarra García, 18 años de prisión.

Y por concepto de reparación civil, la fiscalía solicita se les pague cien mil soles a cada una de las agraviadas.

Por otro lado, el IDL va a solicitar que este nuevo juicio sea público. “Si bien las normas procesales establecen que el tribunal puede decidir que el juicio oral por los delitos de violación sexual sea total o parcialmente privado, lo cierto es que las propias agraviadas quieren que sea público, evidentemente resguardando sus identidades que de modo alguno deben ser reveladas. Ellas quieren que la colectividad conozca quiénes fueron sus agresores y cómo las sometieron abusando de su poder militar”, sostiene Juan José Quispe.