El Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL rechaza fallo que anula condena a presuntos asesinos del caso Saweto

Con relación a la sentencia dictada por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali en el caso del asesinato de Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, dirigentes ashéninkas y autoridades de la comunidad de Alto Tamaya – Saweto, señalamos lo siguiente:

1. Rechazamos la decisión del Poder Judicial en la medida que prolonga la angustia y frustración de las y los familiares de las víctimas, así como de los miembros del pueblo ashéninka y el conjunto del movimiento indígena amazónico, y retrasa la acción de la justicia en un caso emblemático. Que hayan transcurrido nueve años sin una sentencia firme, desde el asesinato de cuatro defensores indígenas de derechos humanos hasta hoy, es sinónimo de impunidad y una afrenta al Estado constitucional.
2. Lamentamos que la Sala Penal de Apelaciones haya rechazado el uso de prueba indiciaria en su resolución del caso. Como se acreditó plenamente en la sentencia de primera instancia, está probada la responsabilidad de los acusados y el móvil de fondo del delito: el lucro que generan la tala ilegal y el narcotráfico en la zona fronteriza con Brasil. Consideramos que, en las circunstancias en que se cometió el asesinato en lo más profundo de las selvas de Ucayali, el sistema de justicia debe adaptarse a las particularidades y complejidades que reviste este caso.
3. Advertimos al Ministerio Público sobre las irregularidades ocurridas durante la investigación a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali. Como ha reportado también la prensa especializada, el mal manejo de la investigación con relación a los testigos protegidos ha debilitado la estrategia legal del caso.
4. Alertamos a la comunidad nacional e internacional, una vez más, de la urgencia de sentenciar el caso en el plazo más breve posible con una condena contra los presuntos responsables. El asesinato de las personas defensoras de derechos humanos es uno de los problemas más graves que ocurren en el Perú de nuestros días y son escasas las acciones que se vienen implementando para reparar a las víctimas y sus familiares. Como señaló el apu Jamer López Agustín, presidente de ORAU, en una reciente conferencia de prensa: es hora de que el Ejecutivo adopte medidas de reparación colectivas para las comunidades y pueblos indígenas víctimas de la violencia.
5. Resaltamos la importancia de adoptar medidas preventivas para los defensores indígenas de derechos humanos que hoy en día vienen luchando contra las economías ilegales desde sus territorios: los Shipibo Konibo y Kakataibo en Ucayali, los Asháninkas y Ashéninkas en la selva central, los Kichwa en San Martín, los Awajún y Wampis en Amazonas y Loreto, y muchos pueblos de toda la Amazonía. Por ellos demandamos el fortalecimiento del Mecanismo Intersectorial para la protección a personas defensoras de derechos humanos, así como la creación de otras herramientas administrativas o jurisdiccionales en paralelo desde otros poderes del Estado que sirvan a esta finalidad. Este es un llamado a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Interior, Cultura, Ambiente y Agricultura y Riego, entre otros, ha invertir y potenciar su trabajo por la paz y el desarrollo sostenible en la Amazonía peruana.
6. Por último, debemos señalar que este es un caso representativo de lo que le ocurre actualmente a cientos de líderes indígenas, cuyos territorios vienen siendo invadidos por grupos ilegales ante el repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, y ante la falta de protección de estos líderes sociales.

Foto: LA REPÚBLICA