El caso de Inti y Bryan: El Ministerio Público ha formalizado la acusación contra 11 oficiales de la PNP

Las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado ocurrieron en la noche del 14 de noviembre del 2020, durante las protestas realizadas en el centro de Lima por la vacancia de Martín Vizcarra y el nombramiento de Manuel Merino como presidente. Esa noche hubo un enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía. A partir de las 19:00 horas, la PNP intentó dispersar a los manifestantes que buscaban llegar al Congreso y utilizó bombas lacrimógenas y perdigones para lograrlo. En esas circuntancias se produjeron las muertes de Inti y Bryan, y un saldo de 12 heridos. La consecuencia política fue la renuncia del gabinete y del propio Manuel Merino.

Al día siguiente el Ministerio Público abrió una investigación a cargo de fiscal Yony Soto, y luego en el año 2022 la asume la fiscal especializada en derechos humanos Joicy Agurto, quien culmino y formalizó la investigación preliminar.

Carlos Rivera, el abogado del IDL a cargo de la defensa de los dos jóvenes, manifiesta que la investigación tuvo una serie de problemas desde el inicio: “El aspecto técnico fue lo que más la demoró. La Policía no colaboró y su discurso público fue que ellos no habían utilizado perdigones de plomo. Felizmente, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal desarrollaron pericias balísticas, pero también otras en los cuerpos de los dos muertos y de los lesionados, así como en los proyectiles encontrados y extraídos de esos cuerpos. Por lo tanto, desde el inicio hubo evidencia de que se utilizaron armas y munciones no permitidas. Además, Naciones Unidas dio un soporte muy importante para validar la actuación pericial del Ministerio Público”.

Al principio solo se tenían los nombres de los jefes policiales Jorge Lam y Jorge Luis Cayas. Luego, cuando la investigación avanzó, se involucró a los 10 oficiales que habían sido los encargados de las escuadras que tenían que frenar las manifestaciones en los cruces de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola y de la avenida Lampa con Nicolás de Piérola.

“Luego se perdieron ocho meses porque surgió otro problema: la Corte Penal Nacional decidió que el caso no tenía el estándar para ser de trascendencia nacional, y se suspendió el plazo de la investigación. El Ministerio Público presentó una casación y la Corte Suprema dijo que sí era un caso de trascendencia. Cómo no iba a serlo si había caído un Presidente y todo su gabinete, en medio de una crisis política sin precedentes. Fue la Corte Suprema la que determinó que el caso cumplía con los estándares establecidos”, agrega Carlos Rivera.

Luego del impase se retomó la investigación y se acreditó que los crímenes se cometieron con un tipo de armamento, se determinó a qué distancia se disparó contra Inti Sotelo y Bryan Pintado, y que hubo 12 personas heridas con perdigones de plomo. Se presentaron videos y testimonios. A inicios de 2024, el Ministerio Público concluyó la investigación preparatoria y pasó a la elaboración final de la acusación que acaba de ser aceptada en el Poder Judicial.

¿Qué novedades tiene la acusación? El abogado explica: “Es un documento que tiene casi 2500 páginas. Para ocho de los 11 acusados está solicitando 35 años, aplicando la sumatoria de penas por asesinato, lesiones graves, abuso de autoridad. En el caso de Jorge Lam, que era el comandante general de la Policía, hasta el momento de la acusación lo responsabilizaban de los homicidios bajo la teoría de comisión por omisión, es decir, por haber dejado de hacer algo. Esto ha cambiado: ahora el Ministerio Público le imputa la autoría mediata. Esto es importante que va a servir mucho para cuadrar las imputaciones sobre los jefes, pero también puede tener un impacto en las investigaciones de las protestas de 2022 y 2023”.

Con esta notificación de la acusación se inicia la etapa intermedia del proceso penal que consiste en la realización del control de acusación, cuya audiencia será el 12 de agosto. El juez Alcócer, de la Corte Penal Nacional, es el que ha convocado a la audiencia. La Fiscalía, la defensa y las partes agraviadas debatirán sobre la validez formal de la acusación.

“Esperamos que el resultado sea que el juez apruebe la acusación y emita una resolución en la que dictamina que se pasará a juicio. Calculo que el 2026 empezará el jucio oral”, afirma Carlos Rivera.