El Congreso y los intereses que rodean la elección del nuevo TC

La puesta en marcha de la elección de los nuevos magistrados del TC se da en medio de asuntos vitales para algunos partidos políticos, entre reformas constitucionales, investigaciones al Gobierno y casos emblemáticos de corrupción. ¿De qué manera podrían influir estos intereses en la selección de candidatos idóneos?

Por Miguel Loayza

En los días que transcurren, la Comisión Especial del Congreso ha acelerado el proceso para elegir a las nuevas y nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Especialistas coinciden en que el tiempo destinado a recibir observaciones al reglamento, así como la renuencia inicial de consultar con otras instituciones, no favorecen a la transparencia e idoneidad del proceso.

“Este apresuramiento no denota una voluntad de recibir los mejores recursos para hacer una elección lo mejor posible, para convocar a los más capaces y honestos”, señaló para Justicia Viva el ex procurador anticorrupción Iván Montoya.

Mañana, la Comisión Especial dará cuenta de los aportes enviados por instituciones estatales y ciudadanía -entre el 24 y 28 de septiembre- antes de publicar la versión final del reglamento del concurso.

Son muchas las razones por las que más de una bancada en el Congreso podría querer un TC a la medida. Más allá del revés que ha significado la revisión por parte del Tribunal de algunas de sus leyes, las fuerzas políticas del Parlamento tienen por delante batallas de mayor envergadura, entre reformas constitucionales claves, investigaciones al Jefe de Estado que podrían derivar en nuevos intentos de vacancia y casos de corrupción que involucran a determinados partidos. En todos estos temas, el máximo intérprete de la Constitución podría jugar un rol fundamental.

Reformas a la vista

La actual composición congresal ha mostrado una marcada proactividad por reformar la Constitución. Algunas de las propuestas que serán discutidas en los próximos meses apuntan a temas fundamentales, como la inmunidad parlamentaria y la bicameralidad. Sobre lo primero, el 5 de julio el Pleno del Congreso votó un cuestionado dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, que eliminaba la inmunidad de altos funcionarios -entre ellos, el Presidente de la República y los miembros del TC-. El dictamen aún está pendiente de ser aprobado en segunda votación.

Sobre el tema de la bicameralidad los primeros pasos ya han sido dados. El 3 y 4 de septiembre -a pocos días de que se publicaran los audios que desencadenaron el proceso de vacancia contra Martín Vizcarra- las dos bancadas más numerosas, Alianza Para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), ingresaron por mesa de partes del Congreso dos proyectos de ley para que el Parlamento vuelva a funcionar con dos cámaras. Las propuestas, que ya fueron derivadas a la Comisión de Constitución, incluyen aspectos que podrían generar más de una observación.

En el caso del proyecto presentado por APP -que cuenta con la firma de Tania Rodas, secretaria de la Comisión Especial-, se contempla la instalación de una cámara de senadores y otra de diputados, lo que elevaría el número de parlamentarios a 180 (50 en el caso de los primeros, y 130 en el de los segundos). De acuerdo a esta propuesta, el presidente de la República no podría disolver la Cámara de Senadores, y los candidatos a la presidencia podrían postular también a un lugar en el Senado.

Por su parte, la propuesta de Acción Popular -firmada también por Rolando Ruiz, presidente de la Comisión Especial- coincide con la de APP en que el presidente estaría imposibilitado de disolver el Senado, pero incluye además un punto que podría levantar polémica, pues debilitaría la figura presidencial.

El proyecto propone modificar el Artículo 113 de la Constitución, en lo referido a la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral o física. De acuerdo al documento, para la vacancia se necesitaría apenas más de la mitad del total de votos en ambas cámaras (actualmente, para declarar la vacancia por esta causal se necesita dos tercios del total de congresistas).

“Son temas delicados, existen límites a la capacidad de reformar la Constitución. El Estado peruano se basa en un sistema de contrapeso de poderes, y debe haber cuidado con debilitar a un poder en beneficio de otro. Bajar la valla para la vacancia o quitar la inmunidad presidencial son temas que deben ser sometidos a un amplio debate público”, apunta Juan Carlos Ruiz, constitucionalista, exasesor parlamentario y coordinador del área de Litigio Constitucional del IDL.

Estas reformas constitucionales, así como otros proyectos en camino que incluyan aspectos discutibles, podrían ser sometidas a una revisión de constitucionalidad ante el TC.

“Muchas de las decisiones que ha tomado el Parlamento han terminado en el TC, y como han sido muy malas decisiones el TC le ha terminado enmendando la plana. Es claro que el actual Tribunal no ha sido muy condescendiente con el actual Parlamento, pero creo que con razones objetivas”, señaló el constitucionalista Pedro Grandez para esta nota.

Gobierno en la mira

Luego de la frustrada vacancia del presidente Martín Vizcarra, la búsqueda de evidencias de corrupción en el Gobierno continúa. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control del Congreso, Edgar Alarcón, ya anunció que solicitará al Pleno 30 días de plazo adicional para “afinar detalles” en su investigación del caso “Richard Swing”. Si los pedidos de remoción contra Alarcón prosperan -debido a los múltiples cuestionamientos que sobre él pesan-, las investigaciones contra el entorno de Vizcarra quedarían a cargo de una comisión multipartidaria.

Por lo pronto, según informó Hildebrandt en sus Trece, la Comisión presidida por Alarcón cuenta con un informe preliminar que concluye que el Presidente, y otros altos funcionarios de Palacio, habrían favorecido a familiares y amigos con contratos y puestos de trabajo.

Las fuerzas políticas que fracasaron con la vacancia están a la expectativa, también, de los avances de la investigación de la Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción, a cargo de la fiscal Janny Sánchez Porturas. Un trabajo que, por lo demás, sigue avanzando a paso firme.

Sea o no que el Congreso lleve a cabo una investigación seria y acorde a derecho, un golpe mediático bien coordinado podría reactivar los esfuerzos por remover a Vizcarra del Gobierno. Uno de los principales obstáculos para esas pretensiones, sin embargo, sería el pronunciamiento del TC sobre la cuestionada modalidad de vacancia por incapacidad moral permanente.

Como se sabe, el 14 de septiembre, días antes de que el Congreso debatiera la vacancia de Vizcarra por los audios que lo involucran, el Ejecutivo presentó ante el TC una demanda competencial para que se determine cómo debe aplicarse la vacancia por incapacidad moral, y se prevenga así futuras arbitrariedades de las fuerzas del Parlamento.

La presidenta del TC, Marienalla Ledesma, ha estimado que el pronunciamiento sobre la demanda estaría lista en un plazo de aproximadamente dos meses. El resultado, según los especialistas, podría frenar nuevos intentos de vacancia “express”.

“Si bien por el momento se ha desinflado, nada asegura que en unos meses no rebrote la pretensión de vacar al presidente, pero para entonces puede haber salido ya una resolución del TC que limite esa posibilidad. Creo que un grupo importante de congresistas siente que este TC les es adverso, y apresuran el paso para tener un Tribunal con alguna proclividad a sus pretensiones. Sienten que este Tribunal no les es favorable y hay un apuro para cambiarlo”, apunta Iván Montoya.

Casos emblemáticos y otros conflictos de interés

En la elección del nuevo TC participarán integrantes de bancadas involucradas, en mayor o menor medida, en investigaciones emblemáticas de presunta corrupción. De hecho, entre los congresistas actuales, uno de los más vinculados con personajes investigados por el caso Cuellos Blancos ostenta, nada menos, que la vicepresidencia de la Comisión Especial que elegirá a los nuevos magistrados.

José Vega Antonio, secretario general y fundador de Unión Por el Perú (UPP) -quien fue además uno de los principales promotores de la vacancia-, ha sido protagonista de conversaciones telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado por la Fiscalía como el cabecilla de los Cuellos Blancos del Puerto.

En agosto del 2018, el portal Manifiesto hizo pública una llamada de Vega a Hinostroza, realizada el 10 de abril de ese año. En la conversación, el líder de UPP le comenta a Hinostroza que se encontraba cerca al Palacio de Justicia, y le pide su ubicación exacta para tener un encuentro. La conversación abunda en términos fraternos.

El 29 de mayo del mismo año, Hinostroza se comunica con el fiscal supremo Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para pedirle que reciba a “un amigo”. Arce, sin embargo, le pide que lo espere hasta el viernes. La conversación se dio a las 9:43 a.m.

El mismo día, alrededor de las 5 p.m., Hinostroza insiste. Le pide a Arce que reciba al mismo amigo al día siguiente, pues se trataba de un asunto “de vida o muerte”. 

¿Quién era el amigo al que se refería Hinostroza? Nada menos que Víctor Soto, personero y representante legal de UPP, el partido de uno de los congresistas que hoy dirige la elección del nuevo TC. Por aquellos días, UPP afrontaba una denuncia ante Indecopi y el JNE por parte de la agrupación Lima Va, que aseguraba que el partido de Vega se había apropiado de su símbolo y colores distintivos.

Por ese caso, UPP recibió dos fallos adversos de Indecopi (12 de julio y 12 de diciembre), pero la suerte le sonrió en el JNE. El 9 de agosto de ese año, Arce firmó una resolución en mayoría que le dio la razón al partido.

Consultado sobre las coordinaciones de Hinostroza a favor de su agrupación, Vega se limitó a responder que la reunión entre Soto y Arce nunca se llevó a cabo. 

Pero esos no serían los únicos indicios de su relación con personajes de alto vuelo.

El mismo día de las conversaciones entre Hinostroza y Arce -29 de mayo-, según información del Ministerio Público, un almuerzo se llevó a cabo en la casa del empresario Antonio Camayo, conocido personaje en la trama de los “Cuellos Blancos”. A la reunión asistieron, según la Fiscalía, Hinostroza, el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, el empresario Higinio Capuñay, y Vega Antonio.

De acuerdo al Ministerio Público, aquella habría sido la famosa reunión con medios de comunicación organizada por Hinostroza para favorecer la elección de Chávarry como fiscal de la Nación. Posteriormente, en una declaración ante la Fiscalía, Capuñay confirmó que asistió al almuerzo invitado por Vega Antonio, quien le presentó a Camayo.

Los Luna y Podemos

Otro partido que ha sido vinculado a la trama de los Cuellos Blancos es Podemos, de José Luna Gálvez. De acuerdo a Miguel Torres Reyna, exasesor del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y aún aspirante a colaborador eficaz en el caso Cuellos Blancos, la inscripción de Podemos en la ONPE se dio gracias a la labor de José Luis Cavassa Roncalla, presunto operador de la mafia judicial.

Según reveló el testigo a la Fiscalía, para la inscripción de Podemos fue vital la elección de Adolfo Castillo Meza como nuevo jefe de la ONPE por parte del CNM, en febrero del 2017. Por aquel presunto favorecimiento, Castillo Meza fue suspendido del cargo; en mayo de este año la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó su renuncia.

La presunta influencia de Luna en el CNM fue reafirmada por otro colaborador eficaz, quien señaló que el fundador de Podemos auspició las campañas de los exconsejeros Guido Aguila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera.

Meses antes de tales testimonios, ya había sido revelado las elevadas sumas de dinero que pagó Luna, a través de la Universidad Telesup, a Aguila y Noguera cuando aún eran consejeros.

Luna es también investigado por los aportes ilícitos de Odebrecht y OAS a Solidaridad Nacional, partido del exalcalde Luis Castañeda Lossio.

Hoy, su hijo, José Luna Morales, es uno de los nueve congresistas que dirige el proceso de selección para el nuevo TC. Su bancada cuenta con 13 votos en el Pleno del Congreso.

Luna Morales era gerente general de Telesup cuando se dieron los escandalosos pagos a los exconsejeros del CNM. En enero, un informe de Ojo Público lo identificó como uno de los candidatos con mayores ingresos declarados. De acuerdo a la hoja de vida del hoy congresista, la fuente de su fortuna era el negocio de la educación.

Luna Morales declaró poseer acciones en la Universidad Telesup, en la Escuela Internacional de Posgrado SAC y en la Universidad Ciencias de la Salud SAC.

El año pasado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) negó el licenciamiento a los tres centros educativos vinculados al congresista de Podemos.

Luna hijo ha sido cuestionado, además, por contratar como asesores en el Congreso a personas vinculadas a Telesup; además, sus empresas deben más de S/. 400 mil al Estado, según informe de Cuarto Poder.

Desde su campaña y a lo largo de su período congresal, Luna Morales ha hecho capital político enarbolando como bandera la devolución de los aportes de las AFP y la ONP. Desde el mismo Congreso han anunciado que las propuestas sobre los aportes podrían terminar siendo visto por el TC.

“Nada le es ajeno al TC, y ese es un tema en que algunos congresistas han reparado”, indica Iván Montoya. “Hay grupos minoritarios que tienen problemas de distinta índole, o pretensiones vinculadas a negocios educativos, que han sido afectadas por instituciones que hacen control. Otros grupos políticos tienen intereses que saben que, como último recurso, podrían ser protegidos en el TC. En el caso de congresistas con vinculaciones directas o indirectas en casos como Cuellos Blancos o Lavajato, la elección de uno o dos miembros que sean proclives a sus intereses asegurarían un cierto grado de protección”.

De la misma opinión es la constitucionalista Erika García Cobián: “El TC tendrá también un rol importante en la lucha anticorrupción, a través de la resolución de amparos o habeas corpus que puedan ser presentados en el marco de investigaciones emblemáticas. Es importante que esos procesos sean resueltos por un Tribunal imparcial e idóneo”.

Bancada	Número de votos en el Pleno
Acción Popular	25
Alianza Para el Progreso	22
FREPAP	15
Fuerza Popular	15
Unión Por el Perú	13
Podemos Perú	11
Somos Perú	11
Partido Morado	9
Frente Amplio	9