El derecho a la reserva de las fuentes de los periodistas tiene protección constitucional y convencional.

El derecho a la reserva de las fuentes de los periodistas tiene protección constitucional y convencional.

Esta cobertura está en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y el artículo 2.18 de la Constitución.

Este derecho ha sido reconocido en diferentes pronunciamientos de la CIDH, y en la jurisprudencia de cortes constitucionales destacadas. Así, tenemos el artículo 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el que se reconoce que «[t]odo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales».

Al comentar esta norma, el Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (2000) precisó:

“Este principio establece el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información, así como también el producto de sus investigaciones a entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales. Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación.”

Vale destacar que dicho derecho no se constituye como deber, ya que el comunicador social no está obligado a guardar el secreto de sus fuentes de información, sino por razones de profesionalismo y de ética profesional.

La prestigiosa Corte Constitucional de Colombia sostiene:

“La reserva de las fuentes es una parte central de la libertad de información, y un derecho fundamental de quienes ejercen la profesión periodística, cuya libertad e independencia el Estado debe, de acuerdo con la Constitución Política, proteger  especialmente […] La Corte Constitucional ha entendido este derecho como aquel que permite que un periodista guarde la reserva, secreto o sigilo sobre: i) la existencia de una determinada información, ii) su contenido, iii) el origen o la fuente de la misma y iv) la manera como obtuvo dicha información. La ha considerado, así, como una garantía fundamental y necesaria para proteger la independencia del periodista, y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información, sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de datos relevantes para el público”. (Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. T-594 del año 2017, fundamentos 33 y 35)

Por último, es importante reiterar que este derecho es una manifestación del derecho al secreto profesional. Así lo reconoce la Constitución en su artículo 2.18. De tal forma, como algunos otros profesionales (abogados, médicos, sacerdotes, entre otros), los periodistas tienen la obligación de guardar reserva de aquellas actuaciones que conozcan en el ejercicio de sus labores. Dada su naturaleza, este derecho opera como una garantía. Así lo ha reconocido el TC en el caso Chávarry Carahuatay:

El derecho a “guardar el secreto profesional” supone una obligación para el profesional (abogado, notario, médico, periodista, etc.) de mantener en reserva o confidencialidad las

confesiones, hechos, situaciones o cualquier noticia de la que haya tomado conocimiento, o que se le haya confiado de modo directo en su condición de profesional o técnico en determinada arte o ciencia”. (Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. N° 07811-2005-AA/TC, fundamento 5)

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