El Estado aún no termina de cumplir orden judicial dictada hace 6 años en favor de pueblos indígenas en aislamiento
Martes, 4 de marzo de 2025. Hace unas semanas se cumplieron seis años desde que el Poder Judicial ordenó la creación de cinco reservas indígenas (territorios intangibles delimitados por el Estado) para proteger a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) en Loreto, pero el Estado sigue sin cumplir plenamente su mandato. Pese al fallo judicial, el Ministerio de Cultura ha postergado la creación de dos de las cinco reservas: Napo-Tigre y Yavarí Mirim. Una situación que expone a estos pueblos altamente vulnerables a amenazas constantes dentro de sus territorios.
En enero de 2019, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima ordenó al Ministerio de Cultura tomar medidas urgentes para garantizar la protección de los PIACI. La sentencia, que quedó firme en 2023 al ser consentida, exigía la presentación de los Estudios Previos de Reconocimiento (EPR) y la emisión de decretos supremos para formalizar las reservas indígenas. Sin embargo, seis años después, solo se han establecido tres de las cinco reservas ordenadas: Yavarí-Tapiche, Sierra del Divisor Occidental y Kakataibo.
¿Por qué no se han creado aún las reservas Napo-Tigre y Yavarí Mirim? ¿Quién se beneficia de este retraso? ¿Cuánto tiempo más se permitirá que estas reservas no sean reconocidas y, con ello, que estos pueblos continúen desprotegidos? La falta de voluntad política y la presión de algunos sectores negacionistas agravan este prolongado retraso.
A inicios de febrero, se conoció que el Ministerio de Cultura suspendió las sesiones de la comisión encargada de categorizar y reconocer oficialmente la Reserva Indígena Yavarí Mirim, un territorio solicitado hace 20 años por las organizaciones indígenas ORPIO y AIDESEP para proteger a los pueblos en aislamiento Matsés, Isconahua y Marubo.
Con la paralización de dicha Comisión Multisectorial, el Ministerio de Cultura incumple su deber y deja sin protección a pueblos que dependen de este territorio para su pervivencia.
A esto se suman campañas de desinformación promovidas por congresistas, funcionarios públicos y grupos con intereses económicos que buscan desconocer la existencia de estos pueblos y obstaculizar la creación de reservas a su favor. Un caso emblemático es el del congresista fujimorista Jorge Morante, quien impulsó el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, conocido como “Proyecto de Ley de Genocidio de los PIACI”, y que luego fue archivado.
Recientemente, Morante solicitó al Ministerio de Defensa votar en contra de los derechos fundamentales de los PIACI, argumentando erróneamente que las reservas indígenas afectan a los demás pobladores amazónicos y que no hay evidencia de existencia de pueblos en aislamiento en la región Loreto. Sin embargo, estudios antropológicos y legales han demostrado que estos territorios no se superponen con comunidades nativas ni centros poblados, y su creación es fundamental para la supervivencia de los pueblos en aislamiento.
Por si eso fuera poco, en un evento de la Defensoría del Pueblo realizado en noviembre de 2024, en la ciudad de Pucallpa, el magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutierrez Ticse afirmó que, durante su visita a algunas localidades del río Napo, en Loreto, le dijeron que nunca habían visto indígenas aislados.
No obstante, de acuerdo con información sistematizada entre 2022 y 2023 por la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (DACI) del Ministerio de Cultura, Loreto es la región donde más evidencias se ha encontrado de la presencia de PIACI: 204 en total, según una investigación del portal periodístico Ojo Público.
A inicios de febrero de 2025, se conoció que el Ministerio de Cultura suspendió las sesiones de la comisión encargada de reconocer oficialmente la reserva indígena Yavarí Mirim.
En este contexto hostil para los pueblos indígenas, y con el incumplimiento de esta sentencia, se da un escenario de desprotección que permite que actividades extractivas, como la tala ilegal y la explotación petrolera, continúen avanzando sobre los territorios de estos pueblos, poniendo en riesgo su existencia misma.
“En el Perú, no solo hay un problema de implementación de sentencias, sino también de desacato de las mismas. No es posible que el Mincul, hasta el día de hoy, no cumpla con la sentencia emitida por el cuarto juzgado constitucional de Lima, ratificada por la primera sala constitucional, que le ordena cumplir con los plazos para el establecimiento de las reservas, e implementar medidas de protección para los PIACI. Las sentencias se cumplen al día siguiente de su notificación, y al parecer muy poco le importa al Mincul este mandato”, señala Maritza Quispe, abogada del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.
“La organización Aidesep presentó un escrito ante el Cuarto Juzgado Constitucional solicitando una audiencia de ejecución de sentencia. Ahora, esperemos que la jueza convoque para que Mincul dé cuenta del cumplimiento”, agrega.
Así, el incumplimiento de la sentencia judicial vulnera los derechos de los PIACI y evidencia un preocupante desprecio por el Estado de derecho en el Perú. Organizaciones indígenas exigen explicaciones y acciones concretas por parte del Ministerio de Cultura.
Las instituciones del Estado peruano tienen una responsabilidad ineludible: cumplir con la creación de estas reservas y garantizar la protección de los PIACI antes de que sea demasiado tarde. La historia juzgará la negligencia de aquellos que debieron actuar y no lo hicieron.
Finalmente, desde el Instituto de Defensa Legal (IDL) recordamos que el artículo 139 de la Constitución determina claramente que ninguna autoridad puede retrasar la ejecución de una sentencia judicial, de acuerdo a los principios del sistema de administración de justicia. En este caso, la creación de las reservas Napo-Tigre y Yavarí Mirim es una obligación constitucional del Estado con pueblos indígenas altamente vulnerables. Reconocerlos es el primer paso para su protección.