El eterno retorno de los operativos policiales fallidos

Durante una intervención policial desarrollada el pasado domingo 8 de noviembre en la Urbanización Aeropuerto en el Callao, se desató un violento enfrentamiento entre oficiales de la Policía y un grupo de personas que llevaban a cabo un campeonato de futbol —actividad prohibida en el marco de las disposiciones establecidas por el Gobierno debido a la crisis sanitaria—. La acción termino trágicamente con la vida de un ciudadano y dejó a varios heridos, entre ellos dos efectivos policiales.

A tan solo dos meses de los lamentables hechos suscitados en la discoteca Thomas Resto-Bar de Los Olivos, un nuevo evento se produce donde confluyen una serie de factores completamente prevenibles: el desacato de las restricciones implementadas por el Gobierno por parte de un grupo de ciudadanos, la falta de directrices claras al momento de la ejecución de los operativos policiales, y la incapacidad del Estado por ofrecer espacios públicos de calidad y actividades alternativas a la ciudadanía en el marco del estado de emergencia.

Las imágenes que han ido circulando en el transcurso de las últimas horas por redes sociales y diversos noticieros muestran varios momentos del operativo policial y del subsecuente enfrentamiento. Asimismo, nos dejan varios puntos por esclarecer que brevemente mencionaremos.

En primer lugar, si bien es indispensable que se realice una reflexión y debate público serio sobre los procedimientos desarrollados en este tipo de operativos, también debemos cuestionar la forma mediática en cómo se cubren estos sucesos. Sumado a la opinión pública que normalmente se genera para juzgar a los infractores y a quienes resultan víctimas de estos lamentables hechos.

En el caso del Callao, se ha podido observar que nuevamente nos encontramos ante una intervención policial que no ha previsto correctamente la proporcionalidad del peligro de las personas a intervenir con respecto al número de efectivos presentes. Es incomprensible que se intervenga un espacio de infracción a sabiendas de que no se cuenta con el personal ni los recursos adecuados, a menos que se esperen desenlaces imprevistos. Esto ya lo hemos visto en el caso de la tragedia de Los Olivos. Quienes organizan estos operativos debieron aprender la lección hace mucho.

Por otro lado, es totalmente repudiable la actitud de un grupo de personas en el parque Aeropuerto que agredieron a la autoridad policial con violencia. Por supuesto, en casos límites como estos la intervención debe aplicar los procedimientos de reducción y detención de los agresores, y para ello sirve una correcta planificación de la operación. Sin embargo, la trágica pérdida del ciudadano Raymundo Choque Cersa, quien en ningún momento de los registros audiovisuales se vio que había intentado agredir a los policías, demuestra que aquí varias cosas salieron mal. Este es un hecho que también debe investigarse. El uso de las armas de fuego por la policía tiene como condición protegerlos del peligro o disuadir el peligro, no provocar la muerte de ciudadanos.

Y, en tercer lugar, debemos siempre cuestionar el hecho de que se convierta en costumbre criminalizar a las víctimas o a los infractores para justificar hechos trágicos. En principio, porque los comportamientos que infringen la ley no justifican la muerte de nadie. Ni la presencia del señor Choque Cersa intentando poner calma ante los hechos, ni siquiera las actitudes agresivas que desde este espacio rechazamos. Contra los infractores y contra el delito cae el peso de la ley, no la muerte ni la impunidad. En caso contrario, deberíamos dar carta a abierta a que cualquier ciudadano o ciudadana sea intervenido con violencia, sin medir sus consecuencias.

Resulta sorprendente cómo se sigue justificando la muerte de las personas en este tipo de intervenciones refiriendo que “no deberían encontrarse allí”, o “es un lugar lleno de delincuentes”. ¿Quiere decir que las intervenciones policiales son acciones que pondrían en peligro la vida de las personas, y que están prestas a este tipo de hechos? Existen múltiples casos de operativos exitosos que para nada arriesgan la vida de la ciudadanía ni manchan el nombre de la Policía. Por otro lado, estigmatizar lugares como el Callao u otros sectores de la ciudad como espacios delincuenciales no es más que una visión abiertamente prejuiciosa, clasista y desconocedora de la realidad del conurbano que conforma Lima Metropolitana. Peor aún, porque estos estereotipos se reproducen para justificar hechos violentos que puedan provenir de las autoridades. Y así seguirán ocurriendo. Total, sigue habiendo ciudadanos de segunda o tercera clase a los ojos de muchos.

Una última reflexión que surge de este incidente, y que trasciende el ámbito de la seguridad, se refiere a las directivas del Gobierno sobre el uso de espacios públicos. Y que, sobre todo, se ha agravado en el contexto de la crisis sanitaria ¿Por qué restringirlos? Se pueden crear protocolos para que no haya contagios entre la población en estos lugares. Si se utilizan espacios cerrados como centros comerciales, bajo la necesidad de reactivar la economía, ¿por qué no espacios de esparcimiento, recreación y salud mental y física para los ciudadanos? Una disposición que resulta contradictoria y arbitraria no puede seguir siendo el trasfondo de tragedias como estas, ni de intervenciones que deben ser, sin duda, mejor planificadas. Nuevamente el Ministerio del Interior se encuentra bajo el ojo de la tormenta, y no puede seguir lavándose las manos —vaya costumbre la de esta pandemia— ante hechos como los que acaban de suceder.