Jorge Yener Muñoz: claves para comprender el homicidio del paro agrario
Aldo Pecho Gonzáles
IDL-Seguridad Ciudadana
Hace una semana, el paro agrario acaparó la atención de los medios de comunicación y la ciudadanía. Los trabajadores del sector agroexportador buscaron que se derogue la extensión de una ley que les resultaba perjudicial. En este contexto, en Nuevo Chao (Virú, La Libertad) ocurrió un homicidio. El trabajador Jorge Yener Muñoz fue asesinado por el impacto de un proyectil de plomo en la cabeza. El presente informe busca dar cuenta del escenario de su muerte, las contradicciones en las declaraciones de la Policía, las irregularidades en la investigación y la búsqueda de la verdad por parte de su familia.
Cuarto día de protesta a nivel nacional. El rumor se ha corrido por toda la costa peruana, de norte a sur, y esta vez las medidas serán mucho más drásticas: se bloquearán las vías principales. A lo largo de la carretera Panamericana, la columna vertebral de una franja desértica a veces irrigada por ríos irregulares, empiezan a aparecer algunos piquetes. Son cientos, miles de personas de distintas localidades del país, y con un solo grito: ¡derogar la Ley 27360!
La Ley de Promoción Agraria fue creada por el régimen fujimorista, poco antes de dejar el poder, para promocionar la inversión en agroexportaciones. Bajo el amparo del Estado, otorgaba ventajas tributarias a los empresarios del sector y les recortaba beneficios laborales a los trabajadores agrícolas. Era una ley “provisional” y fue extendiéndose por diversos períodos. El disuelto Congreso la prorrogó una década más, aunque los empresarios pidieron que se extienda hasta el 2040. Los trabajadores no, y ya se venían escuchando varias voces al respecto exigiendo su derogatoria meses atrás. La coyuntura social y el reflujo de una ciudadanía activa por la crisis política fueron escenarios propicios para que la protesta tuviera eco. Y así ocurrió.
En el valle del Virú, en La Libertad, también se hicieron presentes las manifestaciones. Un día antes, el 2 de diciembre, se habían organizado algunas marchas esperando que se derogue la ley. El Congreso no lo hizo. Los trabajadores agrícolas se prepararon para una jornada de lucha clave, la que lamentablemente tendría una tragedia.
Paro agrario en Nuevo Chao: el escenario del crimen
El jueves 3 de diciembre, las localidades de Virú, San José, Chao y Valle de Dios-Nuevo Chao arrancaron la jornada con fuertes manifestaciones. Se había bloqueado la Panamericana, lo que produjo un prolongado tráfico por toda la provincia de Virú. Los piquetes detuvieron el pase de vehículos mediante la quema de llantas y la obstaculización con piedras, sumado a las marchas que hubo por los alrededores. La Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía, proveniente de Trujillo, se desplegó por todos los centros poblados, con por lo menos centenar y medio de hombres, para liberar el acceso vehicular. Un grupo de ellos llegaría a la entrada de Nuevo Chao, donde ocurrió el homicidio.
En esta localidad se colocaron algunos piquetes en la carretera Panamericana. El fotoperiodista Juan Pablo Azabache fue testigo de estas primeras protestas y registró los hechos con su cámara:
Consultado por IDL-Seguridad Ciudadana, Azabache nos comenta que la Policía llegó a la zona sin mucho diálogo: empezaron a despejar la Panamericana y, para ahuyentar a los manifestantes, dispararon bombas lacrimógenas y perdigones. Sí, perdigones. Ya al inicio de la protesta, en la carretera, hubo muchas quejas al respecto por el uso de escopetas con lo que aparentemente serían perdigones de goma. Los vecinos y vecinas de la zona mostrarían las pruebas:
El repliegue de los manifestantes se daría en la avenida Las Flores, una arteria de doble vía que desemboca en la Panamericana. Los policías también avanzaron hacia esa avenida, dos cuadras adentro. Aquí empieza un punto importante de esta historia, pasada las 10:30 de la mañana. Llegaría un medio local, Radio Mega TV Digital, con el reportero Tito Fernández y el camarógrafo Tony Fernández, para cubrir las manifestaciones. La cobertura completa se puede apreciar en el siguiente enlace:
Radio Mega TV Digital ingresa a la avenida Las Flores a las 10:36 de la mañana. Gracias a sus grabaciones, hemos podido reconstruir cómo se encontraba distribuida la Policía minutos antes del homicidio y contar por lo menos cuántos efectivos eran. Es importante mencionar que, según el general Ángel Toledo Palomino, jefe de la III Macro Región Policial de la Libertad, fueron 28 los policías que intervinieron la zona para liberar la carretera. Sin embargo, en el registro audiovisual se puede observar como mínimo 41 efectivos. Este es un dato que recordaremos más adelante.
Entre los manifestantes y la Policía, cerca de la calle Los Ficus, llega el medio local y puede recoger algunos de los reclamos de los vecinos y vecinas. Se pide la derogatoria de la ley y que se atiendan las necesidades de la población por mejores empleos. El reportero intenta conversar con el policía que aparentemente estaba a cargo del grupo, o por lo menos así lo señalaron sus compañeros. Es un suboficial que se negó a dar declaraciones y cuyo nombre de placa señalaba J. Fernández C.
Los manifestantes también le muestran al medio local pruebas de que los policías les estaban disparando proyectiles. Uno de los trabajadores llama a tomar conciencia de la situación: “Queremos hacer un llamado de reflexión a todos los compañeros trabajadores, que esta lucha tiene que ser primero pacífica. Y, por otro lado, a los señores policías, que deben tener padres o madres que también deben trabajar en las compañías. Ellos también son personas que han sido educadas y no puede estar metiendo perdigones. Las consecuencias fatales que sufrieron en Lima, que es la muerte de dos compañeros, no vamos a pasar la misma situación”.
Después de esto, y con la negativa de los policías por dejarlos ingresar a la Panamericana, los ánimos se empiezan a caldear. Los reproches se acumulan en primera línea sobre el silencio de los efectivos desde que llegó el medio local. Según comenta el camarógrafo Tony Fernández, algunos manifestantes les decían: “Ahora amenázame, pues, que está la prensa”. Llegó un punto en el que los reclamos se hicieron inútiles, por lo que los trabajadores decidieron pasar por la fuerza. A las 11:07 empiezan los forcejeos y empujones, hasta que los policías disparan una bomba lacrimógena y se enfrentan a pedradas con los manifestantes. El reportero y el camarógrafo deciden protegerse, así que toman camino a la Panamericana. En el trayecto, se pudo ver algunas de las armas que estaban llevando los policías frente a la gresca. Una de ellas era una escopeta de perdigones, es decir, un arma de fuego que puede arrojar desde proyectiles de goma hasta (ilegalmente) proyectiles con metal.
El general Ángel Toledo Palomino declararía esa misma tarde que ningún agente llevó armas de fuego a las protestas. Y a pesar de que fue desmentido por diversas imágenes, y el propio video de Radio Mega TV Digital que difundimos desde IDL-Seguridad Ciudadana en Twitter, seguiría negando el uso de armas de fuego al día siguiente, en declaraciones para Exitosa.
Un homicidio sin esclarecer
Jorge Yener Muñoz Jiménez fue asesinado por un disparo en la cabeza. Un proyectil de plomo lo hizo caer en el cruce de la avenida Las Flores con Los Ficus. Quien apuntó el arma buscó matarlo, o por lo menos hacerle daño. Y lo hizo. Ocurrió entre las 11:08 y 11:10 de la mañana, justo cuando el reportero y el camarógrafo de Radio Mega TV Digital ya habían retrocedido hasta la esquina de la avenida Las Flores con la Panamericana, a dos cuadras del enfrentamiento. Los compañeros de Jorge Yener trataron de revivirlo en vano; el muchacho no pudo más que agonizar. Algunos videos de este terrible momento circularon en redes sociales, pero no el del instante de su muerte. Solo hay testimonios:
—Estuvimos allí peleando con la Policía —dijo Carlos Sánchez,[1] manifestante presente en los enfrentamientos—. Entonces nos disparan bombas lacrimógenas. Había algunos que tenían eso [un arma de fuego]. Se estaban escondiendo detrás de los que tenían escudos. Detrás se han puesto. Y allí que uno habrá disparado, lo ha matado. Ha caído, y fuimos, hemos ido a ayudarlo, pero no se ha podido. El cerebro, todo le han abierto. Estaba allí en el suelo.
En esos momentos, Radio Mega TV Digital sería avisado del homicidio, por lo que decidieron retornar hasta Los Ficus y prender el audio de su cámara, que habían silenciado. En el trayecto, se pudo registrar fugazmente cómo un perdigonero de la Policía se alejaba solitariamente del lugar de los hechos, justo detrás del reportero Tito Fernández:
En el trayecto de regreso, también se pudo observar entre 2 a 3 policías con algún tipo de armamento, entre lanzagranadas (que contienen lacrimógenas) y lo que parece ser otra escopeta perdigonera. Radio Mega TV Digital pudo llegar donde Jorge Yener a las 11:12, a quien habían subido en un mototaxi. Las cámaras registraron la parte posterior de su cráneo ensangrentado y un agujero de tamaño considerable en el hueso parietal izquierdo. Según relata el camarógrafo Tony Fernández, los policías quisieron llevarlo en su vehículo al centro de salud, pero los trabajadores los rechazaron. No confiaban en ellos. En declaraciones frente a cámaras, se puede percibir la rabia e indignación contra los efectivos. Uno de los manifestantes afirmó que vio a un policía dispararle a Jorge Yener en la cabeza y después esconderse en el patrullero:
Jorge Yener sería conducido al establecimiento de salud Puente Chao, donde llegaría sin vida. Su padre, José Antonio Muñoz Vílchez, fue hacia el lugar en donde no le quisieron dar mayor información, y tampoco lo dejaron ver al cadáver de su hijo. Él declaró para la prensa con visible congoja e indignación. Para la familia Muñoz Jiménez esa noche en vela sería, lamentablemente, inolvidable.
Una investigación con muchas irregularidades
La necropsia del cuerpo de quien fue Jorge Yener sería hecha al día siguiente, el viernes 4 de diciembre. La familia junto con su abogado, José Meza Risco, estuvieron esperando desde una hora antes para poder estar presentes en el examen forense. Según contó el abogado José Meza a IDL-Seguridad Ciudadana, la fiscal Marcela Valderrama Juárez no los dejó ingresar a pesar de que estuvieron coordinando el pase con anticipación. Él la estuvo llamando insistentemente: “Doctora, estoy esperando en la puerta de la morgue. Me dice: ‘No se preocupe, en cuanto empieza le comunico’. Hemos estado esperando, yo le llamaba y no me contestaba. En una de esas me contestó y me dijo que ya estaba al interior de la morgue y que estaba esperando a que llegue el médico legista para que inicie. Le dije que en cuanto inicie me pase la voz. […] Los minutos transcurrieron y la llamaba y llamaba y ya no contestaba”.
El padre de Jorge Yener denunciaría este acto irregular frente a la prensa. Al no recibir respuesta alguna, y filtrarse información de que la diligencia ya estaba terminando, los familiares ingresaron por la fuerza a la morgue. La fiscal Valderrama eludió a la familia y al abogado, y no quiso responder a los cuestionamientos.
De acuerdo con el especialista penal José Arrieta Caro, profesor de la PUCP, el Código Procesal Penal respalda el derecho de la familia Muñoz Jiménez a estar presentes en el procedimiento por medio de su abogado. El Código textualmente dice lo siguiente en su artículo 196.3: “La necropsia será practicada por peritos. El Fiscal decidirá si él o su adjunto deban presenciarla. Al acto pueden asistir los abogados de los demás sujetos procesales e incluso acreditar peritos de parte”. Esto quiere decir, según el penalista, que el abogado puede observar el acto forense, mas no intervenir en él, por lo que se le ha negado un derecho, que resulta delicado en un caso tan importante.
En cuanto al proyectil de plomo extraído del cuerpo de Jorge Yener, la defensa de la familia aún no ha tenido acceso al objeto. Lamentablemente, por falta de recursos, no pudieron contratar un perito independiente que pueda ayudarlos. El peritaje, en este caso, corresponde a especialistas de la propia Policía, según disposición del Ministerio Público. El proyectil ya fue consignado en una cadena de custodia. La cadena de custodia tiene todo un procedimiento que permite garantizar la autenticidad, seguridad, preservación e individuación de una prueba material. El detalle es que mientras la propia Policía participe de los procedimientos que la involucran en un caso de homicidio produce suspicacias razonables.
La defensa de la familia Muñoz Jiménez tuvo acceso a los registros de la Armería del Escuadrón Verde de la Policía en Trujillo. Allí se pudo revisar el tipo de material y armamento que se utilizan para ciertos tipos de operativos. Según el acta de constatación y verificación que se firmó en la diligencia, “cuando el personal PNP tiene que apoyar en control [de] disturbios debe hacerlo sin armamento”. Sin embargo, se puede constatar fácilmente que esto no ocurrió así el 3 de diciembre. ¿Quién autorizó llevar armamento durante las protestas del paro agrario? ¿Se consignó que se llevaron armas de fuego?
Para José Meza, abogado de la familia, el tipo de proyectil que mató a Jorge Yener no fue un perdigón de plomo, por ser muy pequeño para producir el daño que le causó. Pudo haber sido un disparo de revólver, porque el orificio del cráneo era tan grande que se podía introducir un dedo meñique sin ningún problema. Recordemos que no lo dejaron participar en la necropsia ni tampoco ver el proyectil. Meza tiene un temor con respecto a cómo se pueden diluir responsabilidades: “Me da la impresión de que se orientan a decir que el proyectil proviene de un arma que no usa la Policía”. Por todo esto, es necesario que se aclare qué tipo de armamento llevaron los policías a las protestas del 3 de diciembre, específicamente en Nuevo Chao:
En cuanto a las pruebas de absorción atómica que se le realiza a cada efectivo para determinar si alguno tenía rastro de haber utilizado armas de fuego, en principio se les iba a aplicar a quienes intervinieron en la zona. Esto declaró el general Ángel Toledo para diferentes medios y allí sostendría que solo 28 policías estuvieron en el lugar del homicidio. Sin embargo, como muestran las imágenes de Mega TV Digital, las que hemos reconstruido en IDL-Seguridad Ciudadana, los policías implicados serían por lo menos 41. Luego el propio general comentó que se dispuso que 173 policías pasaran por la prueba, ya que estuvieron asignados durante ese turno en todas las zonas de Virú, no solamente en Nuevo Chao.
¿Se ha identificado por separado a los hombres que intervinieron en Nuevo Chao de los que cubrieron el resto de localidades de la provincia? Porque introducir más efectivos en las pruebas significa ralentizar sus resultados. O, en otras palabras, la posibilidad de entorpecer las investigaciones para que el presunto homicida pueda superar las pruebas sin ningún problema. Más aún si consideramos que estas recién se terminaron de realizar el 8 de diciembre, es decir, cinco días después de la muerte de Jorge Yener. Así, es cinco días después, tal como muestra el acta que adjuntamos. Lamentablemente no existe un procedimiento que regule el plazo en el que deban realizarse este tipo de pruebas, señala el penalista José Arrieta. Según los expertos, debería realizarse entre 24 a 48 horas después de los hechos, y no hasta cinco días, como ha ocurrido.
Quedan muchas preguntas por responder y algunas irregularidades más que debe aclarar la Policía en el camino para un caso que lamentablemente no ha tenido el eco mediático que sí tuvieron las protestas sociales en Lima. Como suceden en muchos de estos eventos, se intenta responsabilizar a terceros del homicidio: presuntos infiltrados o los propios manifestantes. Si así hubiese sido el caso: ¿Por qué la Policía no intentó encontrar al civil que disparó el arma de fuego contra Jorge Yener y solo se replegó media cuadra atrás, en posición de seguir impidiendo el acceso a la Panamericana? ¿Si el disparo provino de un tercero, no es acaso esto un acto de complicidad o por lo menos de omisión de funciones de la Policía, lo cual sería un delito por investigar?
Al cierre de este informe, el abogado José Meza nos comentó que se ha identificado que cinco de los policías que participaron en las manifestaciones tienen revólveres auxiliares. Por ello, se ha hecho la incautación de las armas para un peritaje que es de rigor en este tipo de investigaciones. Ya se tienen dos revólveres (calibre 38), uno ha sido reportado como perdido dos meses atrás y faltaría que se entreguen los otros dos. Por lo menos esto representa un avance para la investigación de la Fiscalía y la necesidad de la familia por conocer la verdad en una investigación que ya de por sí presenta muchas irregularidades. Será un proceso sumamente difícil, sobre todo si tomamos en cuenta que existe impunidad en la Policía cuando mueren personas en un contexto de protesta social. Al respecto, la CNDHH afirmó que, prácticamente en las últimas dos décadas, por la muerte de 162 personas en protestas, ningún policía había sido sentenciado como culpable.
Fuente: Juan Pablo Azabache
La familia Muñoz Jiménez se encuentra devastada y el entierro ha sido muy sentido en el barrio, una zona humilde de Nuevo Chao. Peor aún, el homicidio de Jorge Yener deja viuda a Estela Layza Pablo, quien además tiene tres meses de gestación. Los recursos de la familia son escasos, y más si se toma en cuenta que él era uno de los sostenes económicos con su empleo como trabajador agrícola, el que tampoco le otorgaba grandes beneficios. Ahora deben afrontar un proceso que económicamente representa una carga fuerte y emocionalmente es agobiante. Un proceso en el que ni siquiera está garantizada la justicia. Para la familia, la verdad es una forma de reparación que el Estado está obligado a conseguir, un derecho al que no van a renunciar hasta encontrar a los culpables.
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I. Un agradecimiento a Juan Pablo Azabache por las fotografías. Gran parte de su trabajo en el paro agrario se puede revisar también en su cuenta de Twitter: @JuanPablini (https://twitter.com/JuanPablini).
II. Un agradecimiento también para Yuri Castro, corresponsal de Ideele Radio en la Libertad.
[1] Por pedido expreso del informante, se cambia su nombre por temor de represalias con la Policía.