El IDL presentó documento a la Junta de Fiscales Supremos, evidenciando la ilegalidad e inconstitucionalidad de una posible elección de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación interino
Se ha confirmado que el fiscal supremo Tomás Gálvez ha sido elegido Fiscal de la Nación interino, ante la suspensión provisional de la fiscal suprema y Fiscal de la Nación titular, Delia Espinoza.
Con motivo de la elección de nueva persona encargada interinamente de la Fiscalía de la Nación, el Área de Justicia Viva del IDL envió un escrito a la Junta de Fiscales Supremos, en la que recuerda una serie de fundamentos jurídicos que rigen esta elección, y que entre otros, garantizan la protección de los derechos humanos a una justicia independiente e imparcial.
En el documento se solicitó que se evaluara responsablemente la posibilidad de que el fiscal Tomás Gálvez ocupe ese cargo, ya que no cumple con el perfil requerido. Se establecieron diez preceptos y disposiciones jurídicas. La primera es la exigencia de independencia (y apariencia de independencia) que debe cumplir todo fiscal, ya que ésta es una garantía del sistema de justicia. Al respecto se señala que Tomás Gálvez, desde su destitución por la anterior JNJ, era públicamente un actor político partidario, e integraba un partido que lanzó su virtual candidatura presidencial. Su restitución, por una decisión del Tribunal Constitucional, no elimina este hecho. Además, se sostiene que la designación de una persona que no cumpla con la apariencia de independencia del poder político es una violación directa al derecho a una justicia independiente. Por lo tanto, Tomás Gálvez no cumple con la condición básica para ocupar dicho cargo.
Por otro lado, se señala explícitamente que el fiscal Gálvez ha violentado los deberes éticos de la función fiscal, y que no es un referente en el cumplimiento del irrestricto respeto a sus pares, a las personas que acuden al sistema de justicia y a la ciudadanía en general. Tampoco cumple con los deberes de prudencia y transparencia que debe regir la conducta de las autoridades fiscales.
La carta finaliza con una apelación a que la Junta considere que se vive en un contexto de crisis de derechos humanos, de corrupción y crisis institucional que requieren de un Fiscal de la Nación que responda a los retos y responsabilidades que le tocan asumir al Ministerio Público.