El Poder Ejecutivo ya decidió: ahora Escazú es competencia del Congreso

El Área de Justicia Constitucional del IDL manifiesta lo siguiente con respecto al Acuerdo de Escazú:

 1. Este acuerdo no reconoce un nuevo derecho. Lo que hace es precisar el contenido constitucional o convencional de derechos ya reconocidos en la Constitución y en otros instrumentos internacionales. Solamente cuando se pronuncia sobre la situación de los defensores ambientales podríamos estar ante el primer reconocimiento de rango constitucional del estatus de éstos.

2. El acuerdo es un instrumento de gran importancia porque desarrolla los derechos a la información, a la participación, el acceso a la justicia y el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida. Y algo esencial: al ser Escazú un tratado internacional de derechos humanos, se incorpora en el ordenamiento con rango constitucional.

3. El Poder Ejecutivo ya decidió suscribir el Acuerdo de Escazú.  Esta voluntad se exteriorizó y se concretó cuando suscribió lo suscribió. No puede ahora dar marcha atrás. Estos actos de retroceso no tienen valor jurídico. El año 2018 el Estado suscribió el Acuerdo de Escazú en la ciudad de Costa Rica, con la finalidad de dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de proteger el medio ambiente y a sus defensores. Lo que corresponde es que el Congreso lo ratifique de acuerdo con el artículo 56 de la Constitución.

4. El Acuerdo de Escazú está en la competencia del Congreso. Desde el momento en que el Ejecutivo lo suscribió, dejó de ser de su competencia e ingresó en la del Congreso. El artículo 56 de la Constitución es muy claro cuando reconoce que son los congresos los que ratifican los tratados internacionales de derechos humanos.

5. El Gobierno impide al Congreso ejercer su competencia de ratificación de tratados. En consecuencia, estamos ante actos del Ejecutivo que impiden el ejercicio de la competencia del Congreso de ratificar los tratados internacionales de derechos humanos. No se está respetando el reparto de competencias del constituyente. Exhortamos al Gobierno a que no interfiera y al Congreso a que defienda sus competencias y sus fueros.