El Poder Judicial reconoce que la PNP criminaliza a defensores ambientalistas
La sentencia se ha expedido luego de que varias organizaciones de derechos humanos (IDL, Fedepaz, Aporvidha, DHSF y Cooperacción) presentaran un hábeas corpus contra la amenaza de detención arbitraria de la activista canadiense Jennifer Moore en Cusco, que fue detenida luego de participar en actividades de defensa del medio ambiente en las que se criticó las malas prácticas de la empresa minera Hudbay, que opera el proyecto minero Constancia en la región Cusco.
“Moore fue detenida entre el 21 y 22 de abril de 2017 cuando se encontraba junto con el ciudadano estadounidense John Edward Dougherty en la Casa de la Cultura de la ciudad de Cusco, tras la presentación del documental “El Fraude de Flin Flon”, que trata sobre los impactos de las actividades de la empresa minera Hudbay Minerals en comunidades en Canadá, los Estados Unidos de América, Guatemala y Perú”, sostiene Juan Carlos Ruiz abogado del Área de Litigio Constitucional del IDL.
Unos días antes la película traducida al quechua se había presentado en los distritos de Chamaca y Velille, provincia de Chumbivilcas, Cusco en donde la empresa minera Hudbay opera la mina Constancia que extrae cobre. El intento de mostrarla en Santo Tomás, la capital de Chumbivilcas no se pudo realizar.
A continuación presentamos un extracto de la resolución en la que la jueza reconoce y cuestiona el seguimiento y la persecución policial de Jennifer Moore fuera de procedimiento.
“Vigésimo cuarto: Por otro lado, también cabe mencionar que la autoridad administrativa se fundamentó al parecer en hechos no debidamente probados, ya que conforme lo he señalado y es de verse de los documentos policiales que obran en el expediente, los efectivos policiales no solo intervinieron a la ciudadana extranjera Jennifer Moore el día viernes 21 de abril del 2017, sino que días antes de dicha intervención, conforme ellos mismos lo han señalado, le estuvieron haciendo un seguimiento sin autorización de autoridad competente, lo que también constituye una violación a su libertad personal, inclusive pusieron afiches sobre su búsqueda y Migraciones incluso sin haber iniciado ningún proceso administrativo valido y con conocimiento de la administrada, emitió el Comunicado MININTER N° 008-2017 de fecha 22 de abril de 2017 (folios 34) donde señala que la ciudadana extranjera Jennifer Moore se había dedicado a incitar a los pobladores de diversas localidades y comunidades campesinas en contra de la actividad minera canadiense en el Perú, en particular contra las mina Constancia de la empresa Hudbay y que dicha conducta implicaba la alteración al orden público o al orden interno, por lo que le cabria la medida de expulsión de acuerdo al artículo 58° Inciso F, y asimismo señala expresamente que estas manifestaciones eran en contra de la Minera Hudbay que tiene todos los permisos del Estado peruano para realizar sus operaciones en el país, demostrando de esta manera un evidente parcialidad hacia dicha empresa, lo cual puede resultar entendible porque existe un Convenio Interinstitucional entre dicha empresa y la Policía Nacional del Perú como es de verse de las copias de folios 40 a 51, no obrando ninguna prueba de que dicha empresa haya efectuado alguna queja o se haya producido algún hecho violento en su contra, sin embargo en dicho Comunicado se refiere a ello”
¿Qué dice el Poder Judicial en la sentencia? El abogado del IDL lo explica: “En realidad esta jueza se vuelve a pronunciar a pedido de la Sala Superior, y declara fundado el hábeas corpus innovativo, rechazado inicialmente en un primer pronunciamiento y dispone las siguientes medidas:
– Que se declare NULO el procedimiento administrativo llevado en contra de Jennifer Moore que determinó la emisión de alerta migratoria en su contra, debiendo la Superintendencia Nacional de Migraciones respetar el debido proceso formal y material.
– Se ordena a la Policía Nacional del Perú y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto que atente contra la libertad personal de la ciudadana canadiense Jennifer Moore,
– Se ordena al Ministerio del Interior que cese las amenazas de expulsión y cualquier impedimento para el ingreso al Perú de la beneficiaria.
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