El sistema penitenciario peruano ante el Covid 19
Un trabajador penitenciario de la Carceleta de Lima y cuatro internos del penal Sarita Colonia) han sido confirmados como positivos en las pruebas del coronavirus. Uno de ellos ya ha fallecido.
El presidente Vizcarra ha confirmado que se va a transferir 10 millones de soles al Ministerio de Justicia para mejorar las condiciones de salubridad de los penales.
“El monto destinado para salvaguardar a los penales de un posible brote no es para nada ínfimo, pero se debe analizar en función de los riesgos reales que presentan los penales ante una amenaza como el COVID-19. En estos momentos la población penal nacional es de 95 mil 548 internos, con una capacidad de albergue de 40 mil 137. Es decir, existe un 238 % de ocupación y, por ende, un 138 % de hacinamiento”, sostiene el investigador del Área de Seguridad Ciudadana, Stéfano Corzo .
El hacinamiento de nuestras cárceles es un hecho conocido. Por eso la pregunta es cómo se podrán implementar y acatar las principales recomendaciones de la OMS con respecto al distanciamiento social e higiene básico, algo elemental como el lavado de manos constante, cuando las condiciones de infraestructura y salubridad dejan mucho que desear.
Otro hecho es que falta personal de salud en las cárceles que son espacios de mucha vulnerabilidad. “La organización Reforma Penal International señala que las enfermedades contagiosas son particularmente preocupantes en los contextos carcelarios donde la velocidad de contagio de tuberculosis, por ejemplo, puede ser entre 10 a 100 veces más alta por sobre la comunidad general. Por otro lado, la población penitenciaria tiene 5 veces más posibilidades de vivir con VIH que el resto de la población. Estos factores no solamente conforman un riesgo para la población penitenciaria sino también para el personal que labora en esos espacios”, sostiene el investigador del IDL.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en el 2018 trabajaban 64 médicos para las 68 cárceles a nivel nacional. Otro dato es que 41 estaban en Lima, mientras que en San Martín había un solo médico para los 9 penales de esa región.
¿Qué medidas se han implementado con este monto para prevenir la expansión del coronavirus en los penales? La Resolución Suprema N.º 058-2020-JUS por la cual se reemplaza a todos los miembros del Consejo Nacional Penitenciario, ente rector del INPE. Stéfano Corzo sostiene: “Estos cambios se produjeron luego de tres motines ocurridos en los penales de Río Seco en Piura , Picsi en Chiclayo y El Milagro en Trujillo, que dejaron a varios heridos entre reclusos y agentes penitenciarios, en un contexto donde el temor de contagio del coronavirus había comenzado a difundirse también entre la población de reclusos”.
El investigador remarca que la principal recomendación de los organismos especializados en el tema penitenciario —como la Organización Mundial Contra la Tortura, Reforma Penal Internacional, el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, así como la misma OMS— es descongestionar los recintos penitenciarios por diversos mecanismos, pero principalmente mediante la excarcelación de aquellas personas pertenecientes a grupos vulnerables en situación de mayor riesgo frente al COVID-19 y que no hayan sido sentenciadas por crímenes graves: delitos sexuales, corrupción, crímenes de lesa humanidad, sicariato, entre otros.
“Recordemos que dentro de esta población se encuentran principalmente: adultos mayores, enfermos crónicos severos, mujeres embarazadas y/o con hijos lactantes. No obstante, si bien un indulto humanitario conmutativo a algunos miembros de esta población sería importante para reducir el extremado hacinamiento de nuestro sistema penitenciario, probablemente, no llegaría a ser suficiente”, añade.