El tribunal de la impunidad (Radio Pública)
Noticia publicada en Radio Pública el 05/12/19
En tiempo récord y sin mayor explicación, el Tribunal Constitucional desestimó el pedido de aclaración presentado por el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia que liberó a Keiko Fujimori. Jurista Juan José Quispe advierte que un nuevo Congreso podría investigar y denunciar a magistrados por el delito de prevaricato.
De un día para el otro. Así resolvió el Tribunal Constitucional (TC) y declaró la improcedencia del pedido de aclaración formulado por el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, sobre la resolución del citado colegiado que determinó la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.
Con las firmas de los magistrados Ernesto Blume, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, el TC desestimó en todos sus extremos el pedido de aclaración por considerar que escondía una impugnación a la sentencia cuestionada.
La resolución recuerda que contra las sentencias del TC no cabe impugnación alguna y por tanto, al solicitar el pedido de aclaración que se deje sin efecto la sentencia y, por consiguiente, que se efectúe una nueva votación sobre lo resuelto, el TC determinó que debía ser rechazado el recurso presentado por Palomino.
Sin embargo, llamó la atención que los magistrados del TC no hayan considerado aclarar los puntos en cuestión, al margen de que esto no fuera a variar el estado de las cosas sobre lo ya juzgado. Para el TC, “no cabe aclarar ningún concepto ni subsanar cualquier error material u omisión respecto de la sentencia emitida en autos, pues esta no contiene ningún error ni omisión”.
SIGUEN SIN FUNDAMENTAR
Al conocer la noticia, el procurador del Poder Judicial manifestó sentirse extrañado por la manera “tan célere” en que se resolvió la improcedencia del recurso presentado por su despacho. “Me llamó poderosamente la atención esto porque se presentó ayer (martes) a las 2 y 30 de la tarde y el día de hoy (miércoles) nosotros hemos tenido audiencia en el Tribunal Constitucional desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No sé en qué momento han podido hacer el estudio del pedido que se hizo y que se presentó ayer por la tarde”, afirmó.
Además, expresó su mortificación al comprobar que “no hay mayor argumentación en la resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional”. “Veo una resolución escueta que no ha cubierto cada uno de los puntos que se plantearon en el pedido de aclaración”, comentó.
ACLARACIONES SON NECESARIAS
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, en virtud de que el mismo presidente del TC, Ernesto Blume, solicitó al fiscal Pérez que le envíe las copias de las declaraciones de Jorge Yoshiyama, la resolución del ente constitucional debió explicar cuáles fueron las razones legales para desechar o no considerar como útiles o pertinentes estas declaraciones. “Si eso no consta en la resolución, como ya hemos visto, hizo bien el procurador del Poder Judicial en pedir una aclaración respecto a esta falta de motivación en la sentencia”, apuntó.
“Blume no puede tapar el sol con un dedo. Los votos se componen de decisión y de fundamento, y no es cierto que solamente importe el sentido de la resolución. Están engañando a la población, porque los fundamentos de Blume, Ferrero y Sardón son diferentes al de Carlos Ramos; y si nos vamos estrictamente a los fundamentos, la votación sería de 4 contra 3 y el hábeas corpus hubiera sido declarado infundado”, advirtió.
En ese sentido, el jurista recordó que la posición del magistrado Ramos es más bien de crítica a la posición sustentada por Blume, Sardón y Ferrero. Sin embargo, y a pesar de esto, Ramos votó a favor de la libertad de Keiko Fujimori apelando al argumento del Congreso disuelto, argumento que no fue mencionado por los otros magistrados. Todo esto, sin embargo, no ha ameritado explicación alguna por parte del TC.
MAGISTRADOS PODRÍAN SER DENUNCIADOS
Además, Quispe señaló que Blume, Sardón y Ferrero han cuestionado indebidamente las decisiones del Poder Judicial, al punto de pedir sanciones contra el juez Richard Concepción Carhuancho, e incluso afirmar que no habrían pruebas contra Keiko Fujimori para ser procesada por lavado de activos.
“A pesar de no ser de su competencia pronunciarse sobre la casación de Keiko Fujimori, por no ser materia del hábeas corpus, los magistrados se pronuncian sobre los fundamentos de los jueces supremos en dicho recurso de casación. Esto se llama prevaricato, porque están resolviendo más allá de lo que establece la ley. Debieron evaluar si hubo vulneración de los derechos constitucionales de Fujimori Higuchi pero se han pronunciado sobre todo”, explicó.
Por ello, el jurista consideró que podría haber una acusación constitucional contra los magistrados Blume, Sardón y Ferrero, ya sea desde la Fiscalía, por el propio procurador del Poder Judicial o por iniciativa de algún congresista cuando se instale el próximo Parlamento.