¿El vaso medio vacío?: el Estado peruano frente a la CIDH por el caso de Santa Clara de Uchunya

Álvaro Másquez Salvador, Sebastián Delgado Céspedes

El pasado 25 agosto, en la comunidad de Santa Clara de Uchunya, se reunieron representantes de la comunidad indígena y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU) junto a una delegación de autoridades del Estado peruano, encabezada por la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El encuentro tenía un claro propósito: implementar en la práctica las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida e integridad de los miembros de Santa Clara de Uchunya y la FECONAU.

Este representa un caso emblemático de graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, relacionado con los impactos de la agroindustria de la palma aceitera en la Amazonía del Perú. En un escenario de conflictos por despojo territorial, deforestación a gran escala y corrupción. Además, los ataques y amenazas contra la población indígena son cada vez más frecuentes. Es así como las organizaciones del pueblo shipibo-conibo, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal y Forest Peoples Programme, han solicitado el auxilio de la CIDH.

Violencia en territorio shipibo-conibo

Santa Clara de Uchunya y FECONAU, en agosto de 2020, presentaron al organismo internacional una solicitud de medidas cautelares contra el Estado peruano. La CIDH, a través de la Resolución 81/2020, declaró fundada su petición por considerar que se trata de “una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable”^[1].

Para nadie es secreto el alarmante incremento de la violencia, a la par de las actividades ilícitas, contra los pueblos indígenas desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Desde abril de 2020, son 10 las personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas en territorio amazónico. En todos los casos, la causa está vinculada con negocios como el narcotráfico y la tala ilegal.

En el caso de la agroindustria, se han incrementado también las amenazas contra miembros de pueblos indígenas. Solo en lo que va de 2021, la comunidad de Santa Clara de Uchunya ha reportado dos incidentes de alto riesgo, que involucran actos intimidatorios y amenazas de muerte contra autoridades comunales. Es similar a la situación en FECONAU, cuyo expresidente Miguel Guimaraes recibió también amenazas de muerte a través de su teléfono celular en octubre de 2020^[2].

Precisamente, la especial gravedad del caso motivó a que la CIDH decida otorgar las medidas cautelares para proteger la vida e integridad de los miembros de Santa Clara de Uchunya y FECONAU, ordenando al Estado peruano lo siguiente:

1. adoptar las medidas necesarias, y desde una perspectiva cultural adecuada, para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios, evitando en particular la comisión de actos de violencia por parte de terceros, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos;
2. concertar las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e
3. informar sobre las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medidas cautelares y así evitar su repetición.

Desde entonces, las organizaciones indígenas han exigido a las autoridades estatales cumplir con la implementación de esta decisión en forma rápida, eficaz e integral. El pasado 23 de junio, por una convocatoria de oficio de la propia CIDH, una delegación de beneficiarios de las medidas cautelares se reunió con funcionarios del Ejecutivo y el Ministerio Público. Una segunda reunión de trabajo se llevó a cabo el 25 de agosto.

Reunión de trabajo en Santa Clara de Uchunya

Como se mencionó, el pasado 25 de agosto se celebró una segunda reunión de trabajo con miras a hacer realidad lo dispuesto por la CIDH. El encuentro, presidido por el jefe de la comunidad Efer Silvano Soria, se llevó a cabo en forma semipresencial. La mayoría de los funcionarios asistieron virtualmente, aunque hubo algunos –como el coronel Roberto Mercado y el fiscal superior Daniel Jara– que viajaron hasta territorio indígena para conocer el caso de primera mano. La moderación estuvo a cargo de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, representada por el procurador público adjunto Carlos Llaja.

La agenda giró en torno a la seguridad física de los miembros de Santa Clara de Uchunya: tender puentes de comunicación entre la comunidad y el Estado, investigar el contexto de violencia. En ella, como base, se discutieron las ocho propuestas de medidas para atender la seguridad de la comunidad y FECONAU que plantearon las organizaciones indígenas y sus representantes en la primera reunión de trabajo. Sin embargo, la Procuraduría evitó pronunciarse sobre las reivindicaciones de índole territorial. Tanto los beneficiarios de las medidas cautelares como la representación estatal acordaron que sea la CIDH quien resuelva estas discrepancias.

En nuestra opinión, en ningún caso será posible proteger la vida e integridad de la población indígena en forma eficaz –su seguridad física–, sin atender en paralelo sus demandas por seguridad territorial. Así lo expresó el dirigente Carlos Hoyos Soria:  “Hemos pedido que se nos garantice el territorio por ser la única forma de poder sobrevivir. Seguimos esperando al Estado con paciencia”.

Una de las presentaciones más importantes fue la del coronel Roberto Mercado, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial de Ucayali, quien aseguró que su despacho ya ha desplegado esfuerzos importantes para garantizar protección a la comunidad. Entre otras medidas, cuadrillas policiales visitan la comunidad cada semana para realizar rondas. Asimismo, indicó que ha dado instrucciones precisas a la comisaría de Nueva Requena, la más cercana a la comunidad, para atender cualquier urgencia que pueda ocurrir en campo.

Por otro lado, también hicieron uso de la palabra el fiscal superior Daniel Jara, coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales, y la fiscal adjunta provincial Mirela Coronel Molero. Los representantes del Ministerio Público se comprometieron a monitorear los procesos judiciales en los que participa la comunidad, como denunciados o imputados, para asegurar que en ellos se respeten los enfoques de interculturalidad y derechos humanos. Además, anunciaron que buscarán las capacidades del Ministerio Público en materia de prevención del delito en casos de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos.

En la reunión de trabajo participaron también funcionarios del Ministerio del Interior, conectados virtualmente desde Lima. Una delegación de autoridades locales, del Gobierno Regional de Ucayali y la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, se hizo presente también a través de la Internet. Las autoridades indígenas lamentaron que, a pesar de su cercanía con Santa Clara de Uchunya, no puedan tomarse el tiempo de visitar su comunidad.

Reflexiones

 Aunque se han venido adoptando medidas significativas para paliar el grave problema de inseguridad física en la comunidad, el Estado peruano se resiste a atender los problemas estructurales, de fondo, que propician y reproducen la violencia. Nos referimos, desde luego, a la falta de acción para contrarrestar la inseguridad territorial que padece Santa Clara de Uchunya, como muchas otras comunidades a lo largo de la Amazonía.

Lamentablemente, cuestiones urgentes –como la aprobación de un mecanismo de protección transitoria a territorios indígenas no titulados o la implementación de proyectos productivos que sirvan para disuadir la proliferación de actividades ilícitas– han sido rechazadas como parte de la implementación de las medidas cautelares en este caso, a la espera de que sea una decisión de la CIDH la que las ordene.

Desde el Instituto de Defensa Legal, rechazamos que una vez más se posterguen acciones que son urgentes para atender un caso que consideramos de muy alto riesgo. Este espacio de trabajo, para empezar, debe incluir a autoridades con capacidad de decisión del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, así como al equipo profesional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Su presencia debe servir para vencer la resistencia del Estado peruano a empaparse de los problemas de fondo, comprenderlos y derrotarlos.

Este no solo es el camino para satisfacer las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para proteger la vida e integridad de los miembros de Santa Clara de Uchunya y FECONAU, sino también lo que nos dice el sentido común en aras de devolver un poco de paz y tranquilidad a la vida de los pueblos indígenas de la Amazonía.

^[1] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/81-20MC776-20-PE.pdf

^[2] https://www.frontlinedefenders.org/es/case/death-threats-against-environmental-human-rights-defender-miguel-guimaraes-and-other-indigeno-0