ELECCIÓN DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: ORGANIZACIONES CIUDADANAS PIDEN INFORMACIÓN Y PROPONEN REGLAMENTO
Antes del próximo viernes 06 de setiembre, de acuerdo a ley, deberá elegirse a un nuevo Presidente y Vicepresidente del máximo órgano constitucional. Organizaciones ciudadanas exigen mayor transparencia.
En uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, integrantes de diversas organizaciones y redes de la sociedad civil solicitaron al Tribunal Constitucional información sobre el proceso de elección de la Presidencia y Vicepresidencia de dicho órgano constitucional. Ello, teniendo en cuenta que la actual gestión culmina este 05 de setiembre.
A través de una carta dirigida al actual presidente del TC, Francisco Morales Saravia, se ha pedido se haga público: i) Nombres de los miembros del TC que postulan a la Presidencia y Vicepresidencia de la institución y ii) Propuestas Institucionales o Planes de Trabajo de ser elegidos.
Junto a esta solicitud, y como aporte para mejorar la transparencia del proceso de elección de este órgano constitucionalmente autónomo, integrantes de la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), la Asociación civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía, Forum Solidaridad Perú y el Instituto de Defensa Legal (IDL); integrantes también del Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC); presentaron, además, una propuesta de Reglamento de Elección denominada “Reglamento de elección de Presidencia y Vicepresidencia del Tribunal Constitucional. Una propuesta ciudadana a favor de la independencia, la autonomía y la eficiencia”.
Actualmente no existe un reglamento que regule el proceso de elección de los titulares del Tribunal Constitucional; por lo que se propone un marco que promueva la transparencia, publicidad, perspectivas de género e interculturalidad, así como que permite prevenir los conflictos de interés y actos de corrupción; protegiendo la independencia y autonomía que debe tener una instancia fundamental para velar por el Estado de Derecho en nuestro país y de acuerdo a los estándares internacionales existentes para la elección de altas autoridades de los sistemas de justicia.