Elecciones sin rumbo

Pese a los múltiples cuestionamientos, y contraviniendo un mandato judicial, el Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima insiste en celebrar las elecciones para elegir al nuevo decano este sábado 22. Al menos siete candidatos han rechazado participar en un proceso considerado ilegal por la misma Junta Directiva del CAL. Solo unos pocos anunciaron su participación, entre ellos el exjuez Javier Villa Stein.

Por Miguel Loayza

El interminable proceso para elegir a la nueva Junta Directiva del CAL ha sumado otro episodio bochornoso. Desde que las elecciones fueran convocadas en setiembre del año pasado, una larga serie de dichos y desmentidos, denuncias y procesos anulados han contribuido a menoscabar más la ya alicaída imagen del colegio profesional más antiguo del país. Hoy, a pocas horas de la jornada electoral convocada al caballazo por el Comité Electoral, ni siquiera se tiene por seguro el local de sufragio ni los candidatos que participarían. La magnitud del lío ha sido tal que uno de los candidatos que se vería más beneficiado con la situación, Javier Villa Stein, ha tenido que admitir lo inviable de las elecciones de mañana.

La última crisis del CAL tiene como principal antecedente lo ocurrido en el colegio Guadalupe el 30 de noviembre del año pasado. Como se recuerda, aquel día más de 70 mil agremiados iban a elegir al nuevo decano de la institución, así como a los delegados y a la Junta de Vigilancia. Pero la jornada estuvo marcada por un caos organizativo sin precedentes. Retraso en la instalación de mesas de votación, estampidas de votantes acumulados ante puertas cerradas, cédulas incompletas, orientadores con chalecos “bamba” de la ONPE (que no brindó su asesoría técnica por la falta de condiciones adecuadas) fueron algunas de las anécdotas más coloridas. El acto final fue el retiro de la notaria Abigail Chávez Meza, debido a las irregularidades detectadas durante el conteo de votos.

De acuerdo a aquel cuestionado conteo, dos candidatos pasarían a segunda vuelta: Javier Villa Stein y César Castañeda Serrano. Sin embargo, debido al desastre ocurrido, la Asamblea General del CAL acordó destituir al Comité Electoral y elegir uno nuevo, conformado ahora por Rogers Sulca Báez (presidente), Liliana Humala de la Oliva (secretaria) y Víctor Casas Pizarro (vocal). El 23 de diciembre, el Comité Electoral declaró nulas las elecciones del 30 de noviembre y elaboró un nuevo cronograma. Una semana después, se anunció que la elección de la Junta Directiva tendría lugar el 18 de enero del 2020. 

El 8 de enero inició una nueva etapa de complicaciones. Aquel día, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima concedió una medida cautelar solicitada por José Fuentes Ruiz contra el CAL y el Comité Electoral. Fuentes había obtenido la segunda votación más alta en las elecciones para la Junta de Vigilancia del 30 de noviembre y pedía que se respetara los resultados. El mandato judicial disponía también que se anulara de manera provisional el nuevo cronograma electoral.

El 14 de enero, el Pleno del Comité Electoral anunció que las elecciones programadas para aquel fin de semana serían postergadas, debido a que el colegio Ricardo Palma, donde se llevarían a cabo, debía prepararse para las elecciones congresales del día 26. Se estableció que la nueva fecha para elegir al decano del CAL sería el 01 de febrero. 

Tres días antes de la fecha anunciada, el Comité Electoral suspendió nuevamente los comicios, esta vez no por errores de organización, sino por la medida cautelar emitida por el Poder Judicial. La resolución había sido notificada el 20 de enero.

Cambio de planes

En la primera semana de este mes el presidente del Comité Electoral, Rogers Sulca, recibió una carta de Ericka Oliva Muñoz, presidenta de la Junta de Vigilancia del CAL. En ella, Oliva le recordaba que hasta aquel día no había cumplido con rendir cuentas sobre los S/. 203 516.50 que le fueron entregados para organizar las elecciones. El 11 de febrero, Sergio Collazos Román, director de Economía del CAL, solicitó a Sulca que rinda cuenta de los gastos realizados en un plazo máximo de 48 horas, “bajo apercibimiento de informar a defensa gremial para que inicie las acciones legales correspondientes”. 

De acuerdo a fuentes consultadas, la respuesta de Sulca fue que la rendición de cuentas sería dada una vez terminados los comicios. Justicia Viva intentó comunicarse con el presidente del Comité Electoral para obtener su versión sobre este punto, pero no respondió a las llamadas.

A partir de entonces se dio inicio a una serie de ásperos intercambios entre diversas instancias del CAL. El día 12, a través de la resolución 027-2020-CAL/CE, el Comité Electoral anunció que, pese a la existencia de un impedimento judicial, las elecciones se llevarían a cabo el sábado 22 de febrero. En su escrito, el presidente y la secretaria del Comité presentaron una interpretación propia del mandato judicial, según la cual la suspensión total de las elecciones afectaba el derecho de los candidatos a ser elegidos. Así, indicaban que la medida cautelar sería respetada en el punto de no convocar a elecciones para la Junta de Vigilancia, pero sí se elegiría al nuevo decano y delegados ante la Asamblea. La decisión fue oficializada en el comunicado 012-2020-CAL/CE, publicado al día siguiente.

En la tarde del 13 de febrero, ingresó a mesa de partes del CAL una carta firmada por Víctor Casas, vocal del Comité Electoral. En ella, Casas -que no había firmado la resolución publicada un día antes por su grupo de trabajo- exhortó a Sulca a rendir cuenta “del dinero depositado en su cuenta bancaria, por la suma aproximada de más de S/. 200 mil para efectos del proceso electoral”.

En su carta, Casas advierte a Sulca que el plazo solicitado por el mismo presidente del Comité Electoral había vencido, y que se debía enviar los documentos de los gastos a la Dirección de Economía lo antes posible. De acuerdo al vocal, entre los documentos a entregar estaban el contrato y factura del alquiler del local de votación; la factura por la compra de ocho laptops y demás accesorios; y el contrato y factura de los gastos de impresión de cédulas, actas y otros.

Por aquellos días, diversos candidatos al decanato anunciaron que no participarían en unas elecciones que contravenían un mandato judicial. Quien sí anunció su participación fue el controvertido exjuez Javier Villa Stein, quien se alistaba para competir con otros pocos candidatos.

El 17 de febrero, la directora del colegio Ricardo Palma, donde el Comité Electoral pretendía llevar a cabo las nuevas elecciones, envió una carta a Maria Elena Portocarrero, decana del CAL. La directora informaba que había sido notificada de la medida cautelar y que le había solicitado a Sulca “evidencias o sustentos que nos abale [sic] que no estamos incumpliendo el artículo 25 del Código Penal”. Comentó además que Sulca había anunciado las elecciones para el 22 sin consultar la disponibilidad del colegio, y le pidió a la decana tomar las medidas pertinentes.

Portocarrero, a su vez, envió un escrito a Sulca en el que le advertía que no se estaba actuando “en estricta sujeción a las formalidades, al Estatuto de la orden y a las condiciones fácticas y jurídicas que la situación actual exige”. Además, le indicó que cualquier irregularidad sería exclusiva responsabilidad del Comité Electoral, así como eventuales consecuencias legales, económicas y de imagen para la institución.

Debacle previsible

A las 5:30 p.m. del pasado martes, tuvo lugar en el CAL una reunión entre la decana Portocarrero, el director de Economía, la presidenta de la Junta de Vigilancia y la secretaria y el vocal del Comité Electoral. De acuerdo al acta de la sesión, el encuentro había sido programado a solicitud del propio Sulca a fin de rendir cuentas sobre los gastos. Pero el presidente del Comité Electoral no apareció. Se limitó a informar que en aquel momento estaba camino a firmar el contrato de alquiler del local de votación.

Al día siguiente, el Comité Electoral anunció en diversos medios impresos que las elecciones del CAL se llevarían a cabo el sábado 22 en el colegio Jorge Polar. Sin embargo, en otro giro tragicómico, la Municipalidad de Pueblo Libre emitió ayer un comunicado para informar que el pretendido evento no había sido autorizado, pues el colegio carecía de certificado de Defensa Civil, lo que ponía en riesgo la seguridad de los votantes -aquellos que lograran enterarse de que había elecciones-.

Ante todos estos hechos, ayer, en un sentido video publicado en Facebook, el candidato Villa Stein reconoció que las elecciones del sábado “habían quedado inviables”.

Al cierre de esta edición, lo último publicado por el CAL es un pronunciamiento de la Junta Directiva en el que manifiesta su rechazo a las elecciones de mañana, y asegura que no se aplicará multa a quienes no asistan a votar.

La función promete continuar.

Actualización: La noche del viernes, en un video difundido vía Facebook, el presidente del Comité Electoral responsabilizó a la Junta Directiva del CAL por el caos generado en torno a las elecciones. Anunció además una nueva fecha, la quinta hasta ahora: 29 de febrero. El lugar de votación, promete, será anunciado en las próximas horas.