Elmer Cáceres Llica: denuncias no fueron tomadas en cuenta, ni avisos de presunta corrupción

A pocos meses de asumir el cargo de gobernador de la Región Arequipa, la Contraloría General de la República alertaba de irregularidades en su gestión por contratar personal de confianza sin tener los requisitos mínimos. Este hecho se suma a la lista de denuncias de corrupción cuando era alcalde provincial de Caylloma, y las denuncias por tres presuntas violaciones sexuales. Ahora se encuentra detenido esperando la decisión judicial sobre el pedido de prisión preventiva de la fiscalía.

Rosario Hurtado/Justicia Viva-IDL

Faltaban pocos minutos para la medianoche del sábado 23 de octubre, cuando el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue detenido por agentes de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción. Según Cuarto Poder, la autoridad se encontraba con sus maletas en una vivienda en el distrito de Miraflores, en Arequipa.

La detención de Cáceres Llica dio inicio a un megaoperativo de madrugada en los domicilios de otros consejeros, gerentes y funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa. Ese día, fueron  detenidas 11 personas. Todas acusadas de pertenecer a la organización criminal “Los hijos del Cóndor”, por presuntos delitos de corrupción.

Entre los detenidos figuraron Napoleón Ocsa Flores (gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes -Autodema), Gregorio Urbano Palma Figueroa (gerente general del Gobierno Regional de Arequipa), Richard Edgard Calvo Ramos (gerente de Desarrollo Económico Proyecto Especial Majes Siguas), Mario Jacobo Jacobo (presidente de la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas Sol Radiante de Majes y asesor del gobernador regional de Arequipa) y  Wilfredo Leodán Llaiqui Cáceres (representante del Gobierno Regional Arequipa ante Comisión Anticorrupción).

Además, también se intervino a los consejeros: Jeymi Natividad Flores Quicaña, Miguel Sebastián Guzmán Hinojosa, Herlyn Ysrael Zúñiga Yañez (exfutbolista) y Ronald Bernal Huarca.  Lo mismo sucedió con Alexander Martínez Rojas, resguardo policial del gobernador.

El martes 26 de octubre se entregó Rolando López Chire (funcionario de Ordenamiento Territorial). Sin embargo, otros funcionarios que tienen orden de detención, pero aún están prófugos, son Augusto Palaco Toro (jefe de Asesoría Legal), Marcelo Alberto Córdova Monroy,  (gerente ejecutivo de COPASA),  Edwin Wilson Esquivel Alcamora (asesor del Gobierno Regional Arequipa) y  Javier Eduardo Rospigliosi Vega (gerente de Ordenamiento Territorial). Del mismo modo, los consejeros Santiago Neyra Almenara (presidente del Consejo Regional), Tomas Wuile Ayñayanque Rosas y Richard Ceferino Cervantes Gárate.

Arturo Valencia es el fiscal anticorrupción de Arequipa que participó del megaoperativo. El coronel Arturo Velarde de la Policía Anticorrupción y el fiscal superior Omar Tello, quien es el coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, señalan que el actual gobernador habría sobornado a los consejeros regionales, ofreciéndoles dinero, beneficios laborales, entrega y administración de obras y hasta terrenos del Estado para tenerlos de su lado y así no interpelen sus decisiones, ni las de su personal de confianza.  La fuente principal de toda esta información es la agente especial “Samanta Miranda Tijero”, quien desde el 2019 estuvo haciendo seguimiento de los presuntos actos de corrupción que ahora se denuncian y se hacen públicos.

Viejas mañas

Elmer Cáceres Llica ya daba indicios de irregularidades tan solo en los primeros meses de su gestión. La Contraloría General de la República detectó que cinco funcionarios de confianza no cumplían con los requisitos mínimos para asumir tales funciones. En el mencionado informe de control específico N° 3322-2019-CG/GRAR-SCE “Designación de cargos de confianza de servidores públicos” del 8 de noviembre de 2019, se consigna que ellos habían sido designados por el mismo gobernador y el gerente general del Gobierno Regional Arequipa, el también detenido, Gregorio Palma Figueroa.

Informe de control específico sobre la designación “Designación de cargos de confianza de servidores públicos” Pág.5.

 

El gobernador designó a Grover Ángel Stuard Delgado Flores como gerente regional de Transportes y Comunicaciones y a Tito Vidal Choque Ardiles como gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Mientras que el gerente general, a José Lizardo Dávila Portugal como jefe de la Oficina de Recursos Humanos, Ruth Orfelina Magnolia Granda Retamozo como subgerente de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Pedro Santos Quispe Cornejo como jefe de administración de la UGEL Arequipa Norte.

El informe lleva como fecha el 8 de noviembre de 2019, a pocos meses de haber asumido la gestión del Gobierno Regional de Arequipa, y señala que existe no solo responsabilidad administrativa, sino también responsabilidad penal de la autoridad regional y del gerente; así como de los mismos funcionarios designados por aceptar asumir esos cargos. Esto, por no contar con la experiencia elemental requerida para desempeñar eficientemente sus funciones; afectando la administración pública.

Resumen del Informe de control específico sobre la designación “Designación de cargos de confianza de servidores públicos” Pág.2.

 

Informe de control específico sobre la designación “Designación de cargos de confianza de servidores públicos” Pág.31.

 

A pesar del informe, el gobernador y el gerente general mantuvieron hasta hoy a un funcionario en un puesto clave: Dávila Portugal, el jefe de recursos humanos.

Uno de los requisitos para el mencionado cargo era “amplia experiencia en la conducción de programas relacionados con el sistema de personal”. Dávila no contaba con tal requisito para ese puesto  como lo señala su hoja de vida, donde se menciona que realizó funciones como abogado en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Caylloma y en la UGEL Arequipa Norte; además de desempeñarse como especialista de procesos administrativos en la misma UGEL Arequipa Norte.

Informe de control específico sobre la designación “Designación de cargos de confianza de servidores públicos” Pág.17.

 

En el documento se detalla que Dávila mencionó en los comentarios que contaba con la “experiencia de secretario técnico de la comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios de la mencionada institución, en su calidad de representante de la oficina de Personal y como secretario técnico de los órganos instructores de procesos administrativos de la sede central del Gobierno Arequipa”.

Sin embargo, el actual jefe de Recursos Humanos no presentó documentos que acrediten que realizaba las funciones que mencionó en los comentarios. Solo incluyó las adendas de contrato, relacionadas a su cargo como especialista de procesos administrativos y no como representante de la oficina de personal. El informe concluye que Lizardo Dávila no cumple con el perfil para el puesto de jefe de la Oficina de Recursos Humanos.

 

En sus épocas de alcalde

Las prácticas irregulares, al parecer, serían recurrentes. Cáceres Llica fue alcalde provincial de Caylloma dos veces. El primer periodo, del 2003 hasta el 2006 y, el segundo, desde el 2011 hasta el 2014. Durante su segunda gestión, la Contraloría General de la República realizó una auditoría de cumplimiento a la “Ampliación, renovación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Chivay, en la provincia de Caylloma, Arequipa”, encontrando serias irregularidades. En el Estado, una auditoría de cumplimiento se realiza para comprobar las operaciones financieras, administrativas, económicas y así establecer si cumple con la normativa y legislación que corresponde a su sector.

En el informe, que data del 2017, se determina que en el 2013, el comité, designado por  Cáceres Llica y conformado por Guillermo Hans Valcárcel Valdivia (Gerente de Desarrollo Urbano y Obras Públicas), Eddy Víctor Cayo Álvarez (Subgerencia de Logística), José Salomón Figueroa Huanqui (Subgerencia de Logística), aprobó un expediente incompleto elaborado por la empresa ganadora, Consorcio Goar-Febres Consultores -la única participante en el concurso- y sin pasar por la aprobación de Sedapar, empresa prestadora de servicios de agua potable de Arequipa. Meses después, Consorcio Goar-Febres abandonó la obra, pero se omitieron las penalidades por incumplir el contrato.

Actualmente, dos de ellos son funcionarios en el Gobierno Regional Arequipa. Valcárcel Valdivia ocupa el cargo de Gerente General de Infraestructura y Cayo Álvarez es jefe de la Oficina de Logística y Patrimonio .

El 14 de marzo de 2014, Elmer Cáceres conforma otro comité especial para volver a hacer una nueva licitación del referido proyecto, manteniendo como miembros titulares a Guillermo Hans Válcarcel (Gerente de Desarrollo Urbano) y a José Salomón  Figueroa (Subgerente de Logística), y se sumó a Paul Jesús Cayani (Encargado de contrataciones). Como suplentes, designó a Rosendo Huamán (Subgerente de Proyectos y Liquidaciones), Miguel Velásquez (Gerente de Administración y Finanzas) y Pedro Tomás Samayani (Gerente de planificación y presupuesto) como suplentes.

Cáceres Llica renunció a su cargo como alcalde para postular al Gobierno Regional de Arequipa en el 2014. En su reemplazo, Rodolfo Sabino Sarayasi asumió la alcaldía, y resolvió modificar la resolución. De esta manera, nombra un nuevo comité; donde Rosendo Huamán, quien para ese año ocupaba un nuevo cargo, el de Gerente de Desarrollo Urbano; pasa a ser miembro titular como presidente del comité técnico. Se mantienen Cayani y Figueroa. Como suplentes figuran Walter Livise, Nemecio José Benavente y Pedro Tomás Samayani.

Ese año resultó ganador el Consorcio Saneamiento para la realización de la misma obra, pero el informe de la Contraloría revela que presentaron documentos de manera irregular, y que el comité especial, integrado por los miembros titulares Rosendo Huamán y José Benavente y el suplente Paul Cayani, incrementaron el puntaje sobre los otros postores.

A Consorcio Saneamiento se le entregó 1 344 538,76 soles por adelanto de materiales, sin que le corresponda tal asignación, y 1 344 538,76 soles como adelanto directo; anticipos que no se amortizaron en su totalidad; perjudicando económicamente a la municipalidad por 2 053 817,84 soles.

Asimismo, nombraron a una sola persona, Jorge Escobedo Flores, como supervisor, cuando por la envergadura del proyecto éste debía contar con un equipo. De esta manera, gran parte de la obra se ejecutó sin supervisión, ocasionando que no tenga un desarrollo adecuado y luego sea paralizada, al rescindirse el contrato con Consorcio Saneamiento.

Otro de los personajes que el ahora detenido Cáceres recicló cuando asumió el cargo de gobernador del Gobierno Regional de Arequipa fue Rosendo Huamán Mescco, quien actualmente ocupa el cargo de Gerente Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

 

Denunciado por presunta violación tres veces

Tres mujeres en distintos años denunciaron a Cáceres por presunta violación sexual. El primer caso fue de la ciudadana francesa Carole Marion, en el 2004; pero el expediente se perdió y la Corte Superior de Arequipa solicitó que se inicien las investigaciones. Este proceso quedó archivado, sin presentar objeciones de la Fiscalía, según informaron los medios.

En julio del 2014, otra joven, Yaritza Huilcahuamán, acusó a Cáceres de violación, cuando el político postulaba por segunda vez al Gobierno Regional de Arequipa. Si en la primera acusación se perdió el expediente; en este sucedió que el abogado de la agraviada abandonó su caso y, un año después, pasó al otro lado a defender al mismo acusado: Elmer Cáceres Llica.

Este abogado es Edwin Wilson Esquivel Alcamora, quien también tiene orden de captura, pero se encuentra no habido. Es uno de los hombres de confianza de Cáceres y tiene el cargo de asesor del Gobierno Regional de Arequipa.

El 27 de agosto de 2014, Esquivel asumió la defensa de la joven y el 1 de septiembre logró que se extendiera la declaración de Yaritza Huilcahuamán. Días después de este pedido, Manuel Huilcahuamán, padre de Yaritza, asegura que este abogado llevó a su hija a su oficina. En ese lugar -señala- preparó un encuentro con Cáceres, les tomaron fotos juntos como si fueran pareja, que luego fueron publicadas en un diario local. Yaritza señaló que, en ese momento con apenas 18 años, fue presionada para decir que era novia del gobernador y retractarse de su denuncia.

En octubre de 2015, Esquivel ya ahora como abogado de Cáceres solicitó que el Ministerio Público de Arequipa archive el caso. Y así sucedió en noviembre, la investigación fiscal no llegó a  denuncia penal. El encargado del caso, era el fiscal Óscar Gonzáles Elguera.

En el 2019, el Ministerio Público le abrió a Esquivel una investigación por lo que sería un presunto doble patrocinio en un mismo caso. Sin embargo, el asesor del gobierno regional ha referido que no recuerda haber defendido a Yaritza Huilcahuamán y a Cáceres Llica en el mismo proceso.

Una tercera denuncia contra Cáceres por el mismo delito de violación sexual, se realizó en el 2017. Esta vez la hizo Dionicia Quispe. La denuncia existe, tal como lo señaló la fiscal María Paredes, quien tenía a cargo el caso. La magistrada aseguró que Cáceres Llica no figuraba como implicado; sin embargo, los archivos del Ministerio Público registran que el político sí está denunciado según se refiere en La República. Al final, la investigación fue archivada.

Investigaciones dormidas o archivadas

El mes pasado, la fiscal superior de Arequipa, María Lozada pidió disculpas por el retraso de la fiscal adjunta Roxana Flores en el caso “Jardín del Colca”, obra realizada por el Gobierno Regional Arequipa en convenio con la municipalidad de Yura con presuntos indicios de corrupción.

Para el 2019, Cáceres tenía 87 carpetas fiscales, 17 de ellas fueron archivadas y 60 activas. Como alcalde de Caylloma, en ambas gestiones, registraba 20 denuncias: 7 archivadas y 13 en trámite en ese entonces.

Elmer Cáceres Llica se encuentra actualmente detenido, esperando si el juez acepta el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva por este caso de corrupción. Esta es la primera vez que la justicia ha avanzado en una denuncia de esta magnitud, y que lleva el nombre de esta autoridad regional como denunciado, la misma que fuera el gobernador más poderoso, según la Encuesta Poder 2019. Ahora queda que el Ministerio Público, el Poder Judicial, y la Policía, realicen su labor de manera independiente y sin presiones indebidas, lo que incluye además la protección de quienes han colaborado con la justicia como la agente especial “Samanta”.

 

Crédito de foto de portada:hbanoticias.pe