En primera línea de combate: la situación de la Policía frente a la pandemia

En primera línea de combate: la situación de la Policía frente a la pandemia

Área de Seguridad Ciudadana del IDL

La aparición y propagación mundial del nuevo coronavirus ha supuesto un reto inmenso para el Estado peruano. No solamente nuestro precario sistema de salud pública se ha visto afectado, sino que las repercusiones de la pandemia parecen extenderse a cada esfera y capa de nuestra sociedad. A raíz de esta crisis, una de las principales medidas que el Estado ha implementado es la del distanciamiento social obligatorio mediante la disposición de una cuarentena nacional.

En principio, esto va acorde con las recomendaciones de instituciones especializadas como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir la expansión del virus. Naturalmente, la tarea de velar por el cumplimiento de esta norma fue delegada a la Policía Nacional del Perú. Recordemos que la Constitución política del Perú dispone que la finalidad fundamental de la Policía es “garantizar, mantener y restablecer el orden interno” (artículo N.º 166).

Antes de esta crisis la Policía ya se enfrentaba a serios problemas institucionales que resaltan mucho más en el actual contexto. Por ejemplo, el cuerpo de policías a nivel nacional se extiende a 136 mil efectivos. De acuerdo con cálculos de la propia Policía, para cubrir la demanda y recomendaciones de efectivos por número de habitantes, deberíamos tener al menos 200 mil policías. Esas deficiencias son mucho más marcadas en algunas ciudades como Lima donde, según un reciente informe de la Contraloría, existe un policía por cada mil habitantes.[1] El llamado que el Gobierno hizo a las Fuerzas Armadas para también apoyar en esta labor estuvo evidentemente orientado a disminuir el efecto que este desbalance podría tener sobre la seguridad en un contexto tan difícil como el actual.

Lo cierto es que, más allá de esta y otras falencias, la Sub Comandancia General de la Policía dispuso la elaboración de un plan general en el marco del estado de emergencia decretado para movilizar a todas sus divisiones a nivel nacional. El estado de emergencia ha dejado las calles vacías porque unos de los principales elementos de vigilancia natural, como los son transeúntes y personas en la calle, ya no se encuentran presentes. Ante ello, la Policía se está valiendo de todos sus recursos para mantener el orden y que la ciudadanía cumpla con el confinamiento dentro de sus casas.

Sin embargo, esto viene probando ser mucho más complicado de lo que inicialmente se estimó. Al respecto, hay muchas explicaciones que se podrían brindar: las carencias en calidad de vida de un sector amplio de la población que vive del día a día debido al carácter informal de su trabajo, la falta de conciencia de algunas personas con respecto a la gravedad del riesgo que presenta el nuevo coronavirus y la ocasional actitud de estar por sobre la ley de algunas personas intervenidas.

Hasta la fecha, son aproximadamente 55 mil personas detenidas por la Policía y las Fuerzas Armadas desde que se inició el periodo de cuarentena por no respetar los horarios de salida establecidos. Los picos de detenciones han sido de hasta 3 mil personas en un solo día y el punto más bajo siendo de 600 detenidos durante el Viernes Santo pasado.

Es indudable que está ha sido una de las principales dificultades del actual estado de emergencia que ha resaltado la prensa. Por ejemplo, cuando todavía no había transcurrido mucho tiempo desde la declaración del aislamiento social obligatorio se hizo mucho eco sobre el hecho de que la delincuencia se haya reducido en un 84 % a consecuencia de la misma. Evidentemente, sin gente en las calles es mucho más fácil custodiarlas. Pero como consecuencia de esta resonancia dirigida se ha creado una falsa idea de que la Policía solamente se ha dedicado a este tipo de intervenciones.

Un aspecto muy poco mencionado por la prensa es la labor de inteligencia que también desarrolla la Policía paralelamente a su accionar callejero. A raíz de una serie de llamados que un grupo de personas realizó en diversas plataformas sociales para aprovechar la poca vigilancia en las calles y promover saqueos en mercados y supermercados, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) detuvo a 11 personas.[2] Labores como esta se vienen realizando constantemente.

Pese a los muchos cuestionamientos que también han surgido durante las últimas semanas a propósito del accionar de efectivos policiales y militares, como aquellos policías detenidos durante una fiesta que realizaban en plena cuarentena,[3] la discriminación de algunos efectivos hacia miembros de la comunidad trans detenidos,[4] y algunos otros hechos desafortunados, la autoridades máximas de la Policía han sido rápidas en responder de manera efectiva para alejar a estos malos elementos de su institución o ejercer medidas disciplinarias ejemplares contra ellos.

Pero uno de los temas que recientemente viene siendo discutido con más frecuencia es el tipo de medidas que se han tomado desde el Estado y la propia institución policial para resguardar la seguridad de los policías que también están en la primera línea de combate contra el nuevo coronavirus y tienen a su cargo la realización de estas tareas: en su mayoría suboficiales y oficiales de menor rango. ¿Cuál es su situación?

Hasta el domingo 12 de abril, el MININTER arrojó un balance al respecto. Se hicieron 9135 pruebas (entre rápidas y moleculares) para determinar cuántos efectivos policiales pudieron haber sido contagiados por el virus. El resultado arrojó 217 casos positivos, de los cuales 55 fueron atendidos de manera hospitalizada, y 9 de ellos se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI). La cantidad de bajas no es nada despreciable si se toma en cuenta que los policías representaban, hasta esa fecha, casi el 3 % del total de infectados y el 7 % de ocupantes de UCI en el conteo oficial. Esto ha llevado a una preocupación mayor: hacer test masivos constantemente. Se tiene previsto que en los próximos días se lleguen a realizar unas 30 mil pruebas.

¿Pero solo las pruebas masivas pueden ayudar a que la Policía pueda hacerle frente a la expansión del nuevo coronavirus? Allí existen serias limitaciones. Se necesitan procedimientos adecuados para las intervenciones y no los que normalmente se aprecian, como si fueran operativos rutinarios de un tiempo donde la pandemia no causaba estragos. Y para ello también se necesitan los instrumentos e implementos adecuados, acorde con la protección que merece nuestra Policía. A esto se le suma la garantía de que, en caso de caer contagiados por el nuevo coronavirus, puedan ser atendidos inmediatamente y bajo el cuidado médico necesario.

Al respecto, IDL-Seguridad Ciudadana consultó  con diversos miembros de las fuerzas policiales, en distintas partes del país, para que pudieran darnos su opinión y contarnos sus experiencias de cómo se está llevando a cabo las operaciones en torno a la pandemia. Por motivos evidentes, y por propio pedido de nuestras fuentes, no podemos detallar sus nombres debido a las represalias que han estado sufriendo de parte de algunos mandos superiores. Sin embargo, daremos detalles fidedignos de sus declaraciones.

 La lucha en la primera línea

Habiéndose cumplido ya la cuarta semana del aislamiento social obligatorio impuesto por el Gobierno, la Policía ha sido la institución más expuesta en las calles al contagio del nuevo coronavirus. Como se ha visto, su función de hacer cumplir las normas y el orden público le acarrea una mayor interacción con la población. Y esto resulta más preocupante si se toma en cuenta que sin los protocolos de bioseguridad adecuados, las detenciones y el traslado de personas en vehículos hacia las comisarías posibilita una mayor exposición a la pandemia. ¿Cuál ha sido el resultado de este prolongado contacto social?

Empezamos en Loreto, una de las tres regiones con mayor número de contagios del país, donde el clima de trabajo para la Policía no es muy alentador. En una de las conocidas zonas populares de Iquitos, la capital, una comisaría apenas ha dotado a algunos de sus miembros de mascarillas, un instrumento elemental para el patrullaje. Las palabras de un suboficial grafican tanto su preocupación como su indignación: “En mí comisaria solo dieron 40 mascarillas si somos 100. Y por única vez en la semana de emergencia. Es un robo total a simple vista, son unos sinvergüenzas. Pero ahí vamos luchando. Fuerza es lo que necesitamos. Sé que saldremos de esto”.

En las redes sociales también es frecuente encontrar quejas de algunos efectivos policiales por el tipo de material de protección sanitario que se les da. Además de que no se les otorga a todos sus miembros, las denuncias resaltan que son materiales de mala calidad. Por ejemplo, en el caso de las mascarillas, esto obliga a que tengan que confeccionarlas de manera casera, o incluso comprarlas en boticas y hasta a los ambulantes. Cualquier persona que se encuentre en la calle por estos días, cuando ve un policía, se puede percatar de que no todos llevan las mismas mascarillas.

Pero existe otro tema delicado que resalta en las quejas policiales que recibimos: el problema de la corrupción. Hace poco se hizo conocida la denuncia contra el general PNP Héctor Petit Amésquita, debido a la sobrevaloración de alimentos y material sanitario. Si bien la investigación se encuentra en curso, y tan solo se le ha reasignado de su cargo, parece que no sería un caso aislado. La investigación periodística viene encontrando otros casos que involucran altos mandos. Así, Punto Final denunció irregularidades en la compra de material sanitario y otros productos, que involucrarían al comandante PNP José Luis Pérez Cumpa. Ante estos hechos, el ministro Carlos Morán ha dispuesto que Contraloría haga seguimiento de todas las compras que va a adquirir la Policía durante el estado de emergencia.

Tales sucesos generan desmoralización entre los subalternos, quienes no solo tienen que exponer su vida en las operaciones, sino que deben realizar sus actividades contando con un pobre equipamiento, provisión de recursos y otros menesteres. En Lima, una miembro policial nos cuenta su experiencia: “Solos nos dan un pan con una cajita de Frugos. Tampoco tenemos movilidad después del servicio, y en la calle no hay baños adonde ir, no te prestan”. Lo mismo nos comenta un integrante de la Sanidad de la Policía: “Yo estoy yendo a trabajar todos los días en horario normal y de almuerzo me dan una lata de atún, galleta y barra energética. Mi oficina está dentro del hospital; muchos están cayendo por ahí”.

Las denuncias de los subalternos están empezando a hacerse públicas. Este ha sido el caso del SO PNP Dante Reátegui Portocarrero, que trascendió mediáticamente debido a la separación temporal de su cargo. Se le impuso este castigo por haber denunciado el abandonado y la necesidad de hacer pruebas en su comisaría, en Breña, ya que uno de sus compañeros estaba contagiado. Hace poco se le reincorporó a su unidad, pero esto obedece más a una presión de la opinión pública y la imagen que la institución quiere preservar. Sin embargo, han existido otros casos de policías que ya padecen de la COVID-19, y que no se les atiende en hospitales. A muchos enfermos, se les pide que se queden en sus casas, con el grave problema de exponer a sus familias.

Según nuestras fuentes, en Cusco existía una renuencia por parte del personal subalterno a formar parte de las brigadas de recojo de cadáveres por temor a contagiar a sus familias. En nuestro país, la pandemia aún no llega a su punto más alto, pero con el aumento del número de infectados las camas de hospitales, y en especial las camas UCI, no se darán abasto para la atención de los enfermos más graves por lo que aumentará el número de fallecidos. Esto va a traer consigo que haya muchas muertes en las casas de los contagiados, e incluso en las calles, como ya vienen ocurriendo casos en otros países del mundo, y Ecuador es un ejemplo no muy lejano de ello. La modificatoria de la Directiva para el Manejo de Cadáveres COVID-19[5] dispone que las fuerzas del orden participen en estas brigadas de recojo. Este ha sido un tema de preocupación en muchos efectivos por el contacto directo con la enfermedad y el temor de poner en riesgo a sus propias familias. Y mucho más cuando la experiencia los alecciona de que no reciben los instrumentos adecuados para ello, y tienen que luchar contra la precariedad.

Una doctora que trabaja con la Policía en la región Tacna nos brinda su testimonio de esta precariedad y la poca previsión que existen en algunas comisarías: “Me dan pena los policías: he visto cómo se tienen que comprar sus guantes y mascarillas. Y otros no saben intervenir, piden documentos y hasta agarran los papeles cuando no deberían tocar nada porque se pueden contagiar. Y hasta esto la persona sigue andando y contagiando”. Y a esto le suma una preocupación común en las regiones: no se han implementado laboratorios para hacer las pruebas moleculares, que son las más fidedignas, y por lo tanto no se puede conocer el número real de contagiados, ni se les puede aislar.

Tal desprotección ha llegado a un punto que termina siendo para los policías una preocupación por sus vidas. Un oficial, en Lambayeque, una de las regiones donde la pandemia avanza con mayor ritmo, nos comenta su situación: “Acá en Lambayeque está muy fuerte la contaminación, siguen aumentando los infectados, pero tenemos que salir adelante. Una lástima realmente, triste para la institución. 17 policías contagiados, 2 están hospitalizados. Somos más de 3000 los que cuidamos”. Pero a pesar de esta situación, ellos continúan haciendo su labor.

La declaración de un suboficial, quien se encuentra asignado a la región de Loreto, ilustra muy bien la situación de contrariedad de la Policía ante esta situación, pero también su compromiso con la ciudadanía y la confianza de que las cosas mejoren: “La Policía está en la primera línea de combate frente al COVID-19. Mucho más aún en estos tiempos de angustia y dolor de la gente. A la Policía, siendo pueblo hecho ley, le toca la primera línea de combate, es su puesto y debe hacerlo con el apoyo del Gobierno. Es necesario atenderlos; de lo contrario habrá más contagios. Si el Gobierno es eficiente y eficaz, podría resolverse este problema”.

Buscando nuevos caminos

La situación de la Policía resulta sumamente preocupante. Si bien el Gobierno ha buscado subsanar algunas desatenciones y desaciertos, es necesario que se reformulen bien su política de operaciones. Se hace necesario levantar la moral de nuestras fuerzas del orden, dotarlas de los recursos adecuados para esta emergencia y asegurarles protección sanitaria. Además de ello, sería importante establecer incentivos y el seguro adecuado para los riesgos que están afrontando, tal como se viene haciendo acertadamente con nuestro personal de salud, quienes se encuentran en uno de los frentes de esta primera línea.

La preocupación de los suboficiales y oficiales de menor rango, quienes luchan día a día en el campo, es más que notoria. Como personas cuya labor es proteger la vida de otras personas, no solo deben afrontar riesgos para sí mismos y para sus cuerpos policiales, sino vivir con el temor de contagiar a sus familias. Por ello la necesidad de reforzar las medidas necesarias en esta lucha contra la expansión del nuevo coronavirus. Desde IDL-Seguridad Ciudadana sugerimos atención indispensable en la capacitación sanitaria, nuevos protocolos de detención y traslado, mejores implementos de bioseguridad y la prueba masiva de test periódicos, así como un seguro de protección adicional para nuestras fuerzas del orden.

Hace poco el fallecimiento del SO PNP Víctor Felipe Vásquez Meneses, quien padecía COVID-19, refleja aquellas cosas que se deben cambiar en la Policía. Casos como él,[6] y los sensibles fallecimientos de otros policías más en la primera línea de combate, nos hablan de la necesidad de atender a las personas más vulnerables de la propia institución. Y en general de otorgar protección y el reconocimiento adecuado, así como un homenaje a aquellas “vidas que cuidan tu vida”, tal como reza una de las frases policiales más conocidas. En este sentido, y desde este espacio, un aliento incansable para nuestros buenos policías, y un llamado de conciencia a la ciudadanía que se encuentra en las calles de forma innecesaria, exponiendo su salud, la de sus familiares y a las fuerzas del orden. La lucha contra la expansión del nuevo coronavirus aún continúa.

[1] Esta información corresponde al Informe Consolidado N. 1720-2019-CG/SIE-SOP “Seguridad Ciudadana” de la Contraloría General de la República. De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la tasa de policías recomendada por cada mil ciudadanos es de 2.86 aproximadamente.

[2] Al respecto ver: https://peru21.pe/lima/cuarentena-por-covid-19-hay-11-detenidos-por-convocar-a-saqueos-noticia/.

[3] Ver: https://diariocorreo.pe/peru/coronavirus-peru-detienen-a-comandante-2-comisarios-y-6-policias-en-una-fiesta-de-ica-paracas-covid-19-estado-de-emergencia-pnp-nndc-noticia/.

[4] Ver: https://www.elmostrador.cl/braga/2020/04/08/transexuales-sufren-discriminacion-de-policias-durante-la-cuarentena-en-peru/.

[5] Directiva Sanitaria N.o 087-MINSA/2020/DIGESA.

[6] Vásquez Meneses tenía más de sesenta años, y estaba a poco tiempo de retirarse tras dedicar más de la mitad de su vida al servicio de la Policía. Su caso llama a la urgencia de no exponer la vida de nuestros policías más vulnerables en primera línea.

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