“Es mentira que el Perú se pueda reír de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” sostiene la excomisionada de la CIDH Julissa Mantilla
En el conversatorio “La Ley de Amnistía: retos para la defensa de los derechos humanos y la democracia en el Perú”, organizado por el Instituto de Defensa Legal, estuvieron presentes actores decisivos en el sistema de derechos humanos peruano e internacional. Una de los ponentes fue la excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la abogada Julissa Mantilla.
Mantilla señaló que la falta de valores y de ética es lo que nos está llevando a la situación de precariedad del sistema de justicia y que hay responsables y cómplices. “Lo que se está diciendo son mentiras: decir que ‘de La Corte IDH nos reímos’ o que ‘no se han agotado los recursos internos’ es falso, y no podemos ser cómplices de una mentira tan grave. Sabemos que el juez peruano elegido en la Corte IDH se reunió antes de la audiencia con los agentes del Estado. Cuando yo fui comisionada nunca me reuní con nadie del Estado peruano, ni siquiera con las organizaciones de derechos humanos, y eso que los aprecio y son mis amigos. La CIDH y La Corte IDH tienen que ser imparciales y mantener esa imagen”, puntualizó.
Sobre la ley de amnistía, la excomisionada de la CIDH sostuvo que la doctrina del control de convencionalidad es clara en señalar que es una obligación de los jueces y juezas aplicarlo, pero no solo de ellos: “La Corte desde el caso Almonacid en adelante ha ido mejorando la jurisprudencia y sostiene que todos los funcionarios de todas las áreas tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad. Y hacerlo no solo con las sentencias, sino con las opiniones consultivas que implica interpretar el tratado”.
Además, fue enfática al decir que es mentira que la Corte se haya inventado la función de supervisión solo porque en la Convención Americana no se establece explícitamente que debe supervisar. Precisó: “Esto se remonta al caso Baena contra Panamá de hace años. Panamá le dijo a la Corte que esa función no está en la Convención Americana, y la Corte respondió que tiene la competencia de interpretar el tratado y nadie le puede decir cuál es su competencia, y que en sus 14 años de funcionamiento (en ese momento) todos los Estados habían aceptado su supervisión”.
Sobre la situación específica del Perú, Mantilla aclaró que la resolución de la Corte del 3 de septiembre de este año menciona que hay 56 sentencias peruanas, y que en todas ellas el Estado aceptó la supervisión. Por lo tanto, ya se generó esta práctica en el caso de Perú.
“Hay un contexto de fragilidad de la defensa de los derechos humanos. Lo preocupante es que mucha gente no sabe lo que pasa y la están malinformando. Hay leyes que recortan derechos como la ley APCI, o la que prohíbe el lenguaje inclusivo, o la prohibición del uso de los baños por parte de la población LGTBI (que niega la diversidad), o la que va a criminalizar la las mujeres que denuncien violencia familiar porque dizque son denuncias falsas. Todas ellas, más las leyes de prescripción y de amnistía, contribuyen a debilitar la democracia”, manifestó.
¿Cómo empezamos a vincular los derechos humanos a la garantía de la democracia? La excomisionada de la CIDH recordó que la Corte IDH ha recibido una opinión consultiva de Guatemala para considerar a la democracia como un derecho humano fundamental. También sostuvo que hay un vínculo de la democracia con la no discriminación, y se puede plantear que la ley de amnistía es discriminatoria porque perjudica a las víctimas que constituyen un grupo vulnerable y a sus familias porque los estándares de la Corte IDH están reconociendo que los familiares de los desaparecidos y ejecutados han dedicado su vida a la búsqueda y defensa de derechos.
Mantilla concluyó con la siguiente afirmación: “Se ha demonizado la lucha por los derechos humanos y no se están reconociendo tampoco los otros derechos. El país se perjudica con esta ley de amnistía”.