Espinar: Comunidades piden que se haga efectiva sanción para juez de Yauri por no resolver demandas

Espinar: Comunidades piden que se haga efectiva sanción para juez de Yauri por no resolver demandas

Luego de cuatro años, el magistrado Edwin Florencio Cruz Domínguez no emite sentencia en primera instancia sobre dos demandas constitucionales. Es por eso que el presidente de la comunidad campesina Huisa (Espinar), los afectados por metales pesados de Espinar y los abogados de Derechos Humanos sin Fronteras-Cusco e IDL, han solicitado a la Oficina Distrital de Control Interno de la Corte de Justicia de Cusco que haga efectiva la sanción contra este juez.

En mayo de este año, los abogados del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, Juan Carlos Ruiz y Maritza Quispe, viajaron a Yauri para entrevistarse con este juez mixto que debía resolver las demandas.  Edwin Cruz les informó que ambas sentencias serían expedidas muy pronto.

Al mes siguiente, la Oficina de Control Interno le impuso el descuento del 10% de su sueldo por no expedirlas. Encontraron que había “responsabilidad funcional por falta grave”, ya que estamos ante procesos constitucionales que deben ser tramitados de forma rápida porque se consideran tutela de urgencia.

“No ha resuelto la demanda de cumplimiento en favor de afectados por metales pesados de Espinar, que fue presentada en el año 2015 por Defensa de Paccpaco Afectada por la Mineria (Adepami) contra Diresa- Cusco por no brindar atención médica a los miembros de las comunidades campesinas afectados encima de los límites máximos permisibles por metales pesados. Esta demanda fue presentada con la defensa legal de Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco, IDL y CooperAcción”, sostiene Juan Carlos Ruiz, del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.

La otra demanda no resuelta es el amparo por omisión de consulta la consulta previa de Antapaccay, que fue presentada en el año 2015 por la Comunidad campesina Huisa contra el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) por omisión de la consulta previa del proyecto Antapaccay, propiedad de la transnacional Glencore, que aprobó la exploración y la certificación ambiental del proyecto sin informarles ni consultarles. Esta demanda fue presentada con la defensa legal de Asociación Por la Vida y la Dignidad Humana – Aporvidha e IDL.

 

 

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