Evalúan ordenar cese de actividades a empresa Ocho Sur tras audiencia judicial por operar megaplantación sin autorizaciones ambientales

Evalúan ordenar cese de actividades a empresa Ocho Sur tras audiencia judicial por operar megaplantación sin autorizaciones ambientales

 

El último jueves 9 de mayo se realizó la audiencia de apelación en la Tercera Sala Constitucional de Lima, en el marco de la demanda de amparo presentada contra Ocho Sur P. S. A. C. por operar una megaplantación en Ucayali sin autorizaciones ambientales.

Se trata de una demanda suscrita por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Kené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, en enero de 2023, a raíz de las constantes actividades agrícolas de producción de palma aceitera que realiza Ocho Sur en su megaplantación de más de 6800 hectáreas, ubicada en el fundo Tibecocha.

En la demanda, se afirma que, al no contar con la autorización de cambio de uso y el instrumento de gestión ambiental, exigibles de acuerdo con la legislación nacional, la empresa afecta el derecho a gozar de un medio ambiente sano y el derecho a la salud de las comunidades. Frente a ello, se solicitó al Poder Judicial que Ocho Sur cese sus actividades.

 

Parte demandante reforzó argumentos de fondo

En la audiencia del último jueves, el abogado del IDL y de la parte demandante en el caso, Isaac Peña Lobato, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) ha acreditado que en casos de materia ambiental, como la demanda contra Ocho Sur, el amparo es la vía idónea.

Asimismo, la parte demandante propuso varios argumentos de fondo. Uno de ellos fue que Ocho Sur no cuenta con autorización de cambio de uso de suelos, de acuerdo a la Resolución Gerencial Regional 090-2021-GRU-GGR del 28/04/2021, que declara nula de oficio la autorización administrativa a la empresa. Otro argumento fue que la aprobación de la autorización del cambio de uso de Ocho Sur fue cuestionada por la Contraloría General de la República.

“La propia demandada ha reconocido que, efectivamente, no cuenta con autorización de cambio de uso. Ha judicializado esta resolución (de negación de cambio de uso) que he mencionado. Y en su cuarta pretensión principal pide que se confirme la aprobación del cambio de uso. La propia demandada, al judicializar y al pedir como pretensión que se reconozca esta aprobación, reconoce que no lo tiene”, sostuvo durante la audiencia el abogado Isaac Peña.

Asimismo, se mencionó que la empresa no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni Instrumento de Gestión Ambiental. Según informe 0058-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-LGCB, Ocho Sur tramitó un Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), del cual se desistió el 10 de abril del 2024, pero días después volvió a tramitar otro PAMA. Así, se confirma la carencia de estos instrumentos, exigidos por Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento, en la que se establece que es obligatorio contar con esta certificación en actividades que impliquen un considerable impacto ambiental negativo.

Sumado a ello, el abogado Peña Lobato enfatizó que, en diciembre del 2023, en su respuesta al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales, por alegaciones de violaciones de derechos humanos de parte de Ocho Sur, el Estado peruano sostuvo:

Ocho Sur P S.A.C. no cuenta con instrumento de gestión ambiental aprobado, y, consecuentemente, no existen compromisos socioambientales asumidos con relación a la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya. No obstante, el administrado se encuentra obligado al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a sus actividades agrícolas contenida en el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278, entre otras disposiciones legales aplicables al caso”.

Por su parte, la defensa de la empresa solicitó el archivamiento del caso. Incluso, de manera sorprendente, aseguró que la primera línea de protección de los derechos fundamentales y la protección al medio ambiente no era la justicia constitucional, sino las autoridades administrativas.

Con todo, se espera que la Tercera Sala Constitucional de Lima dicte una resolución que haga justicia frente al accionar de una empresa que opera en una megaplantación sin instrumentos ambientales aprobados.

 

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