Pronunciamiento: Exigimos sanción para los responsables de las muertes en Bretaña y una mesa de diálogo para el pueblo kukama
En la madrugada del 9 de agosto se produjo un enfrentamiento entre manifestantes indígenas del pueblo kukama y personal policial en lo localidad de Bretaña (Loreto, Requena, Puinahua), tras el intento de toma del local donde funcionan las instalaciones de la empresa Petrotal en el lote 95. El saldo fue de 3 indígenas muertos y 17 heridos (11 civiles y 6 efectivos policiales). Al respecto, el IDL señala lo siguiente:
1. Condenamos las muertes de los manifestantes indígenas y rechazamos categóricamente el uso de la violencia como medio para controlar conflictos sociales. Es indignante que los pueblos indígenas deban recurrir a esta clase medidas cuando intentan que sus justos reclamos sean atendidos por el Estado. ¿Dónde están los congresistas, los gobiernos subnacionales y el propio Gobierno Central? Desde hace mucho, el pueblo kukama ha denunciado el abandono que sufre por el incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa petrolera: servicios básicos como agua y electricidad, que son más urgentes durante la pandemia, así como la ausencia de medidas de parte del Estado para proteger su salud, y finalmente sus vidas de la COVID-19. Asimismo, no han recibido ningún tipo de apoyo gubernamental tras 40 años de explotación petrolera irresponsable, con graves pasivos ambientales que han afectado su propia subsistencia e incrementado su vulnerabilidad.
2. Reconocemos que el derecho a la protesta social y la libertad de reunión ejercidas por los manifestantes tienen límites, entre los que se encuentran el respeto a la integridad física y a la propiedad. Asimismo, tiene también límites el uso de la fuerza que emplean los efectivos policiales. Por eso, condenamos el uso recurrente e indiscriminado de la fuerza policial contra la población desarmada en Bretaña, que solo portaba palos y flechas que forman parte de su indumentaria tradicional. El uso de la fuerza –y en particular de las armas de fuego en contextos de protestas sociales– debe ser razonable, proporcional y solo utilizado como última medida, cuando sea estrictamente necesario.
3. Exhortamos a las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público a investigar y sancionar ejemplarmente a los responsables de las muertes y los heridos, como públicamente lo ha demandado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos encontramos frente a un conflicto social, un problema político y no criminal. En tal sentido, el Estado debe responder a estos conflictos desde la política y no desde la represión. A la agenda planteada por las organizaciones indígenas, el Estado debe responder con políticas públicas inclusivas, que den soluciones a los problemas de fondo y no criminalizando a los líderes indígenas.
4. Finalmente, es necesario recordar que los actos de violencia aislados no deslegitiman una protesta social, como ha reconocido el Tribunal Constitucional en la reciente sentencia que reconoce el derecho a protestar. En ese sentido, hoy corresponde al Gobierno atender con urgencia las necesidades del pueblo kukama, así como a la empresa petrolera cumplir con sus obligaciones para con las comunidades de Bretaña. Además, debe instaurarse una mesa de diálogo que tenga por objeto resolver las causas que dieron origen a este conflicto.