Fallida designación en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
Debido a una denuncia por acoso sexual, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial solicitó suspender la juramentación de Gonzalo Zabarburú Saavedra como representante de las cortes superiores del país ante el Consejo Ejecutivo de la institución. El Poder Judicial ha fijado hoy una nueva fecha para la elección: el miércoles 28 de agosto.
*Por Miguel Loayza y Luis Miguel Purizaga.
El 15 de agosto, la Corte Suprema designó a cuatro nuevos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (PJ), la máxima instancia administrativa de la institución, entre cuyas funciones están las de proponer la política general del PJ, fijar el presupuesto o establecer nuevos juzgados.
Como representante de los jueces supremos fue elegido Javier Arévalo Alva, hasta hace poco presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Él acompañará a Héctor Lama More, quien representa a la Corte Suprema en el Consejo Ejecutivo desde el 2017.
Otra de las elegidas, en representación de los jueces especializados o mixtos, fue Mercedes Pareja Centeno, hasta hace algún tiempo miembro del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ica. Días atrás, la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú votó como su representante a Manuel Castillo Venegas, decano del Colegio de Abogados de Piura.
Sin embargo, la designación más llamativa fue la de Gonzalo Zabarburú Saavedra como representante de los jueces titulares de las cortes superiores de justicia del país.
Zabarburú, quien inició su carrera judicial como suplente en el Juzgado de Paz Letrado de Chachapoyas en 1997, siguió a lo largo de los años un paulatino ascenso hasta presidir la Sala Penal de Apelaciones de esa jurisdicción. En diciembre del año pasado, fue elegido presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, gracias al voto de seis de los nueve magistrados que conforman la sala plena.
Sin embargo, su aparentemente sólida carrera no ha estado exenta de cuestionamientos. En el 2015, en el marco del proceso de evaluación y ratificación 001-2015-CNM, el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evaluó algunas denuncias y procesos que Zabarburú llevaba a cuestas.
Entre las más resaltantes, según la resolución del CNM revisada, figuraba “una multa rehabilitada correspondiente a un día de sus haberes”, una suspensión de quince días -que para entonces se encontraba en apelación- y tres quejas registradas en la ODECMA de Amazonas. Asimismo, registraba ocho cuestionamientos de participación ciudadana, ante las que Zabarburú había presentado sus descargos.
Aquellos antecedentes no fueron impedimento para que el pleno del CNM decidiera ratificarlo. A su favor votó el entonces vicepresidente del CNM, Guido Aguila Grados, así como Orlando Velásquez, Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe y Máximo Herrera Bonilla.
Solo el entonces presidente del CNM, Pablo Talavera Elguera, votó en contra de la ratificación. Entre sus fundamentos, Talavera puso énfasis a la suspensión de quince días que la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura dictó contra Zabarburú, pues estaba vinculada a un delicado proceso por tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo a la resolución del 28 de diciembre del 2012 -citada por Talavera-, Zabarburú incurrió en una grave irregularidad en la sentencia que dictó contra Pedro Abilio Alva Vásquez, procesado por narcotráfico. El fallo de Zabarburú habría beneficiado de manera indebida a Alva, al no tomar en cuenta el agravante establecido en el Código Penal para ese delito. De esta manera, luego de un breve período, el condenado accedió al beneficio de semilibertad y fue finalmente liberado.
De acuerdo al entonces presidente del CNM, “los descargos presentados por el doctor Zabarburú Saavedra ponen en evidencia que carece de sentido crítico respecto a las consecuencias de sus acciones u omisiones y que incurrió en un grave incumplimiento de sus deberes funcionales […]”.
Pero las denuncias que ha acumulado Zabarburú Saavedra a lo largo de los años no se limitan a su desempeño como magistrado. Este año, el Ministerio Público inició una investigación en su contra por el presunto delito de acoso sexual, a raíz de una denuncia presentada el 22 de abril de este año por una magistrada de Amazonas. Es finalmente este proceso el que ha decidido su suerte como miembro del Consejo Ejecutivo.
Denuncia por acoso
De acuerdo a la denuncia, el hecho habría tenido lugar el último mes de febrero, en las oficinas de la sede del Poder Judicial en Amazonas. Enterada de este hecho, la Comisión de Justicia de Género del PJ, presidida por la jueza suprema Elvia Barrios, solicitó hoy a la presidencia del Poder Judicial suspender la juramentación de Zabarburú, que iba a tener lugar hoy también.
La Comisión recordó que una de las políticas del Poder Judicial es rechazar los actos de violencia, y que la gravedad de las imputaciones ameritan tomar una medida urgente, hasta que las investigaciones culminen.
Esta mañana, según pudo conocer Justicia Viva, Zabarburú declinó de juramentar como nuevo miembro del Consejo Ejecutivo. La decisión fue aceptada por el presidente del PJ, José Luis Lecaros, quien ha convocado a una nueva elección para este miércoles 28 de febrero, en el que se elegirá al nuevo representante de las cortes superiores.
Dentro del Poder Judicial se comenta en estos días la necesidad de establecer filtros más rigurosos para la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo, el órgano de gobierno más importante de la institución. Las observaciones se centran en dos puntos: la presentación y difusión de planes de trabajo y la revisión de antecedentes de los postulantes.
“Es importante que existan canales oficiales para que los candidatos presenten sus planes de trabajo y hojas de ruta, y así, en algún momento, puedan rendir cuentas sobre cuánto de lo propuesto fue finalmente cumplido. También es importante tener pleno conocimiento de eventuales denuncias o investigaciones en curso”, indicaron fuentes del Poder Judicial, conocedoras del último proceso, a Justicia Viva.
*Foto: Andina.