Familias de diversas regiones continúan a la espera de productos de primera necesidad

Por Miguel Loayza

El 27 de marzo, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia 033-2020, que estableció medidas para reducir el impacto del estado de emergencia sanitaria en la economía peruana. Entre lo contemplado, se autorizó la transferencia de S/. 213 650 000 a diversos gobiernos locales, a fin de que adquieran y distribuyan canastas básicas con productos de primera necesidad para la población más vulnerable.

Varios días después de que los municipios de su localidad recibieran la partida presupuestal por parte del Gobierno Central, familias de diversas regiones del país continúan a la espera de ser asistidas. Las irregularidades que vienen retrasando las entregas fueron expuestas en una serie de informes que la Contraloría vienen emitiendo en estos días, y que fueron revisados por Justicia Viva.

Esta semana, equipos de control visitaron las sedes de municipios distritales en Ucayali, San Martín y Amazonas. El 8 de abril, por ejemplo, un equipo de control se reunió con funcionarios de la Municipalidad de Manantay, en la provincia ucayalina de Coronel Portillo, para verificar el proceso de entrega de las canastas familiares a la población local. Los inspectores corroboraron que, ocho días después de haber recibido la transferencia de S/. 200 mil soles, el municipio aún no había adquirido todos los productos de la canasta básica. 

De acuerdo a los funcionarios del municipio de Manantay, la entrega de los productos por parte de los proveedores se daría el sábado 11 de abril, el armado de los paquetes finalizaría al día siguiente y su distribución entre la población tendría lugar el 13 y 14 de este mes.

Según señala la Contraloría en su informe, “el perjuicio que este retraso generaba a las familias vulnerables se acentuaba por la inmovilización social obligatoria que rigen los días 9 y 10 de abril”. Además, la dilatación del proceso contravenía lo dispuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que instó a los gobiernos locales a concretar la entrega a la brevedad posible. De acuerdo a la “Guía de orientación para la adquisición y distribución de las canastas familiares”, elaborada por la PCM, la asistencia a la población afectada por la restricción de las actividades económicas es de carácter urgente.

De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el nivel de pobreza en Manantay es de 45.6%, y el 14.8% de su población vive aún en la extrema pobreza.

Dos días antes, el 6 de abril, representantes de la Contraloría visitaron la sede de la Municipalidad de Luya, en Amazonas. Se constató que el municipio, que recibió la partida de S/. 100 mil soles, no había asistido a las familias de su jurisdicción y ni siquiera contaba con un padrón de beneficiarios. Tampoco se había fijado los criterios para elegir a las familias que serían beneficiadas, lo que, de acuerdo al informe emitido, implicaba el riesgo de que la ayuda fuera otorgada “a discrecionalidad” de los funcionarios municipales.

Otra inspección fue realizada en la Municipalidad Provincial de San Martín, en la que se revisó un padrón de 2 790 beneficiarios, con nombres duplicados y números de DNI que no coincidían con la base de datos de la RENIC. Ello, según el órgano de control, podía derivar en que se entregue más de una canasta a un mismo beneficiario, o que no se pudiera ubicar a las personas que figuraban en los padrones.

Más familias a la espera

El caso de Amarilis, en Huánuco, es otro ejemplo de los problemas que han impedido que diversas familias pobres reciban el apoyo debido.

El 6 de abril, un equipo de la Contraloría se reunió con el alcalde, Antonio Pulgar Lucas, y el gerente de Desarrollo Social, Erick Ferruzo Suárez. Los funcionarios municipales entregaron el acta suscrita por los beneficiarios, en la que figuraban el tipo y la cantidad de los productos entregados.

Luego, el equipo de control se dirigió a la parte alta del asentamiento humano San Luis, sector 5, para verificar la entrega de las canastas a las familias. Allí, luego de revisar varias de las bolsas que habían sido entregadas, se observó que los productos no estaban completos. Se advirtió, también, problemas en la identificación de los beneficiarios en los padrones.

Problemas similares se han registrado tanto al norte como al sur del país. En sus informes, la Contraloría advirtió anomalías en cuatro distritos de Lambayeque. En Olmos, por ejemplo, los productos adquiridos figuraban con un precio notoriamente superior a los de la oferta más baja en el mercado; el sobrecosto, de acuerdo al órgano de control, impedía que más familias pudieran ser asistidas.

En José Leonardo Ortiz -que recibió una partida de S/. 500 mil- y Monsefú, hacia el 8 de abril los municipios no habían completado la adquisición de los productos y tampoco tenían listo el padrón de beneficiarios.

Al sur, la Contraloría constató situaciones adversas en dos distritos en Moquegua. En Torata, el municipio no tenía ni siquiera listo el padrón de familias; en Samegua, los almacenes no cumplían con las normas sanitarias -se encontró palomas y heces de bichos y animales-, lo que podía afectar el estado de los productos y la salud de las familias más vulnerables.

Como se recuerda, el Gobierno emitió ayer el decreto supremo N° 064-2020-PCM, que prolonga el estado de emergencia sanitaria hasta el 26 de abril, y con ello las restricciones a las actividades de subsistencia de familias en situación de pobreza y extrema pobreza en todo el país.