Federaciones indígenas de la Amazonía demandan al Ministerio del Interior por no protegerlos de amenazas a sus vidas y territorios
La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) demandaron al Ministerio del Interior (Mininter) por no brindar medidas de protección a las personas defensoras de derechos humanos a nivel nacional.
El monitor territorial Herasmo García Grau, originario de la comunidad kakataibo de Sinchi Roca I, fue asesinado el 27 de febrero de 2021 por desconocidos. La evidencia sugiere que el crimen fue perpetrado por narcotraficantes que buscan ingresar en territorio indígena.
La demanda de cumplimiento, dirigida también contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), busca exigir judicialmente la aprobación de los llamados “Lineamientos de Actuación” del Mininter, en el marco del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. El caso está ahora en manos del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima.
El problema de la violencia contra las personas defensoras es especialmente grave en la Amazonía, donde se han registrado 21 asesinatos y desapariciones desde 2020. Como resaltaron IDL y Proética en el informe Mecanismo en emergencia, el perfil de víctima más recurrente es el del miembro de una comunidad indígena amazónica, involucrado políticamente en la defensa de derechos humanos y ambientales. La mayoría ejercía cargos de autoridad, como jefes comunales, dirigentes o monitores encargados de la supervisión y vigilancia de sus territorios. Así mismo, casi todas las víctimas estaban implicadas en conflictos sociales por disputas de naturaleza territorial, mientras que los perpetradores suelen estar vinculados a economías ilegales.
En dicho escenario, esta herramienta del sector Interior debería definir estrategias de financiamiento y pautas de actuación que permitan a la Policía Nacional implementar medidas como patrullajes y protección a personas en alto riesgo. A pesar de que la obligación jurídica existe desde el 21 de abril de 2021, cuando se publicó el Mecanismo Intersectorial, el Mininter aún se resiste a aprobar esta norma de carácter interno para viabilizar la protección a las personas defensoras.
Como señalan IDL y Proética, el problema más grave para la implementación del Mecanismo Intersectorial es la desidia y falta de involucramiento del sector Interior. Al no aprobar los “Lineamientos de Actuación”, se paraliza e inutiliza el trámite de todas las solicitudes de protección para personas defensoras cuyas vidas corren peligro, en especial entre los defensores indígenas.
“Nosotros hasta ahora no hemos visto ninguna protección del Ministerio del Interior. En cualquier momento, hoy o mañana, podemos ser víctimas de algún atentado como ya ha pasado tantas veces. Esto va a volver a pasar. Venimos pidiendo esta herramienta desde hace mucho tiempo sin ningún resultado. La demanda al Estado ya está hecha, eso es bueno, ahora es importante esperar a que el juez nos dé la razón”, manifestó Herlin Odicio Estrella, presidente de Fenacoka y líder del pueblo kakataibo.
“Le exijo al Ministerio del Interior que nos dé una solución inmediata, un documento donde se indique de qué forma la Policía va a proteger a nuestras comunidades. Es su responsabilidad para los defensores de derechos humanos. Tienen que brindarnos protección cautelar porque somos los que cuidamos nuestros territorios. Tiene que cumplir todo el Estado. Pedimos que estas acciones sean de inmediato, también al Poder Judicial que verá nuestro caso”, señaló Graciela Reátegui Mori, presidenta de Feconau y lideresa del pueblo shipibo-konibo.
“Todos saben que la protección del Estado no es eficaz y no solo es por un tema de presupuesto. Estamos hablando de un Estado que está ausente y no atiende las demandas de los pueblos indígenas. En temas de protección no sé si funciona en otros países, pero en el Perú no lo hace. Es lamentable que tengamos que demandar al Ministerio del Interior para que nos atienda, pero es necesario para hacernos respetar, sobre todo por nuestros hermanos que están aislados de la ciudad. Para nosotros, que no estamos protegidos por ningún organismo del Estado, está bien que se hagan públicos nuestros reclamos como organizaciones indígenas”, indicó Wilger Apagüeño Cenepo, presidente de Fepikecha y líder del pueblo kichwa.
“Es vergonzoso que el Ministerio del Interior haya dejado pasar más de 15 meses sin aprobar una norma tan básica como los lineamientos de actuación para la Policía Nacional. No es excusa que sea el sector con más cambios ministeriales, los defensores son prioridad y no se los debe abandonar por ninguna crisis política. La protección que ofrece el Mecanismo Intersectorial es ficticia si el ministerio no establece las formas y canales específicos que materialicen la atención policial, esperemos que con presupuesto propio. Comunidades como Flor de Ucayali, Unipacuyacu o Anak Kurutuyacu están a la espera desde ya hace bastante tiempo”, apuntó Álvaro Másquez Salvador, especialista legal del IDL.