Fiscalía abre investigación contra funcionarios del Minagri por la aprobación del nuevo Reglamento de Gestión Ambiental
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali decidió abrir una investigación preventiva contra funcionarios del Minagri por los anuncios de aprobación de un nuevo Reglamento de Gestión Ambiental. La medida ha sido dirigida contra Juan Castro Vargas, en su calidad de director de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios; José Mariño Tupia, director de Evaluación de Recursos Naturales; y Jorge Vásquez Acuña, director de Dirección de Gestión Ambiental Agraria.
La Fiscalía indica que el nuevo Reglamento de Gestión Ambiental pretende promover la formalización de las actividades agrarias –incluyendo aquellas ilegales– a través de Disposiciones Técnicas Ambientales y Fichas Técnicas Ambientales. La Defensoría del Pueblo alertó también que este nuevo reglamento permitiría operar a empresas sin contar con instrumento de gestión ambiental hasta por un lapso de dos años.
Además, como recuerda la Fiscalía, la Organización Regional AIDESEP de Ucayali (ORAU) y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU) solicitaron consulta previa del nuevo Reglamento de Gestión Ambiental, pues este nuevo reglamento del Sector Agricultura y Riego incluirá impactos en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular en sus derechos a la propiedad y a los recursos naturales.
La Fiscalía inició esta investigación con la finalidad de prevenir la comisión del delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. El Código Penal sanciona esta conducta con una pena de prisión no menor de cuatro años ni mayor de siete años e inhabilitación (artículo 314).
La norma, debe recordarse, ha sido cuestionada por incluir disposiciones ventajosas que convalidarían las actividades agroindustriales de empresas que no cuentan con certificación ambiental, precisamente, por haber incumplido con la normatividad ambiental y forestal. Se abre una ventana a que se pretenda eximir a las empresas agroindustriales de su responsabilidad administrativa y penal, sin considerar los procesos en curso en los que se ha evidenciado la comisión de infracciones y delitos.
Estos son los casos, por ejemplo, de las empresas Tamshi S.A.C. (Tamshiyacu), Ocho Sur P. S.A.C. (fundo Zanja Seca) y Ocho Sur U. S.A.C. (fundo Tibecocha). Todas ellas carecen de certificación ambiental y vienen siendo investigadas por el Ministerio Público y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).