Fiscalía archiva denuncia contra minería ilegal en Amazonas, pese a que en 10 meses la PNP no hizo investigaciones
Foto: Luis Taijin – Mongabay
El pasado 8 de agosto, la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada decidió archivar una denuncia contra presuntos mineros ilegales que operan en la región Amazonas, pese a que durante 10 meses no realizó diligencias de investigación que pudieran esclarecer el caso.
La denuncia fue presentada en octubre de 2023, contra 14 personas presuntamente dedicadas a la minería ilegal en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui. Se les acusó de haber cometido delitos de crimen organizado, vinculado a la minería ilegal.
Desde entonces, el mencionado despacho emitió una serie de oficios y disposiciones que extendieron el proceso, pero que nunca dieron como resultado acciones concretas de investigación contra los imputados.
Así, mediante Disposición Fiscal N.º 08, la primera semana de agosto de 2024 se determinó no proceder con la formalización ni la continuación de la investigación preparatoria, y archivarla definitivamente.
Entre sus argumentos, la Fiscalía sostuvo que “no existen elementos de prueba que permitan acreditar la existencia de una organización criminal” y que no se pudo recabar documentación para corroborar las imputaciones. Ello pese a que la falta de elementos de prueba no puede ser razón suficiente para archivar un caso.
Lo cierto es que la falta de elementos de prueba y de documentación son resultado de que, entre octubre de 2023 y agosto de 2024, no se ejecutó acción alguna para investigar a los imputados. Una situación especialmente preocupante en un contexto de violencia y riesgo latente contra comunidades awajún en Amazonas a causa de la minería ilegal.
PNP no investigó a denunciados por minería ilegal
En octubre de 2023, la Fiscalía derivó el caso a la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía (DIVIAC-PNP). Dos días después, remitió un oficio para que dicha unidad realice diligencias.
Un mes más tarde, en noviembre, la DIVIAC respondió a la Fiscalía con un oficio en el que recomendaba derivar el caso a la Unidad Especializada de Inteligencia en Medio Ambiente, otra dirección de la PNP.
Minería ilegal avanza en Amazonas. Foto: Odecofroc
La Fiscalía, no obstante, respondió el 19 de diciembre de 2023 a la DIVIAC, y le indicó que, en el plazo más breve, debía designar un equipo especial que se haga cargo de las investigaciones.
Pero la DIVIAC no lo hizo y, en enero de este año, la Fiscalía le reiteró que debía cumplir con lo dispuesto. Poco después, en febrero, se amplió la investigación por 120 días adicionales para que aquella división policial haga las diligencias.
Así pasaron los meses, entre disposiciones y oficios que no significaban acciones de investigación en el caso, el mismo que la Fiscalía pasó a denominar como ‘Los Ilegales’.
En abril último, la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada derivó finalmente el caso a la Dirección de Medio Ambiente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía (UFICCO-PNP).
A dicha unidad le ordenó realizar acciones de videovigilancia, recoger testimonios, entre otros procedimientos. Pero, dos semanas después, la UFICCO-PNP recomendó que la investigación sea derivada a la DIVIAC Lima.
Semanas después, la Fiscalía decidió que el caso sea derivado a la DIVIAC de Bagua, en la región Amazonas. En junio, se amplió por 60 días más la investigación y se ordenó la ejecución de un informe final.
Finalmente, en agosto, la DIVIAC de Bagua Grande emitió el informe, en el que recomendaban que el caso sea visto, otra vez, por la Unidad Especializada de Inteligencia en Medio Ambiente.
La Fiscalía, frente a todo ello, no buscó una alternativa para, al fin, llevar a cabo la investigación y actuar con eficiencia contra la minería ilegal, un delito que destruye la Amazonía. Optó, más bien, por archivar la denuncia.
Fiscalía archivó denuncia, pese a que no se realizó investigación.
Investigación deberá retomarse
El último 22 de agosto, luego de una queja presentada por el inoperante accionar de la Policía, la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada declaró nulo el archivamiento del caso y ordenó que la investigación sea retomada.
Dicho despacho dispuso que el Ministerio del Interior sea el que determine la unidad policial “que deberá realizar las diligencias necesarias, pertinentes y urgentes para el esclarecimiento de los hechos”.
Además, determinó que las diligencias preliminares contra los 14 imputados se amplíe por 60 días. Con ello, se espera que ahora las autoridades policiales actúen en atención a la denuncia.
De acuerdo a la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), hasta julio de 2024 había alrededor de 100 dragas instaladas a lo largo de los ríos Cenepa y Santiago, además de organizaciones criminales peruano-ecuatorianas operando socavones en el alto Cenepa para extraer oro.