Fiscalía incorpora a Santa Clara de Uchunya como agraviada en megacaso sobre deforestación por palma aceitera

Fiscalía incorpora a Santa Clara de Uchunya como agraviada en megacaso sobre deforestación por palma aceitera

El Ministerio Público ha decidido incorporar a la comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya, en calidad de parte agraviada, al megaproceso penal contra la transnacional Plantaciones de Pucallpa. La empresa de palma aceitera, hoy convertida en Ocho Sur P., fue denunciada en 2015 por la destrucción de alrededor de 7 mil hectáreas de bosques primarios dentro de territorio indígena en la región de Ucayali.

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, bajo la dirección del fiscal provincial Álvaro Rodas Farro, ha considerado a Santa Clara de Uchunya como víctima de las operaciones de la empresa. Como se recuerda, Plantaciones de Pucallpa es investigada por delitos ambientales, lavado de activos y criminalidad organizada, entre otros.

La comunidad indígena, del pueblo shipibo-conibo, reclama la propiedad colectiva sobre las tierras que hoy ocupa Ocho Sur P. Se trata de su territorio ancestral, del cual fueron despojados tras la acción coordinada de traficantes de tierras y la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali. Los daños sociales y ambientales no han cesado desde entonces. La comunidad, con el liderazgo de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU) y el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL), busca combatir la impunidad en este caso y hacer valer los derechos de los pueblos indígenas amazónicos.

Efer Silvano Soria, presidente de Santa Clara de Uchunya, considera que esta decisión es de vital importancia para la comunidad. “Nosotros fuimos los que denunciamos a la empresa en el año 2015. Lo mejor es que nuestra comunidad forme parte de la investigación del fiscal, como deberían hacerlo también otras comunidades que enfrentan este tipo de amenazas. Esperamos que esto sirva para que se castigue a los responsables de la deforestación de nuestro territorio y también para que se indemnice a nuestra comunidad por los graves daños contra nuestros bosques, nuestras quebradas, nuestros animales y nuestras plantas medicinales.”

La presidenta de la FECONAU, Dámarez Ramírez Mori, señaló que nos encontramos ante un hito que debe servir para todas las comunidades indígenas en pie de lucha. “Esto representa un paso más en la lucha del pueblo shipibo. Me alegra que se incorpore a Santa Clara de Uchunya como parte agraviada en el caso contra la empresa de palma aceitera. Me parece que ahora sí se va a poder seguir en la lucha con más fuerza. Se le ha reconocido a la comunidad como agraviada y yo sé que con esa fortaleza van a lograr sus demandas. Me gustaría que las instituciones del Estado reconozcan las luchas de esta y otras comunidades.”.

Para Álvaro Másquez Salvador, especialista legal del IDL que acompaña el caso, la decisión del Ministerio Público marca un precedente saludable porque reivindica el derecho de los pueblos indígenas a defender los bosques que se ubican dentro de sus territorios, sin perjuicio del rol de la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente. Añade el especialista legal que la protección de los bosques, como bien jurídico protegido por el derecho, debe corresponder por igual a las comunidades y nacionalidades indígenas que conviven con los impactos de la deforestación y la criminalidad ambiental.

 

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