Gasoducto Sur Peruano: pagos, allanamientos y movimientos del proyecto (América TV)

Noticia publicada en América TV el 14/07/19

Más de 20 inmuebles fueron allanados en diversas zonas de la capital por el caso Gasoducto Sur Peruano

El nuevo capítulo del caso Lava Jato local tiene nombre propio, Gasoducto Sur Peruano. Y esta semana, tentó sus primeros pasos.

Más de 20 inmuebles fueron allanados en diversas zonas de la capital. Entre estos, figuraron las viviendas del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, de exministros y exviceministros, además de los locales de tres de los estudios de abogados más importantes del país.

La investigación sobre el Gasoducto se encontraba dormida desde julio de 2018. La constructora brasileña siempre rechazó haber pagado algún tipo de soborno por la obtención de este proyecto, por lo que no fue parte del acuerdo de colaboración eficaz suscrito a comienzos de año entre el Ministerio Público y Odebrecht.

Teniendo en cuenta todo esto, con la variable del Gasoducto en escena, el Lava Jato peruano puede dar un giro inesperado y complicar no solo la situación de políticos como Nadine Heredia, sino también la de personajes que aún no figuran en el radar.

Dos proyectos distintos

Cuando hablamos de Gasoducto, hacemos referencia en realidad a dos proyectos distintos. El primero materializado a través de un contrato en octubre de 2008, durante el segundo gobierno de Alan García, y otro de junio de 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala. En ambos, casos aparece Odebrecht.

El primer proyecto, de octubre de 2008, fue una iniciativa privada presentada por la empresa Kuntur Transportadora de Gas, constituida en nuestro país por Conduit Capital Partners, un fondo de inversión norteamericano. El monto total de la inversión privada: 1,300 millones de dólares.

Conduit otorgó a Odebrecht un derecho de exclusividad para ejecutar el diseño, ingeniería, construcción y suministro de equipos y materiales del Gasoducto Andino del Sur, sujeto a condiciones y cláusulas.

Antes de que se firmara el contrato con el Estado peruano, Odebrecht ya había suscrito acuerdos con Kuntur para ser la constructora exclusiva del proyecto. Para el 2012, la brasileña se había convertido en acreedor de Kuntur, por lo que terminó adquiriendo todas las acciones de la concesionaria, convirtiéndose en el operador del proyecto. Sin embargo, este gasoducto nunca se materializó, entre otras cosas, por la elevada inversión privada que se necesitaba.

Debido a esto, se tenía que ejecutar una carta fianza de 66.7 millones de dólares a favor del Estado, algo que no se hizo. Un informe técnico elaborado por Juan Carlos Dammert, expresidente de Osinergmin, avaló esta decisión.

Por este proyecto, son investigados Dammert, y exfuncionarios del gobierno aprista como el exministro de Energía y Minas, Juan Valdivia y el director general de hidrocarburos Gustavo Navarro Valdivia. El estudio Muñiz, que aparece como tercero afectado, no en calidad de investigado, fue allanado esta semana.

Tiene relación con el proyecto, debido a que participó en la formación de Kuntur en el 2007, poniendo como titulares iniciales de la empresa a dos practicantes del estudio y con un capital de 400 soles.

En un comunicado enviado a Cuarto Poder, el estudio Muñiz señaló que la constitución de la empresa, que inicialmente se llamó corporación montería, se dio a pedido de Conduit Capitals, que entonces era cliente suyo. Para cuando Kuntur fue adquirida por Odebrecht, el estudio Muñiz ya no los asesoraba.

Gobierno de Humala

Entonces, llegamos al gobierno de Ollanta Humala. Para el 2014, otro concurso, esta vez de licitación pública, había sido lanzado. Presupuesto: 7 mil millones de dólares, pero con un fondo de garantía a cargo del usuario peruano para cubrir la inversión en caso la demanda no fuera la adecuada. Y Odebrecht volvió a aparecer.

Para mayo de 2014, solos dos consorcios estaban en carrera por obtener la licitación del proyecto del gasoducto. Uno era Gasoducto Sur Peruano, conformado por Odebrecht y Enagás, y otro Gasoducto Peruano del Sur, integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI.

El 24 de mayo de ese año, ambos consorcios presentaron ante el comité de selección de ProInversión el sobre Nº1, en donde entre otras cosas, consignaban la composición de sus consorcios. En el caso de Gasoducto Peruano del Sur, cada una de las empresas tenía el 25% de participación.

Acá es donde sucede algo que no parece tener sentido. Las bases establecían al 20 de junio como fecha límite para informar de alguna modificación en el accionariado de los consorcios.

Sin embargo, el jueves 26 de junio, fuera de los plazos y cuando se iba a presentar una declaración jurada ratificando la composición accionarial, Gasoducto Peruano del Sur, informa que GDF Suez decidió reducir su participación al 2%, dejando a los otros consorciados con 32.6% del total. Debido a que había infringido los plazos de las bases, este consorcio era pasible de ser descalificado.

Un día después, el 27 de junio, Proinversión le da plazo a este consorcio para que ratifique la posición accionarial inicial. La fecha límite, las 9:30 de la mañana del 30 de junio.

Sin embargo, el mismo 27 de junio, horas más tarde, el comité decide variar su decisión y descalifica al consorcio, solicitando informes técnicos a los estudios de abogados Delmar Ugarte y Echecopar, que son presentados en 24 horas, el domingo 29. Estos informes, respaldan la decisión del comité. El 30 de junio, se le otorga la buena pro al consorcio que quedaba en pie, integrado por Odebrecht y Enagás.

El asunto es que tanto Delmar Ugarte como Echecopar habían tenido vínculos con las empresas de este consorcio, es decir Odebrecht y Enagás.

Según la Fiscalía, al momento del informe, el estudio Echecopar tenía socios que eran representantes legales de Enagas. Por su parte, Delmar Ugarte, tenía entre sus socias a María Demoro Simoes, directora jurídica de Odebrecht entre el 2008 y 2011. Tanto Echecopar, como Delmar Ugarte, hoy absorbido por una firma de abogados internacional, enviaron comunicados al programa.

Echecopar señaló que el informe que elaboraron, respaldando la decisión del comité de descalificar al consorcio Gasoducto Peruano del Sur, se adecuó a las bases del concurso. Por su parte Delmar Ugarte, señaló que la opinión que emitió no fue vinculante y que Simoes jamás participó ni directa ni indirectamente en la asesoría al comité de Proinversión.

Los miembros del comité de Proinversión que le dio la buena pro al consorcio integrado por Odebrecht, descalificando al otro postor, también son investigados y ahí destacan las figuras de Edgar Ramírez Cadenillas y Gustavo Navarro. Ramírez Cadenillas, presidente de ese comité de selección, fue asesor de Kuntur en el proyecto de 2008.

Gustavo Navarro, integrante de este comité, ya había sido director general de hidrocarburos cuando el gobierno aprista le dio la concesión a Kuntur. En la hipótesis fiscal, Nadine Heredia gestionaba todo para beneficiar a Odebrecht, nombraba ministros y coordinaba con el Parlamento para promulgar leyes que beneficiaran al postor brasileño.

Como se quiera, aún falta develar quienes son las personas detrás de los ‘codinomes’ publicados por Convoca e IDL – Reporteros. ¿Quién es Princesa, que recibió 900 mil dólares en dos partes? ¿O Magali a quien entregan 450 mil dólares en 4 pagos? Por lo pronto, ya se sabe que Gaza, quien recibió 450 mil dólares de Odebrecht, hace referencia a Constantino Galarza, actual vicepresidente del Callao.

Él ha sostenido que el dinero fue una contraprestación por un servicio de asesoría financiera que brindó para la construcción de un ducto de gas licuado que iba a formar parte del proyecto.

El ‘codinome’ French, está vinculado a la empresa off shore Chirag Grand Power, cuyo accionista es Juan Brignardello Vela, exgerente de una importante aseguradora en el país.

Brignardello no quiso declarar para Cuarto Poder. Sin embargo, Chirag Grand Power emitió un comunicado en el que señala que la empresa se constituyó en las islas vírgenes en el año 2009 y posteriormente fue redomiciliada en Panamá.