Gatillo fácil: Avanza País y una propuesta que busca la impunidad

Gatillo fácil: Avanza País y una propuesta que busca la impunidad

Nancy Mejía Huisa, Aldo Pecho Gonzáles

En las últimas semanas, una serie de propuestas en torno a combatir la inseguridad en las calles han llamado nuestra atención por sus peligrosas implicancias. Estas propuestas aparentemente buscan hacerle frente, de manera efectiva, a uno de los mayores problemas para la ciudadanía: el delito. En la práctica no harían más que agravar las condiciones para un correcto desempeño de las estrategias de seguridad ciudadana y hasta poner en riesgo la vida de peruanas y peruanos. Este es el caso del Proyecto de Ley N.° 01373-2021, “Ley que Garantiza el Empleo y el Uso de la Fuerza por Militares y Policías”, del congresista José Daniel Williams Zapata, de Avanza País. Veamos por qué.

Para empezar, este corto proyecto de ley busca garantizar que tanto policías como militares, durante los estados de emergencia (como los que vivimos actualmente), sean sometidos al Fuero Militar Policial si incurren en delito de función. ¿Hacia dónde lleva esto? A una segunda propuesta: que el personal policial y militar que utilice armas u otros medios de defensa, en el ejercicio de su función, quede exento de responsabilidad penal. Es decir, que tanto policías como militares no van a ser juzgados de manera independiente y por los cauces judiciales, como corresponde, sino que serán sus propias instituciones las que se encarguen del proceso.

Con tal imparcialidad que una ley así promete, nos preguntamos: ¿alguien recuerda un solo policía sentenciado por las ya centenarias cifras de víctimas durante conflictos sociales en las últimas dos décadas? Si su respuesta es cero, se encuentra en lo correcto. El proyecto de ley de Williams Zapata no haría más que institucionalizar una práctica que, de por sí, está lejos de no tener impunidad.

Mal que bien, existe todo un marco legal que regula el uso de la fuerza tanto para militares como para la Policía, el cual se encuentra plasmado en los decretos legislativos N.° 1095 y N.° 1186 de cada una de estas entidades, respectivamente. De hecho, si hubiera acciones que contravienen a estas leyes, en la propuesta de Avanza País lo debería abordar también el Fuero Militar Policial. En otras palabras, todo quedaría entre amigos.

¿Qué puede ocasionar un proyecto de ley como este? Existen tristes precedentes al respecto durante el lamentable conflicto armado interno ocurrido en nuestro país. Recordemos tan solo las masacres de campesinos en Socos, Putis y Accomarca, y toda la impunidad que hubo alrededor de estos casos cometidos por el Ejército y la Policía, sin encontrar justicia en su totalidad. Por cierto, con respecto a la masacre de Accomarca, existe un dato interesante por remarcar. El hoy congresista Williams Zapata, quien es general EP en situación de retiro, fue el superior de la patrulla militar Lince 7, la cual fue responsable de la muerte de 69 campesinos. No se encontraron pruebas para inculpar a Williams por este hecho, pero sí a sus subordinados, entre ellos el subteniente Telmo Hurtado, conocido en los medios como el Carnicero de los Andes. En sus declaraciones, Hurtado afirmó que el por entonces mayor EP Williams Zapata dio la orden de no registrar a las víctimas en los operativos que hicieran sus patrullas para evitar problemas con los familiares. Y este fue el caso de Accomarca. Entre las decenas víctimas, y todo un pueblo borrado del mapa, por supuesto no hubo registros oficiales de tal acontecimiento.

¿Quiere lo mismo el día de hoy el congresista Williams Zapata? ¿Que puedan cometerse crímenes en nombre del Estado con total impunidad, sin que nadie tenga que rendirle cuentas a la ciudadanía?

Últimamente hemos visto un desfile de medidas demagógicas y muy peligrosas en materia de seguridad ciudadana. Y no solo desde el Legislativo, como la que acabamos de mencionar, sino también desde el propio Gobierno. Por ejemplo, se quiere proponer dotar de armas al Serenazgo municipal, una institución harto manoseada, a la que no se regula aún su formación y mucho menos se le dan contratos dignos bajo ley. ¿Así se quiere combatir la delincuencia? ¿Sin control, sin protección y sin garantías para nadie?

Atrás quedaron los intentos de reformar y fortalecer la institución policial, pilar de la seguridad pública. Atrás quedó la voluntad de acercar la Policía a la comunidad, a los vecinos en el día a día para construir una estrategia de prevención y no solo de represión. Y atrás quedó también la articulación con la política local, los liderazgos sociales, las responsabilidades interinstitucionales, entre tantas promesas que se hicieron durante años por el cambio y nunca llegaron.

Las protestas de noviembre del 2020 han marcado un hito en la relación entre la ciudadanía y la Policía. ¿Acaso no quieren darse cuenta de este quiebre? Quieren seguir alejando a la Policía de la sociedad civil dando venia al abuso arbitrario y la desproporcionalidad. Con las cosas así, resulta muy difícil reconstruir la imagen de una institución que necesita, urgentemente, un nuevo rostro frente al país. Uno en donde lo primordial sea garantizar los derechos humanos de las personas y no tener carta abierta para el uso del “gatillo fácil”. La violencia nunca será la solución frente a la violencia, y esto es algo que siempre vamos a cuestionar a quien lo proponga.

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