Gobierno continúa negando protección para deudos de Quinto Inuma y comunidad Santa Rosillo de Yanayacu

Gobierno continúa negando protección para deudos de Quinto Inuma y comunidad Santa Rosillo de Yanayacu

 

Han pasado más de cinco meses del asesinato del apu Quinto Inuma y la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, de la que Inuma era líder, sigue siendo alarmante. Hasta el cierre de esta nota, 12 de sus miembros permanecen refugiados en Tarapoto, mientras Belustiano Saboya Pisco, quien sería uno de los autores materiales del crimen contra Inuma Alvarado, continúa acechando el territorio de la comunidad, en el distrito de Huimbayoc, región San Martín.

Pese a los frecuentes pedidos de protección, como las garantías personales conseguidas y las medidas de protección otorgadas por jueces, el reclamo por presencia policial, el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la preocupación expresa de diversas relatorías de la ONU sobre el caso, el Ministerio del Interior continúa negando una protección efectiva a Santa Rosillo de Yanayacu. Hasta ahora, el argumento que repiten las autoridades es que, por razones logísticas y de déficit de personal, no han podido implementar la presencia de puestos policiales en la zona de la comunidad. La comisaría más cercana se encuentra a más de 6 horas de allí.

 

En situación de desarraigo

Desarraigados en Tarapoto, a más de 12 horas de su comunidad, de donde tuvieron que huir en diciembre de 2023 por la presencia de asesinos que amenazan con matarlos, los deudos de Quinto Inuma y comuneros y comuneras en refugio padecen una desprotección igual o peor que antes de la muerte del líder kichwa. Un crimen que no parece haber encendido las alarmas del sector Interior, cartera del Gobierno que ya debería haber desplegado una respuesta en el caso.

Entre los refugiados, se encuentran menores de edad que estudian en el Colegio Integrado Felipe Santiago Pezo Inuma y, actualmente, cada día que pasa pierden clases por la falta de apoyo y de garantías para su retorno a la comunidad. Por su parte, las madres y los padres de familia se acuestan con la incertidumbre de la pérdida del año escolar.

“Estamos pidiendo volver a la comunidad de Santa Rosillo. Nos han dicho que nos van a desplazar el viernes (10 de mayo), pero no sabemos si vamos a tener garantías o si vamos a estar con respaldo de la Policía. Queremos que nos respalden. Como defensores, queremos el respaldo del Estado, que sean conscientes de pensar en los defensores ambientales. ¿Quién va a defender nuestras tierras si nos siguen matando?”, expresa, con preocupación, Manuel Inuma Alvarado, actual apu de la comunidad.

Desde finales de febrero de este año, Manuel Inuma solicitó apoyo a la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en las gestiones para el retorno a la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu. Pero sus requerimientos no han sido atendidos.

En todos estos meses de espera y de angustia en un refugio, mientras los deudos y los miembros de la comunidad esperan la ansiada captura de los asesinos de Quinto que aún andan sueltos para, en un ciclo de paz, ir reconstruyendo el tejido social en la comunidad, ha habido una constante: el hambre. Hambre en una ciudad lejos de su comunidad, de sus chacras y purmas, y de sus animales menores, hoy dejados al abandono.

 

El incumplimiento de protección policial por parte del Mininter

Asimismo, el 27 de febrero, Inuma Alvarado solicitó ante el Ministerio del Interior un puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional del Perú en el territorio de la comunidad. Luego de un par de comunicaciones entre el Mininter e Inuma Alvarado, el pasado 6 de abril, la respuesta fue que no es factible la creación de una comisaría o puesto de auxilio, entre otras razones, porque existe déficit de personal y de recursos logísticos en la jurisdicción de la PNP.

“No es posible realizar labores de visita de patrullaje hacia la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, por no contar con el presupuesto, recursos logísticos (alquiler de chalupa – deslizador) y potencial humano (viáticos para alimentación y hospedaje)”, fue la respuesta del Estado peruano en el marco de revisión de información de la CIDH que terminó otorgando medidas cautelares a la comunidad.

Ni el largo historial de las amenazas y asesinato reciente, ni la presencia actual de los supuestos asesinos del apu Inuma, ni saber que entre los comuneros hay quienes cuentan con garantías personales o el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de los derechos Humanos, ni el escrutinio internacional de la CIDH y ONU por Santa Rosillo de Yanayacu, movieron fibras en dicho ministerio.

El panorama se agrava aún más con dos de los sujetos presuntamente responsables del asesinato de Quinto Inuma en libertad. Se trata de Belustiano Saboya Pisco, identificado como autor material, y Segundo Juan Villalobos Guevara. Ambos siguen representando un riesgo a la integridad de los comuneros kichwa que lideran la defensa territorial de Santa Rosillo de Yanayacu.

“El Ministerio del Interior no hace nada hasta ahora, no hay resultados. Nosotros, como líderes, seguimos recibiendo amenazas. Queremos que ya no nos sigan matando”, dice Manuel Inuma.

De acuerdo a una comunicación reciente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA) con el Ministerio de Justicia, el 29 de marzo de este año dos comuneros habrían reportado que Belustiano Saboya los amenazó, diciendo que los esperaría en el “monte” para atentar contra su vida, y que aquella situación sería constante. Así, la posibilidad de ataques contra comuneros o líderes indígenas es latente.

“Un cambio a la omisión del Ministerio del Interior en brindar protección efectiva a los líderes de la comunidad, que terminó en el asesinato del apu Quinto, tendría que empezar por asegurar el retorno a la comunidad de quienes necesitan volver, y brindar garantías para que comuneros regresen con un acompañamiento que evite que asesinatos vuelvan a producirse. Es increíble que, pese a cuestionamientos de CIDH y de los Relatores de la ONU, la respuesta del Estado siga siendo la misma: no tienen presupuesto. Consideramos que la falta de logística o personal solo nos muestra la falta de voluntad política del Estado en proteger realmente a los defensores. ¿Hasta cuándo?”, cuestiona Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal.

 

La titulación que no llega

En el año 2021, como parte de una serie de acuerdos de la Mesa Técnica de Titulación de Comunidades Nativas de la Región San Martín, se creó una comisión ad hoc para resolver los conflictos que han frenado el proceso de titulación de Santa Rosillo de Yanayacu, con la participación de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Regional Ambiental, el Gestor de Conflictos de la PCM, SERFOR y la Municipalidad de Huimbayoc.  Sin embargo, hasta hoy, el problema no se ha resuelto.

En el caso de esta comunidad, la titulación colectiva es una medida necesaria para garantizar el derecho a la vida e integridad personal de los comuneros kichwa. Han pasado tres años desde la creación de la comisión ad hoc y la Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín aún no ha dispuesto alguna acción efectiva. Lo más alarmante es que, mientras tanto y desde que ocurrió el terrible asesinato de Quinto Inuma, nuevos invasores siguen llegando, aprovechando la inseguridad jurídica del territorio, y en muchos casos promueven actividades relacionadas con economías ilegales.

También se tiene conocimiento de una reciente entrega de un permiso de aprovechamiento forestal por parte del Gobierno Regional en un sector del territorio que la comunidad reclama. Este documento fue emitido el 26 de enero de 2024, a casi un mes del crimen contra el apu Quinto. Un Estado fragmentado que no termina de sanear la propiedad de la comunidad y que, después de un asesinato, otorga derechos a terceros, echando leña al fuego en vez de cerrar esta brecha de titulación colectiva. 

La resolución 13/2024, del 25 de marzo de este año, la CIDH solicitó al Estado peruano adoptar acciones, además de en favor de la seguridad de las familias, de la titulación colectiva de su territorio, en respuesta al inminente escenario de riesgo que pone en peligro los derechos fundamentales de la comunidad. Y las relatorías de la ONU ya han preguntado por el avance de la situación del proceso de la titulación de la comunidad. 

 

El Estado ha dado la espalda a una situación de urgencia

Frente a este escenario, una de las propuestas recientes de FEPIKECHA, federación que integra entre sus comunidades a Santa Rosillo de Yanayacu, es solicitar un mecanismo operativo que permita demarcar en gabinete a comunidades nativas con casos graves de conflictos sociales. El pedido lo hizo la federación a la Dirección General de Saneamiento de la propiedad agraria y Catastro Rural (DIGESPACR), adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Con ello, se buscaba mitigar el conflicto por la titulación que afecta a la comunidad. Sin embargo, la respuesta de la DIGESPACR fue negativa, alegando, en resumidas cuentas, que la solicitud no se ajustaba a los lineamientos de la demarcación de territorios de comunidades nativas.

Con todo, a pesar de lo solicitado por la CIDH al Estado, la Policía Nacional del Perú ha mantenido su posición de no hacer efectiva ninguna medida de protección para los defensores que integran la comunidad Santa Rosillo. El propio Ministerio del Interior reconoció que no se habría implementado medidas de protección alguna al apu Quinto Inuma. En tanto, otras entidades del Estado, pese a las solicitudes, también le han dado la espalda a esta situación, que desde hace mucho requiere una respuesta urgente.

Con un líder asesinado y una comunidad en riesgo latente, ¿qué más tiene que pasar para que el Gobierno y las autoridades competentes trabajen por la seguridad de estas personas? Una respuesta inmediata será fundamental para garantizar sus derechos fundamentales.

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