Gobierno Regional de Arequipa: la corrupción campea, urge reforzar la justicia

Esta madrugada la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa y la Policía Nacional han detenido al gobernador Elmer Cáceres Llica, el segundo líder regional con más poder, y a varios consejeros regionales de Arequipa. Al respecto, Justicia Viva-IDL debe señalar lo siguiente:

1. La lucha contra la corrupción debe ser una urgente prioridad para el Estado. El Perú ha tenido ya varios escándalos de corrupción a nivel regional como el de Tumbes, Áncash (Álvarez), Ayacucho (Oscorima), Cusco, el Callao, Junín. A pesar de esto, las dinámicas corruptas continúan ante una inexiste reforma del sistema electoral, el aún insuficiente control de la actividad privada empresarial y las pocas dinámicas del Estado con la sociedad civil desde una perspectiva anticorrupción.
2. El caso del gobierno regional de Arequipa es paradigmático al involucrar autoridades de la máxima autoridad ejecutiva y legislativa, consejeros y gerentes que se supone deben ser fiscalizadores y el contrapeso del poder. Que esto suceda además en plena pandemia ahonda también la crisis moral y humana de quienes deben velar por lo público.
3. Urge poner fin a las dinámicas de la corrupción. El caso Arequipa no solo puede dar más luces de éstas, sino que además exige que los actores estatales investigados por la fiscalía no deban reciclarse en la política ni en alguna oficina del Estado, más aun cuando las investigaciones fiscales dan paso a detenciones, allanamientos, o llegan a etapas como el juicio oral o acusaciones fiscales.
4. Las detenciones han sido llevadas a cabo por la policía bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción a cargo del fiscal Arturo Valencia, cuyo coordinador es el fiscal superior Omar Tello. Sobre la fiscalía cabe hacer un llamado urgente, pues viene trabajando sin los recursos humanos ni materiales que mínimamente necesita. Actualmente el Ministerio Público trabaja ante el aumento de la carga procesal por la pandemia y la incidencia de ciertos delitos, con menos de un tercio del presupuesto que requiere, siendo que para el año 2022 recibirá aún menos.
5. A pesar de este primer logro fiscal, llama poderosamente la atención que otros casos de presunta corrupción relacionadas con la ahora detenida primera autoridad política de la región, no hayan sido debidamente priorizados. El mes pasado la fiscal superior de Arequipa, María Lozada, tuvo que pedir disculpas porque el retraso de la fiscal adjunta Roxana Flores llevó a que la obra “Jardín del Colca”, con evidentes signos de corrupción según la prensa local, sea inaugurada por Elmer Cáceres en “un terreno privado y de alto riesgo”. Para el 2019, “El nombre de Elmer Cáceres como imputado aparece en 87 carpetas fiscales. De ellas, 60se encuentran activas y el resto fueron archivadas.” Cáceres, fue incluso dos veces alcalde de Caylloma, de cuyas gestiones registra 20 casos como imputado: 7 archivados y los demás en trámite al 2019  (La República, 11/9/2021).
6. El caso de Cáceres además de impactar en la lucha contra la corrupción, impacta en la lucha contra la violencia contra la mujer. Hay hasta 3 denuncias por presunto delito de violación. En el 2004 lo denunció la ciudadana francesa Carole Marion: el expediente se extravió, la Corte Superior indicó que se iniciarían investigaciones por ello, pero también que el caso habría quedado archivado al ser que no hubo objeción de la fiscalía ante el archivamiento judicial. También lo denunciaron Yaritza Huillcahuaman de entonces 18 años (quien luego de indicar que la denuncia fue bajo extorsión y que tendrían planes de matrimonio, tras 4 años refirió que sí hubo violación), y Dionicia Quispe en el 2017 según La República. La “pérdida” de expedientes, o la sustracción definitiva o temporal, como lo señaló el informe final sobre política anticorrupción y ética judicial del 2004, es una modalidad de corrupción, por lo que debe ser investigada y sus resultados difundidos.
7. Urge que el Ministerio Público sea una prioridad. La actuación fiscal debe tener todo el apoyo institucional junto a otras medidas: la investigación disciplinaria sobre si los retrasos se deben a la carga procesal o a otros móviles pro impunidad, la priorización de los casos anticorrupción que involucran a los políticos, el presupuesto necesario, la agilización interna del material que necesitan los fiscales anticorrupción, el debido acceso a la información para que la ciudadanía sepa del trabajo de la fiscalía, y tener una mirada central en las víctimas y denunciantes de corrupción.
8. En efecto, la corrupción afecta a los ciudadanos y las ciudadanas. Las Convenciones internacionales contra la corrupción de las que el Perú es parte exigen que las víctimas sean parte activa en las investigaciones y los procesos por corrupción, y que los denunciantes de corrupción (y actores como testigos, colaboradores eficaces, etcétera) tengan no solo las seguridades para denunciar sino también la protección necesaria en el tiempo que duren los casos y no corran peligro. Para lo primero se necesitan reformas legales y para la segundo, la mejor gestión de seguridad. En el pasado, por ejemplo, las investigaciones fiscales y la actuación de los denunciantes en el caso “La Centralita” no tuvieron la atención necesaria sino hasta que ocurrió el asesinato de Ezequiel Nolasco, ex consejero regional, por órdenes del entonces gobernador César Álvarez encontrado culpable de liderar una organización criminal.
9. La corrupción es una dinámica transversal que afecta todos los planes gubernamentales y la vigencia de todos los derechos básicos de la población. La seguridad alimentaria, la reactivación económica, la educación, la descentralización, la seguridad ciudadana y otras metas estatales requieren de una perspectiva integral preventiva y sancionadora de la corrupción, y junto a ella, medidas urgentes para fortalecer el sistema de justicia que vaya contra las dinámicas corruptas y sus actores.