Gobierno Territorial Autónomo Awajún demanda a Petroperú por incumplimiento de obligaciones tras derrame de petróleo en Chiriaco
El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) presentó ante el Poder Judicial una nueva demanda constitucional contra la empresa estatal Petroperú, en la que exige el cumplimiento inmediato de normas ambientales y sanitarias que, pese a ser de obligatorio cumplimiento, han sido ignoradas desde hace más de nueve años, luego del derrame de más de 2000 barriles de petróleo ocurrido en la quebrada Inayo y el río Chiriaco, en el distrito de Imaza (Amazonas), en enero de 2016.
Esta acción judicial busca visibilizar el abandono sistemático que enfrentan las comunidades nativas awajún afectadas por el desastre ambiental. Hasta la fecha, ni el Estado ni Petroperú han ejecutado una compensación integral conforme a la ley, pese a los evidentes daños a la salud, el ambiente y la vida de la población awajún.
Un desastre olvidado
El 25 de enero de 2016, una falla en el Oleoducto Norperuano de Petroperú ocasionó un derrame masivo de crudo que afectó directamente la quebrada Inayo y, tras intensas lluvias, se expandió al río Chiriaco y posteriormente al río Marañón. Las comunidades awajún, asentadas aguas abajo, se vieron expuestas a sustancias altamente tóxicas y metales pesados, como mercurio y plomo.
A pesar del riesgo comprobado de exposición crónica y de enfermedades graves, especialmente en niños, hasta ahora el Estado no ha realizado estudios clínico-toxicológicos adecuados ni ha establecido mecanismos efectivos de compensación.
Los propios monitoreos realizados en niñas y niños awajún mostraron niveles elevados de mercurio en sangre y cabello, hallazgos consistentes con una exposición prolongada a metilmercurio, una de las formas más peligrosas de contaminación ambiental.
Derrame causó gran daño a la salud de población awajún, especialmente en niños.
Exigencia de cumplimiento de normas ignoradas
La demanda presentada por el GTAA se sustenta en el incumplimiento flagrante del Decreto Supremo N.º 081-2007-EM, que obliga a Petroperú a proveer agua potable y alimentos, y a compensar de forma adecuada a las comunidades afectadas por emergencias ambientales. Sin embargo, Petroperú ha dejado en total desamparo las comunidades afectadas en Imaza.
La acción legal también denuncia la inacción de Petroperú, a pesar de que el Poder Judicial ya había reconocido, en una sentencia previa del Primer Juzgado Civil de Bagua y confirmada por la Sala Civil de Utcubamba, que existió una vulneración grave del derecho a la salud y al ambiente de la población awajún tras el derrame en Chiriaco.
Un precedente para los pueblos indígenas del país
Esta demanda busca generar un precedente que obligue al Estado y a Petroperú a cumplir con sus obligaciones frente a emergencias ambientales, particularmente cuando afectan a pueblos indígenas. El propio Tribunal Constitucional ya ha reconocido, en un caso relacionado con la comunidad de Cuninico en la región Loreto, que el cumplimiento de estas normas no es facultativo, sino un deber impostergable.
Es urgente un proceso de compensación justo y participativo para todas las comunidades afectadas por el derrame en Chiriaco.
Para Gil Inoach, pamuk (presidente) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, la presentación de esta demanda busca poner fin a una larga historia de impunidad frente a los daños sufridos por su pueblo. En su opinión, ni Petroperú ni el Estado han asumido la responsabilidad que les corresponde, y las consecuencias siguen recayendo sobre las comunidades awajún sin que exista reparación alguna.
“Petroperú no cumplió con compensar por los daños sufridos por el derrame de crudo de los afectados, tampoco cumplió con reparar el daño ambiental”, afirmó.
Sin duda, este caso representa una lucha por la justicia ambiental y un acto de afirmación política de su autonomía y defensa territorial.
“Se busca que Petroperú cumpla con el Decreto Supremo N.° 081-2007-EM, que establece la obligación de compensar de forma integral todos los daños ocasionados a todas las comunidades afectadas por el derrame de petróleo de Chiriaco, así como brindarles agua potable y alimentos”, explica Isaac Peña, abogado del Instituto de Defensa Legal.
El Gobierno Territorial Autónomo Awajún y las organizaciones que lo respaldan demandan que el Estado peruano asuma con seriedad sus responsabilidades y garantice de inmediato el acceso a agua segura, atención médica especializada y un proceso de compensación justo y participativo para todas las comunidades afectadas por el derrame en Chiriaco.