Grave amenaza de la policía a la libertad de expresión de Carlín y todos los peruanos

Grave amenaza de la policía a la libertad de expresión de Carlín y todos los peruanos

Juan Carlos Ruiz Molleda

El comunicado de la Policía en relación a la caricatura de Carlos Tovar “Carlín”, constituye no solo una amenaza a la libertad de opinión, y al derecho de todos los peruanos que queremos leer a Carlin en la República, sino un acto de censura. Es evidente que caricatura en cuestión es una crítica a la corrupción en la Policía y a la imposibilidad que tiene todo ciudadano de distinguir entre el policía honesto y el policía corrupto. Basta ver el artículo para llegar a esta conclusión: Crisis en la PNP: Más de mil policías han sido expulsados por casos de corrupción[1].

Si uno revisa la jurisprudencia comparada todos están de acuerdo en que el Gobierno debe tener apertura y tolerancia a la crítica y a la sátira. Ciertamente, debemos decir que no hay derechos absolutos. La libertad de expresión, que es la que da cobertura constitucional a las caricaturas, porque expresan una opinión, tiene límites. El TC ha establecido que “el ejercicio de la libertad de expresión no puede contener expresiones injuriosas (debiendo evitarse insultos, excesos verbales y respetando la dignidad de las personas), innecesarias o sin relación con las ideas u opiniones que se manifiesten” (STC No 10034-2005-PA/TC, f.j. 18).

En ese sentido, el límite constitucional de la libertad de expresión es el derecho al honor, el cual no es otra cosa que el derecho de todo ciudadano al “reconocimiento social”. El derecho a ser reconocido en condiciones de semejanza. Es importante que la actividad o comportamiento del individuo criticado no se vea falseado, distorsionado o alterado. Según TC, “Se mancilla el honor cuando se humilla y se degrada en la condición de ser humano a una persona lanzándole ofensas o agrediéndola directamente o haciéndolo ante el público y de cualquier forma. […] en el caso de la agresión a la reputación social, el honor está comprometido doblemente, como una ofensa hacia uno mismo, y como un desprestigio frente a los demás, desmereciendo la condición de ser social por excelencia que es toda persona” (STC Nº 4099-2005-AA, f.j. 8)

No obstante, cuando estamos ante funcionarios públicos o líderes políticos, este espacio de protección se ve recortado. En este caso, cuando se trata de instituciones públicas del Estado que brindan servicios públicos fundamentales como el de seguridad ciudadana, esta justificada la critica a estos órganos públicos, especialmente cuando hacen mal su trabajo estas instituciones, lo que supone entonces una obligación del Estado de tolerar las críticas.

Para la Corte IDH existe una obligación de tolerancia de Estado para con las críticas, las caricaturas y, en general, para la sátira: “Es así que, tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. En este sentido, en el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los particulares”. (Corte IDH, Canese vs Paraguay, párrafo 103)

En este caso, no se trata de una persona en particular la que se ve afectada por las críticas a través de las caricaturas, sino de una institución pública como es la policía. Este razonamiento es aplicable a instituciones públicas como esta.

Es necesario insistir que no solo tienen protección las críticas expresadas de foma educada y pacífica, sino tambien las críticas ácidas, corrosivas,incluso las tóxicas. A tal punto que un sector de la doctrina considera que no se le debe imponer límites a la sátira. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en numerosas ocasiones que la libertad de expresión se aplica “no solamente para las informaciones o ideas bien acogidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que hieran, choquen o inquieten al estado o a una parte cualquiera de la población, así lo exigen el pluralismo la tolerancia, el espíritu de tolerancia sin los cuales no existe una sociedad democrática[2].

En relación con el ejercicio de la libertad de expresión sobre funcionarios públicos o en general sobre quienes ejercen la función pública, la Corte IDH ha exigido y ha reconocido que estos últimos deben ser tolerantes respecto de críticas. Para ella, “es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático” (Corte IDH, Caso Ricardo Canese, parr. 98.). Añade la Corte que “en el marco del debate público en un Estado Constitucional, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los particulares”. (Corte IDH, Caso Ricardo Canese, parr. 100)

Finalmente, en relación con una posible ponderación entre las libertades comunicativas y el derecho al honor, el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha señalado que: “Si una opinión tiene como objeto un asunto de interés público, no importa una crítica injuriosa, una injuria formal y no afecta la dignidad, entonces prevalece sobre el derecho al honor. Si se trata de una información y tiene como objeto un asunto de interés público y es veraz, entonces también prevalece sobre el derecho al honor[3].

Debemos estar alertas contra los intentos del poder de restringir la libertad de expresión y de opinión y de la prensa. La libertad de expresión es una garantía de la democracia. Y en estos momentos viene cumpliendo un rol clave en la investigación de la corrupción en nuestro país. La carta de la policía contra Carlín es una señal de alerta.

[1] Ver Crisis en la PNP: Más de mil policías han sido expulsados por casos de corrupción. Disponible en: https://www.infobae.com/peru/2023/12/28/crisis-en-la-pnp-mas-de-mil-policias-han-sido-expulsados-por-casos-de-corrupcion/?fbclid=IwAR39Z0x9YmI7VMqTSoWcyL899Bst7hYeOVcSd79zKSncMfP5iBdbDtwinL8.

[2] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Handyside contra Reino Unido del 07 de diciembre de 1976.

[3] Mijail Mendoza Escalante, Conflictos entre derechos fundamentales. Expresión, información y honor, Palestra, Lima, 2007, pág. 21.

Foto: INFOBAE

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