Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo exige medidas urgentes al Ministerio de Cultura ante situación crítica de indígenas en aislamiento
La Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo (GIPKAP) solicitó al Ministerio de Cultura y a la Fiscalía de la Nación adoptar medidas inmediatas para proteger la vida y el territorio de los indígenas kakataibo en aislamiento voluntario que habitan en la Reserva Territorial Kakataibo Norte y Sur (RTKNS), un espacio amenazado por el avance de economías ilegales, invasiones y actividades extractivas. La organización denunció que la situación en la reserva es crítica debido a la presencia de ganaderos, cocaleros y caseríos instalados ilegalmente dentro del área destinada a proteger a los pueblos indígenas aislados.
El pedido fue realizado durante el V Congreso Anual de la GIPKAP, desarrollado del 14 al 17 de mayo de 2026 en la comunidad nativa Yamino, ubicada en la provincia de Padre Abad, región Ucayali. El encuentro reunió a delegaciones de diez comunidades kakataibo de Ucayali y Huánuco, así como representantes de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Organización Regional de Guardia Indígena Shipibo Konibo (ORGI).
La inauguración del encuentro incluyó la participación de Jorge Pérez, presidente de AIDESEP; Herlin Odicio, vicepresidente de ORAU; Hugo Guerra, técnico de ORAU; Marcelo Odicio, presidente de FENACOKA; Willy Pino, técnico de FENACOKA; y Belmira Pérez, presidenta de la Federación de Mujeres Kakataibo. El evento, además, contó con el apoyo de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Forest Peoples Programme (FPP).
Presidente de AIDESEP, Jorge Pérez, participó en inauguración del evento. Créditos: Fioreny López / Radio TV Shipibo
Sumado a ello, asistieron al evento el jefe de la Región Policial Ucayali, general Manuel Centeno, y el comisario de Aguaytía, alférez Victor Jesús Palacios. En su calidad de representantes de la Policía Nacional del Perú, ambos se comprometieron a patrullar con regularidad el territorio de comunidades kakataibo y trabajar la prevención de riesgos en coordinación con la GIPKAP.
Desde allí, las guardias indígenas emitieron la “Declaración de Yamino” (disponible en este enlace), un pronunciamiento político que combina denuncias, demandas al Estado y llamados de acción frente a la expansión del narcotráfico, la deforestación y la violencia contra defensores indígenas.
En la declaración, la GIPKAP exigió la implementación inmediata de cuatro puestos de protección del Ministerio de Cultura en la quebrada Santa Ana, una zona estratégica cercana a la reserva territorial donde, según las comunidades, persiste el ingreso de actores ilegales. También demandó que las organizaciones representativas del pueblo kakataibo participen de manera efectiva en la gestión de la RTKNS y reclamó que se fiscalice el área para identificar y sancionar a las personas y empresas que operan ilegalmente dentro del territorio reservado para los indígenas aislados.
Representantes de la PNP asistieron al congreso. Créditos: Fioreny López / Radio TV Shipibo
Asimismo, el pronunciamiento de la GIPKAP refleja la preocupación de las comunidades por la fragilidad de una de las zonas más vulnerables de la Amazonía peruana. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario dependen completamente de la integridad del bosque para sobrevivir y no mantienen contacto regular con la sociedad mayoritaria. La presencia de terceros en sus territorios implica daño ambiental, pero también el riesgo de enfermedades y episodios de violencia que pueden resultar letales.
La propia GIPKAP ha asumido, desde hace años, tareas de vigilancia y control territorial ante la ausencia estatal. Sus miembros patrullan trochas, identifican invasiones, monitorean actividades ilícitas y alertan sobre el avance de cultivos ilegales de hoja de coca, pistas clandestinas y tala ilegal.
En Yamino, por ejemplo, las bases de la guardia han identificado la necesidad urgente de señalizar los límites de la reserva territorial debido a la “confusión” generada por la ausencia de marcas visibles en la zona. En comunidades como Uni Kattay y Sinchi Roca I, las guardias reportan la expansión de minería ilegal, cultivos de coca y asentamientos de terceros. En Santa Martha y Unipacuyacu (región Huánuco), los reportes incluyen presencia de narcopistas y trabajos vinculados al narcotráfico.
El avance de estas economías ilegales ocurre en un contexto de violencia sostenida contra líderes indígenas. En los últimos años, al menos seis defensores kakataibo han sido asesinados en la Amazonía peruana, varios de ellos vinculados a procesos de defensa territorial y denuncias contra actividades ilícitas. El caso más conocido es el de Arbildo Meléndez, líder de la comunidad Unipacuyacu asesinado en 2020 tras denunciar el tráfico de tierras y la ocupación ilegal de territorios indígenas. Desde entonces, las amenazas contra dirigentes y guardias indígenas no han cesado.
Mujeres guardias indígenas en el congreso de la GIPKAP. Créditos: Leslie Searles / Global Witness
Frente a este escenario, la GIPKAP también exigió al Congreso de la República aprobar el reconocimiento oficial de las guardias indígenas amazónicas a través de una propuesta legislativa conocida como Seguridad Indígena Amazónica (SIA). Según sostienen, la falta de reconocimiento legal expone a sus integrantes a procesos de criminalización pese a que realizan funciones de protección territorial y prevención de delitos ambientales en lugares donde la presencia del Estado es mínima o inexistente.
Las guardias indígenas reclaman, además, que los gobiernos regionales y ministerios respalden su trabajo mediante equipamiento, logística y tecnología. También plantean la necesidad de formar a jóvenes y mujeres dentro de las estructuras de vigilancia comunitaria, en un intento por asegurar continuidad organizativa en medio de la presión constante de actores ilegales.
Otro de los puntos centrales de la declaración estuvo dirigido a los candidatos presidenciales que participarán en la segunda vuelta electoral, por los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú. La GIPKAP cuestionó que durante la primera etapa de la campaña no haya existido propuestas claras sobre derechos indígenas ni protección amazónica.
Bases de la guardia indígena reflexionaron sobre experiencias de autodefensa. Créditos: Fioreny López / Radio TV Shipibo
Por ello, exigieron posiciones explícitas respecto a la derogatoria de normas que consideran lesivas para sus territorios y antiindígenas, entre ellas la Ley 31973 (ley ‘Antiforestal’) y las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que facilitan la expansión de actividades ilegales y la impunidad ambiental.
El pronunciamiento también incluyó un pedido al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para erradicar cultivos ilegales de coca, pozas de maceración y pistas clandestinas presentes en territorios kakataibo. Sin embargo, las guardias remarcaron que cualquier estrategia antidrogas debe incluir su participación y respetar la justicia indígena, debido a los riesgos de represalias que enfrentan las comunidades cuando denuncian o intervienen frente a organizaciones criminales.
A pesar del escenario adverso, la guardia indígena kakataibo se mantiene firme en su propósito de consolidarse como una estructura autónoma de autodefensa territorial. En definitiva y con los años, su congreso anual se ha convertido en un espacio político desde el que las comunidades articulan demandas, denuncian omisiones estatales y defienden el derecho a seguir habitando y protegiendo sus territorios ancestrales.