Guerra avisada: ¿se justifica la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao?

Aldo Pecho Gonzáles / IDL-Seguridad Ciudadana

Mientras el país vuelve a vivir una de las coyunturas políticas más tensas y de incertidumbre en el corto período de Gobierno de Pedro Castillo, en la cartera del Interior se vienen tomando una serie de medidas controvertidas para frenar el problema de la inseguridad. Esta vez en Lima y Callao se ha declarado estado de emergencia (Decreto Supremo N.º 012-2022-PCM) “a consecuencia del alto índice de criminalidad en dichas jurisdicciones, donde operan organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, así como el incremento de la inseguridad ciudadana”. ¿En verdad es justificable esta declaratoria?

La respuesta en primera instancia es no. No existe ningún desbordamiento de la criminalidad, a pesar de que en el discurso cotidiano se suele repetir esto hasta la saciedad, y una gran parte de la ciudadanía efectivamente así lo cree. ¿Pero por qué tenemos esa sensación de que la delincuencia nos acorrala?

Para empezar, desde este espacio se ha cuestionado constantemente el papel de los medios de comunicación en cuanto al abordaje de la delincuencia y los problemas de seguridad ciudadana. Lo rimbombante de las noticias, la amplificación de la crónica roja y la selectiva espectacularización de la información no son fenómenos nada nuevos en la prensa tradicional, y hoy en día tampoco en los medios digitales. Como se sabe, los medios no solo son transmisores de noticias e informadores de primera mano, sino también “productores” de noticias y “formadores” de opinión. Por ello, se encuentran muy vinculados a la percepción de inseguridad que la población pueda tener. Y para nuestro caso, con la sensación de que la inseguridad se encuentra incontrolable en las ciudades.

Hemos repetido hasta el cansancio que discursos como “Olas delictivas no cesan en la capital”, “La delincuencia se encuentra imparable”, “El delito vuelve a tomar las calles”, son clichés clásicos y alarmistas desde hace décadas. Pero para la prensa resulta casi imposible pensar en una situación de calma, incluso en los momentos en que la pandemia recluyó millones de personas y la Policía patrullaba con firmeza las calles. De nada sirvieron los indicadores de seguridad ciudadana relativamente bajos. Cualquier amago delictivo debía ser llevado a una caja de resonancia que hiciera parecer que nos encontramos ante una situación de descontrol. Y esto trae aparejado el miedo en la población. Y cuando existe un discurso del miedo, también viene una política del miedo: mantener el orden a como dé lugar.

Las decisiones de los Gobiernos —no solo el de Pedro Castillo, por cierto— tienen por objetivo calmar estas percepciones, y por supuesto ganar la aprobación popular. Por ello una medida de esta naturaleza es abiertamente demagógica y efectista. Más aún cuando no se encuentra respaldada por una lectura fundamentada de la realidad en materia de seguridad ciudadana. Veamos.

Según las estadísticas que la propia Policía (2022) proporciona, los índices de denuncia por delitos apenas han recuperado paso comparado con épocas de prepandemia. Como vemos en el gráfico 1, en la normalidad de prepandemia (2019), y sin las restricciones de movilidad, las denuncias eran más o menos constantes en Lima y Callao. Sin duda, el año de inicio de la pandemia (2020) representó un gran bajón para la mayoría de dinámicas delictivas. Con el retorno a una “nueva normalidad” para el año pasado (2021), y con menores restricciones de movilidad y control policial, era perfectamente comprensible que la delincuencia haya vuelto a sus límites comunes.

Fuente: PNP (2022)

¿Se hizo algo para frenar esta situación? Sin duda desde el sector Interior y desde la Policía misma se aplicaron una serie de medidas para afrontarlo. A plena vista, las acciones han sido insuficientes. Sin embargo, no es verdad que nos encontremos en un nuevo foso de delincuencia y desgobierno en las calles, como incansablemente repiten los medios. Para darnos una idea, veamos el gráfico 2. Allí se observa cómo los delitos patrimoniales (principalmente robo y hurto) están lejos de ser los más elevados de los últimos tiempos.

Por supuesto que el retorno del delito, aunque no llegue a ser desbordante, resulta un problema y un reto por afrontar para las estrategias de seguridad ciudadana. Sin embargo, el discurso alarmista no debe ser el que prime en las políticas del sector Interior, como tradicionalmente se ha venido haciendo en las últimas décadas. Lo hemos dicho claramente: esto no es más que demagogia.

Las restricciones de derechos a la ciudadanía y el llenar las calles de policías y militares no son ni serán la solución a los problemas de inseguridad si se quiere hacer una lucha estratégica contra la delincuencia. Esto se encuentra harto comprobado en el Perú y en cualquier parte del mundo. Lamentablemente, sí resulta fácil dejarse llevar por los aplausos inmediatos para medidas que en poco tiempo no van a ser más que un saludo a la bandera si no se ponen en prácticas no solo políticas de represión, sino de prevención.

Pero hay algo peor. Se pone en riesgo la seguridad de la propia población, con un sesgo sobre los ciudadanos afectados por la pobreza y la desigualdad social. ¿Qué quiere decir esto? Que los operativos policiales, los controles y el empleo desmedido de la fuerza se aplica generalmente sobre sectores populares, quienes tienen menor poder de control, fiscalización y respuesta jurídica sobre las autoridades. Para nada nos resulta sorprendente si operativos “exitosos” como los de la discoteca Thomas Restobar en Los Olivos puedan volver a ocurrir. De antemano ya sabemos quiénes serán los culpables (paradójicamente las víctimas) y, por supuesto, quiénes serán los bien librados.

Como muestra de ello, observemos la tabla 1, en la región Callao. Estereotipado como una zona peligrosa, el Callao también recibe un fuerte control policial que ha traído consigo, con el correr de los años, un número creciente de heridos y muertos en intervenciones policiales. Sobre esto hay un absoluto silencio. Total, la vida de un “delincuente” vale menos.

Tabla 1

Número de heridos y muertos en intervenciones policiales en la región Callao (2010-2021)*

Fuente: PNP (2022)

* Nota: para el 2021, la data solo contempla hasta el mes de noviembre.

Para quienes no quieren ver el peligro de la declaratoria de estados de emergencia con el fin de “garantizar” la seguridad ciudadana, mediante el patrullaje de la Policía con apoyo de los militares, cierro este artículo citando las recientes palabras:

“Vamos a hacer un trabajo completamente integrado junto con nuestros Gobiernos locales con la finalidad de incrementar sus capacidades para poder luchar de manera efectiva contra la delincuencia y la criminalidad. Ustedes saben las Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra. Por ello, si nuestros ciudadanos se ven en peligro, si sus vidas se ven en peligro, o nuestras tropas, o la Policía Nacional son atacadas de cualquiera manera… Bueno, pues van a recibir la respuesta con la potencia y decisión que nos caracteriza a los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú”.

Como bien dice el dicho: “Guerra avisada…”.