Hablemos de inseguridad: Keiko Fujimori y la peligrosa “mano dura”
Aldo Pecho Gonzáles
IDL-Seguridad Ciudadana
Estamos a tan solo pocas horas de conocer quién tomará las riendas de nuestro país durante el próximo quinquenio. O, en teoría, debería así serlo. En los meses que vienen, probablemente nos encontremos ante un escenario de gran inestabilidad política, puyas y vendettas que nos demuestren, una vez más, que la gobernabilidad política aquí en el Perú se ha convertido en una práctica insostenible. Y, peor aún, con el riesgo de que viejos actores políticos, quienes ya vienen siendo invocados, vuelvan a tener protagonismo so pretexto de “poner orden” y “salvar la democracia”.
Hemos sido testigos de una feroz campaña de desinformación, miedo y polarización política pocas veces vista. Un torbellino de ataques que también han abierto históricas heridas de exclusión y discriminación hacia un grueso sector de la ciudadanía, en un contexto de fragmentación y desigualdad social exacerbados por la pandemia. Y entre toda esta baraúnda, se ha dejado de lado una lectura no solo técnica de las propuestas de gobierno de ambos candidatos, sino también aterrizada en sus presupuestos políticos. Para alentar el debate, aquí se se analizará una de las propuestas más resaltadas en la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En el discurso mediático afín a ella, las propuestas sobre este sector representan uno de sus puntos más fuertes. ¿Esto es verdad?
A lo largo de la campaña, uno de los principales eslóganes de Keiko Fujimori ha sido la “mano dura”. Así, la candidata del partido naranja proclamaba: “Mano dura contra la delincuencia, contra quienes asaltan tu negocio y contra quienes te roban”. Y, es más, extendía este discurso apostando por una mano dura para impulsar la economía y fortalecer la democracia.
La “mano dura” es una clásica propuesta contra la inseguridad que apela a la narrativa demagógica de lucha contra la delincuencia con mayor firmeza. A mayor represión, entonces la inseguridad debería disminuir. O eso afirman. Es una fórmula tan sencilla que, de ser cierta, ya debió haber reducido los indicadores de inseguridad más frecuentes en las dos últimas décadas. No ha sido así.
La mano dura fue aplicada por sucesivos Gobiernos desde el regreso a la democracia. Pero quien ha sufrido más de sus embates no ha sido la delincuencia, paradójicamente, sino la ciudadanía. Tan solo recordemos el 2002, cuando Fernando Rospigliosi, el por entonces flamante ministro del Interior de Alejandro Toledo y hoy asesor de Keiko Fujimori, decidió reprimir la protesta en Arequipa contra la privatización de las empresas EGASA y EGESUR. El Gobierno de Alan García (2006-2011) tampoco se quedó atrás y produjo una violenta represión, con decenas de muertos, en Bagua. Como presidente de la república, Ollanta Humala (2011-2016) tampoco fue ajeno a la violencia contra las protestas sociales, con decenas de muertos en localidades como Bambamarca, Cañete, Puerto Maldonado y Espinar. A pesar de que tuvieron períodos cortos en el Gobierno, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020) tampoco tuvieron las manos limpias con varios muertos ocurridos durante conflictos sociales. Aún recordado es el ilegítimo Gobierno de Manuel Merino (2020) y su violenta represión contra la protesta, que también trajo víctimas mortales y la indignación ciudadana.
¿Qué nos espera en un eventual Gobierno que promete “mano dura” entonces? La “mano dura” es una política que apela al miedo. Para ello hay un previo trabajo de producir en el imaginario la sensación de que nos encontramos ante un escenario insostenible, y se utiliza a la inseguridad como excusa: “¡La delincuencia está sitiando al país! ¡Los crímenes son indetenibles! ¡Sicarios toman la ciudad!”. La inseguridad es un problema real, no hay duda, pero puede sobredimensionarse para que parezca más peligrosa y cercana de lo que realmente es. Con medios de comunicación tradicionales como aliados, y una maquinaria de fake news en redes sociales por detrás (nada es gratuito), un Gobierno se asegura algo más que el supuesto control de la inseguridad. Tiene control social.
La “mano dura” es el camino abierto al autoritarismo, con el “consentimiento” de una ciudadanía atemorizada. “Demodura”, proclamaba orgullosa Keiko Fujimori hace unos meses. Una pantomima de democracia que hace tan solo unas décadas sacrificó vidas a cambio de la tranquilidad pública. Sacrificar sería un eufemismo, por supuesto. Pero el miedo no es algo ajeno a nosotros. En las últimas semanas, vivimos una de las campañas políticas más infames que se recuerden. La práctica sistemática de infundir miedo a cambio de tranquilidad ya se viene aplicando por estos tiempos. ¿Qué ocurrirá cuando tengan toda la maquinaria del poder estatal en su poder?
“Terrorista”, gritan con odio. “Terrorista”, repiten con triste ironía quienes buscan infundir terror. Y lo consiguen. “Terroristas se infiltran en protesta”, rezará un titular de cualquier pasquín en uno, dos o tres años. No importa. Es más, necesitan que no se extingan para justificar su invocación. Y si no hubiera terroristas, los producirán. Total, terroristas deben ser los universitarios, campesinos, ambientalistas, comunidades indígenas, antimineros, cocaleros, sindicalistas, maestros. Cualquiera que pueda decirles “no” es terrorista. Y si es un cholo, un negro, una mujer o un pobre es doblemente terrorista. Mano dura también contra ellos.
Antes de la pandemia, un 57.2 % de peruanos aseguraba que toleraría un golpe de Estado para acabar con la corrupción y un 52.6 % para acabar con la delincuencia. Según el Barómetro de las Américas (2020), somos el segundo país en América Latina en aceptar esta violencia institucional y también el menos satisfecho con la democracia. Con una desconfianza profunda en nuestro sistema político, y sin el respeto por las leyes, no resulta para nada sorprendente por qué existe una tendencia siempre preocupante a la transgresión y el delito. ¿Qué hacer para solucionar esta situación? A aquellas mismas personas de las que desconfiamos, de las que estamos seguro de que saquearán las arcas del Estado y tendrán impunidad les cederemos el poder para darnos tranquilidad. Contra ellos no hay mano dura. Son los caraduras más bien.
A pocas horas de iniciar una nueva etapa en nuestro siempre turbio proceso histórico republicano (que paradójico que se cumplan doscientos años de “independencia” en estas circunstancias), existe una preocupación legítima por el porvenir de peruanos y peruanas. En estos momentos, las elites han roto los puntos más básicos que sostenían esta democracia liberal pegada a punta de babas y mocos. La apuesta ha sido por el todo o nada, sin tomar en cuenta el futuro de la gobernabilidad, el impacto en nuevos actores políticos y la propia legitimidad del Estado. En estas circunstancias, la promesa de “mano dura” no hará más que crear zozobra y convulsión social, sin poder evitar que, tarde o temprano, los cambios que reclama un país sumergido en la crisis sean puestos sobre la mesa. Con un escenario planteado así, la única inseguridad de la que tendremos certeza será la de ese Gobierno de “mano dura” contra sus propios ciudadanos.