¿Habrá consulta previa en Coroccohuayco?

Hay entusiasmo en las comunidades que han sido recientemente incorporadas en la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del nuevo proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco en Espinar, ante la promesa del ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes de que se llevará a cabo una consulta previa. Es más, el 15 de mayo se realizará la tercera reunión entre las comunidades y los funcionarios de este ministerio.

Como preparación previa, los pobladores han organizado una serie de talleres a los que han invitado a las tres instituciones que los asesoran: CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras y el IDL. En ellos se hablará sobre el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios: a la consulta previa, al medio ambiente equilibrado y a la protección de los recursos naturales. Otro tema es el de los estándares que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT para realizar los estudios de impacto ambiental.

Pero el asunto se complica por dos motivos: primero, porque las comunidades piden que la consulta se realice antes de que se realice el acto administrativo que aprobará la modificación del Estudio de Impacto Ambiental porque quieren saber cuáles serán los impactos del proyecto minero en las comunidades que se han incorporado, y si están de acuerdo con ello. (Incluso este año las comunidades de Coroccohuayco y Pacopata presentaron una acción de amparo contra el proyecto). Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido a hacer la consulta antes de que se inicie la explotación del proyecto y no en la fecha que piden las comunidades.

Segundo, porque como se trata de un aspecto ambiental, la consulta la debe hacer el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles (SENACE), que no se ha aparecido por la zona durante los pasados dos meses. “No se pronuncia y no da la cara, por lo que presumo que no tiene la intención de realizar este proceso”, sostiene la abogada del IDL, Maritza Quispe.

Sin embargo, a pesar de estos desencuentros, otros organismos como la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Cultura en Cusco, ha iniciado el levantamiento de información sobre los pueblos originarios, así como la elaboración del plan de consulta previa.

“El Estado debe actuar con responsabilidad y no confundir ni hacer ofrecimientos que no va a cumplir. La provincia de Espinar es una zona en la que se han presentado muchos conflictos sociales justamente por los incumplimientos de la empresa minera Antapaccay”, añade la abogada.