Hace cuatro años que San Andrés de Negritos pide a TC que se pronuncie sobre amparo contra Minera Yanacocha
El caso está en el Tribunal Constitucional que ni siquiera ha fijado una audiencia pública en la que los comuneros puedan exponer los argumentos que sustentan esta demanda. (Expediente 5212-2015-AA/TC).
Juan Carlos Ruiz, del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, institución que patrocina a la comunidad, sostiene que se trata de un caso emblemático porque revela la existencia de una estrategia utilizada por ciertas empresas mineras para asentarse sobre territorios ancestrales indígenas mediante el despojo. Dicha estrategia es apoyada por diferentes sectores del Estado; en este caso fueron la Oficina Subregional IV del Marañón, la Dirección Subregional Agraria de Cajamarca y el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y del PETT- Cajamarca.
La comunidad fue reconocida en junio de 1990 por el Equipo de Comunidades Campesinas del Ministerio de Agricultura. Recibió el título de propiedad sobre 14,375 hectáreas dividas en tres anexos: La Apalina, La Extrema y La Pajuela. El título comunal fue inscrito en los Registros Públicos en 1991.
Juan Carlos Ruiz relata los hechos: “El plan para dividir a la comunidad y despojarla se inicia ese mismo año. El director de la Oficina Subregional IV del Marañón resolvió aprobar un proyecto de adjudicación gratuita de 7,072 hectáreas en forma de parcelas individuales a favor de 92 campesinos de la misma comunidad. Esto genera los primeros se inician los conflictos entre comuneros. También reservó a favor del Ministerio de Agricultura una superficie de 7,302 hectáreas para su posterior adjudicación a título individual o como empresas asociativas”.
La resolución determinó un área reservada sobre la falsa idea que la comunidad carecía de un título de propiedad. En setiembre de 1992, Minera Yanacocha solicitó, ante la Dirección General de Minería, la expropiación de 562 hectáreas de propiedad de la comunidad, ubicadas en el paraje llamado Yanacocha, incluyendo el área de Pampa Larga, para la creación de instalaciones auxiliares de la planta de lixiviación del proyecto minero que la empresa estaba desarrollando.
En abril de 1993, el Ministerio de Energía y Minas declaró fundada la solicitud de expropiación de Minera Yanacocha por un total de 609.44 hectáreas de la comunidad, ubicadas en el paraje Cerro Yanacocha. También se fijó el monto de compensación y la indemnización por los daños correspondientes a la expropiación: se pagó aproximadamente 100 soles por cada hectárea.
En diciembre de 1994, Minera Yanacocha solicitó ante la Dirección General de Minería el establecimiento de una servidumbre sobre un terreno propiedad de la comunidad. En cuanto a la expropiación y servidumbre, la mayor parte de la comunidad no fue consultada, no tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y no recibió compensación.
Luego hubo un segundo y un tercer proyecto de titulación que produjeron más conflictos internos. Entre los años 1995 y 1996, los comuneros manifestaron ante las diferentes entidades del Estado que los líderes Aurelio Castrejón, Lorenzo Zamora y Sergio Herrera fueron responsables de presionar a los comuneros para dejar sus tierras, de participar en malas prácticas, estafas, ganancias personales y cobros indebidos en la titulación individual del anexo La Pajuela.
“Yanacocha se ha valido de métodos incompatibles con la legislación nacional e internacional, trasgrediendo los estándares internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. El caso confronta la libertad de empresa, de industria y de comercio, así como la explotación de recursos naturales y la política energética”, agrega Juan Carlos Ruiz.