“Hemos venido hasta aquí por las niñas y los niños”: lideresas amazónicas encabezan marcha del 8M en Lima y exigen justicia para menores en Condorcanqui
Giorgia Aceti [1]
Por primera vez, lideresas indígenas de la Amazonía peruana llegaron a Lima para participar en la marcha del 8 de marzo por el Día de la Mujer. Y no solo estuvieron presentes, sino que además la encabezaron. Más de veinte mujeres de los pueblos awajún y wampis, provenientes de la provincia de Condorcanqui, abrieron la movilización del 8M y caminaron al frente de miles de manifestantes en la capital.
La movilización siguió un recorrido profundamente simbólico: partió detrás del Ministerio de Salud, a la altura del Parque Eduardo de Habich, y avanzó hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para las lideresas, este trayecto refleja el vínculo entre dos derechos que siguen siendo negados en sus territorios: el derecho a la salud y el derecho a la justicia.
Tras varios días de viaje desde la Amazonía, las mujeres Awajún y Wampis llegaron a Lima con una expectativa clara: que las denuncias que durante años han presentado en sus comunidades sean finalmente escuchadas por el Estado peruano.
La delegación fue convocada por el Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY), organización que defiende los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes awajún y wampis[3].
«Por primera vez vamos a levantar nuestra voz en la llamada capital. Aquí creemos que sí nos van a escuchar… Este es el grito de las niñas, niños y adolescentes que hoy gritan por justicia, cuando deberían gritar de alegría y felicidad».[2]
— Rosmery Pioc, 6 de marzo de 2026.
El 6 de marzo las lideresas iniciaron su agenda en Lima con una conferencia de prensa en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Ante periodistas y organizaciones sociales, compartieron testimonios sobre la situación que enfrentan sus comunidades: casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, familias que buscan justicia y procesos judiciales que muchas veces avanzan con dificultad o quedan inconclusos[4].
Durante su estancia en la capital, las lideresas también impulsan una agenda de incidencia política que incluye reuniones con ministerios, agencias de Naciones Unidas y actores del ámbito académico, con el objetivo de llevar sus denuncias directamente a las instituciones y exigir respuestas concretas frente a la violencia que afecta a niñas y adolescentes en sus territorios.
Hablar públicamente de estos hechos tiene consecuencias. Georgina Rivera Paz, vicepresidenta del COMUAWUY, y Rosmery Pioc, presidenta de la organización, denunciaron haber recibido amenazas por acompañar a víctimas y denunciar abusos. Aun así, decidieron viajar hasta la capital y ponerse al frente de la movilización.
«Nosotras llevamos los casos, denunciamos las violaciones y las entregamos al CEM[5] y por eso somos amenazadas de muerte. Hemos venido hasta aquí por las niñas y los niños. Ya no podemos seguir callando»
— Georgina Rivera Paz, 6 de marzo de 2026.[6]
COMUAWUY se hizo presente en marca por el Día de la Mujer. Créditos: Giorgia Aceti
La realidad de Condorcanqui
En la provincia amazónica de Condorcanqui se han documentado, hasta la fecha, más de 800 casos de violencia sexual contra menores de edad. Sin embargo, las lideresas advierten que esta cifra refleja solo una parte de la realidad: muchos casos nunca llegan a denunciarse debido a la distancia hasta las instituciones, la falta de recursos o el miedo a represalias.
«Esos son los casos que lograron denunciarse. Pero hay muchos más. ¿Quién habla por las niñas y los niños que no pueden denunciar?»
— Rosmery Pioc, 6 de marzo de 2026. [7]
Las cifras reflejan una crisis persistente. Se registraron 93 casos en 2024 y 87 en 2025, lo que equivale a casi seis denuncias por mes en la provincia.[8]
Para las lideresas, detrás de estos números hay historias concretas: niñas que abandonan la escuela, adolescentes que enfrentan traumas profundos y comunidades enteras que siguen esperando justicia y protección.
La situación se ha agravado por las limitaciones del sistema judicial en la zona. En febrero de 2026, el Ministerio Público decidió cerrar dos fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y tres unidades médico-legales en Condorcanqui, ubicadas en Nieva, Yutupis y Huampami, debido a la falta de presupuesto.[9]
Estas oficinas habían sido creadas en 2025 para reforzar el acceso a la justicia en una región marcada por numerosas denuncias. Sin embargo, al finalizar el financiamiento extraordinario que permitió su implementación, la Junta de Fiscales Supremos resolvió no prorrogar su funcionamiento, lo que implicó la desactivación de estos servicios y la reducción del personal especializado que atiende estos casos.[10]
El impacto ha sido inmediato en una de las provincias más aisladas del país. Las unidades médico-legales realizaban peritajes médicos y psicológicos indispensables para investigar delitos sexuales. Sin estos servicios, muchas víctimas deben recorrer largas distancias —a menudo navegando por río durante horas o incluso días— para acceder a exámenes forenses o presentar una denuncia formal. También quedó en riesgo el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, un espacio clave para recoger de manera segura los testimonios de niñas y niños víctimas de violencia.[11]
Movilización llegó a la sede del Poder Judicial. Créditos: Giorgia Aceti
Abusos en el sistema educativo
Muchos de los abusos denunciados ocurren dentro del propio sistema educativo. Según la presidenta del COMUAWUY, varios de los agresores identificados son docentes.
«Lo que hace la UGEL es cambiarlos de un colegio a otro para evitar la vergüenza de esos docentes»
— Rosmery Pioc frente al Palacio de Justicia.
En lugar de sanciones, profesores acusados de violencia sexual son trasladados a otras escuelas mediante el llamado sistema de “rotaciones”, una práctica que, según las lideresas, termina protegiendo a los agresores en lugar de garantizar la seguridad y la justicia para las víctimas.[12]
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. En la provincia de Condorcanqui, 616 docentes y 52 trabajadores administrativos han sido denunciados por delitos de violencia sexual, según datos del Ministerio de Educación.[13]
La Defensoría del Pueblo ha advertido que docentes denunciados o condenados por estos delitos no deberían volver a trabajar en instituciones educativas, especialmente en comunidades indígenas, donde los mecanismos de protección para niñas y niños son más débiles y donde muchos estudiantes viven en internados, lejos de sus familias y de cualquier red de protección.[14]
Marcha realizada el 7 de marzo congregó a diversos colectivos en Lima. Créditos: Giorgia Aceti
Entre hambre, enfermedad y abandono estatal
Las lideresas señalan que la violencia sexual en la provincia de Condorcanqui no puede entenderse sin mirar las condiciones estructurales que atraviesan muchas comunidades amazónicas: pobreza extrema, inseguridad alimentaria y una presencia limitada del Estado.
En varias escuelas, la precariedad de las condiciones de vida ha generado situaciones de profunda vulnerabilidad para los estudiantes. Según la Defensoría del Pueblo, la alimentación no siempre está garantizada. Mientras el programa estatal Qali Warma cubre el desayuno y el almuerzo durante la semana, las cenas y la comida de los fines de semana quedan a cargo del propio alumnado. En este contexto, se han documentado situaciones alarmantes: algunos estudiantes llegan a intercambiar su cuerpo por comida para poder alimentarse, exponiéndose a graves riesgos para su integridad física y sexual.[15]
La violencia ocurre además en un contexto de profunda precariedad sanitaria. En muchos centros de salud de la Amazonía faltan médicos especializados, medicamentos y programas de prevención. En varias comunidades, denuncia la lideresa Georgina Rivera Paz, solo llegan medicamentos básicos como ibuprofeno o paracetamol, mientras escasean pruebas médicas, tratamientos especializados para VIH/sida y programas de educación sexual.
A esta situación se suma el aumento de casos de VIH/sida en la región amazónica, donde la tasa de infección puede ser hasta seis veces mayor que el promedio nacional.[16]
Ante la falta de mecanismos de protección suficientes, las propias mujeres awajún y wampis han comenzado a organizar respuestas desde sus comunidades. En septiembre de 2025, el COMUAWUY inauguró una casa refugio en Santa María de Nieva, localidad de Condorcanqui, para ofrecer un espacio seguro a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.[17]
El refugio funciona gracias al trabajo de lideresas indígenas y organizaciones aliadas, y recibe de manera constante nuevos casos provenientes de distintas comunidades. Allí se brinda acompañamiento inicial, orientación legal y apoyo psicosocial, en un contexto donde los servicios estatales especializados pueden encontrarse a varias horas —e incluso días— de camino.
Sin embargo, las lideresas subrayan que la protección de las víctimas no puede depender únicamente del esfuerzo comunitario. El Estado, sostienen, debe garantizar refugios seguros, atención médica adecuada y medidas efectivas de prevención.
Mujeres indígenas exigieron justicia por violaciones en Condorcanqui. Créditos: Giorgia Aceti
«Condorcanqui también es Perú»: se exigen respuestas del Estado
La presencia de las lideresas en Lima constituye una denuncia frente al abandono institucional. Durante la conferencia de prensa del 6 de marzo, la lideresa Hermelinda Tenazoa expresó este reclamo con una frase contundente: «Se han olvidado de nuestro Condorcanqui».
Al recorrer la distancia —física y política— que separa la Amazonía de la capital, estas mujeres han transformado el silencio que rodea a sus comunidades en un grito colectivo de dignidad.
Su presencia en la movilización del 8 de marzo pone en evidencia una falla estructural. Mientras el Estado posterga sus responsabilidades, son las propias mujeres indígenas quienes sostienen la defensa de la vida, la justicia y el territorio. La consigna que levantaron durante la marcha resume su demanda: «¡Condorcanqui también es Perú, Amazonas también es Perú!».
Tras su paso por Lima, la pregunta ya no es qué “necesitan” estas comunidades, sino si el Estado está dispuesto a reconocer plenamente sus derechos.
«También somos peruanos como ustedes y merecemos el derecho de pedir justicia. Hemos venido a exigir un derecho que nos corresponde como pueblo peruano».
— Rosmery Pioc frente al Palacio de Justicia.[18]
Referencias:
[1] Giorgia Aceti es titulada en Ciencias Internacionales e Instituciones Europeas por la Universidad Statale de Milano (Italia), Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad Statale de Milano. Actualmente, es cooperante internacional por Progettomondo en el Instituto de Defensa Legal (IDL), apoyando la labor del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas.
[2] Declaración de Rosmery Pioc durante la conferencia de prensa de la delegación de lideresas Awajún y Wampis, realizada el 6 de marzo de 2026 en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Lima.
[3] Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY), información institucional sobre la organización y sus actividades de defensa de derechos.
[4] Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), conferencia de prensa sobre la situación de violencia sexual en Condorcanqui, Lima, 6 de marzo de 2026.
[5] Los CEM son los Centros Emergencia Mujer, servicios públicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del Perú que brindan atención gratuita, integral y confidencial a víctimas de violencia familiar y sexual, ofreciendo apoyo legal, psicológico y social.
[6] Declaración de Georgina Rivera Paz durante la conferencia de prensa de la delegación de lideresas Awajún y Wampis, realizada el 6 de marzo de 2026 en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Lima.
[7] Declaración de Rosmery Pioc durante la conferencia de prensa de la delegación de lideresas Awajún y Wampis, realizada el 6 de marzo de 2026 en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Lima.
[8] La República, “800 casos de abuso sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes”, 10 de febrero de 2026. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2026/02/09/800-casos-de-abusos-sexual-infantil-en-condorcanqui-en-manos-de-una-fiscalia-reportan-casi-6-denuncias-al-mes-hnews-769149.
[9] Ministerio Público del Perú, Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N.º 004-2026-MP-FN-JFS, citada en: RPP Noticias, “Ministerio Público cerró fiscalías que atendían abusos contra menores en Condorcanqui por falta de presupuesto”, 9 de febrero de 2026.
[10] Ministerio Público del Perú, Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N.º 004-2026-MP-FN-JFS, citada en: RPP Noticias, “Ministerio Público cerró fiscalías que atendían abusos contra menores en Condorcanqui por falta de presupuesto”, 9 de febrero de 2026.
[11] Tras las protestas y movilizaciones convocadas por comunidades Awajún y Wampis en febrero de 2026, el Ministerio Público anunció la reactivación de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer en Condorcanqui. La Coordinación Nacional de estas fiscalías señaló que la atención y las diligencias forenses continuarían en Nieva, Río Santiago y Huampami, aunque organizaciones locales advierten que la recuperación plena del servicio podría tardar debido a la falta de personal y recursos. Véase: “Ministerio Público cierra unidades que atendían casos de abuso contra niñas awajún y wampis en Condorcanqui”, Infobae Perú, https://www.infobae.com/peru/2026/02/07/ministerio-publico-cierra-unidades-que-atendian-casos-de-abuso-contra-ninas-awajun-y-wampis-en-condorcanqui/.
[12] Ibidem.
[13] Ministerio de Educación del Perú, “616 docentes y 52 administrativos han sido denunciados por violencia sexual en Condorcanqui,” Nota de prensa, https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/1125548-616-docentes-y-52-administrativos-han-sido-denunciados-por-violencia-sexual-en-condorcanqui
[14] Defensoría del Pueblo, La actuación del Estado frente a la violencia sexual contra la niñez y adolescencia indígena Awajún en la provincia de Condorcanqui. Balance de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo y agenda pendiente para restituir los derechos fundamentales de la niñez awajún, Documento Defensorial N.° 001-2024-DP/AMACCPI/PPI, Lima, agosto de 2024, dirigido por Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/09/Documento-Defensorial_violencia_sexual_condorcanqui-1.pdf.
[15] Defensoría del Pueblo, Condiciones para garantizar el derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia de las niñas y adolescentes indígenas, Informe de Adjuntía N.º 002-2017-DP/AMASPPI/PPI, Lima, 2017. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-de-Adjuntia-002-2017-DP-AMASPPI-PPI.pdf
[16] Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Awajún (GTAA), Tablero de enfermedades del GTAA Awajún, plataforma de monitoreo de salud del territorio awajún. Disponible en: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDUxMGI0OTItZGU0Ni00N2VkLTk3YTctOTEwZGE0YmFlNzQzIiwidCI6ImNlNGQwZWY1LTU2MTEtNDkzNy1hZGE4LWNlNDhmYzc0OTFiMCJ9.
[17] La República, “Mujeres indígenas inauguran maloca-refugio en Condorcanqui para proteger víctimas de abuso sexual en Amazonas”, sección Sociedad, 27 de septiembre de 2025, 20:11 h. Disponible en: https://larepublica.pe/sociedad/2025/09/27/mujeres-indigenas-inauguran-malocarefugio-en-condorcanqui-para-proteger-victimas-de-abuso-sexual-en-amazonas-2350242.
[18]Declaración de Rosmery Pioc durante la marcha del 8M frente al Ministerio de Justicia, realizada el 7 de marzo de 2026 en Lima.