Hidrovía Amazónica no va más: organizaciones indígenas detienen megaproyecto que amenazaba sus territorios y la naturaleza
Álvaro Másquez Salvador, Sebastián Delgado Céspedes y Kevin Mori Silvano
En una comunicación reciente, la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente (MINAM) informó que la concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. (Cohidro) desistió de continuar con la certificación ambiental que había solicitado para operar el proyecto homónimo. A este pronunciamiento, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) agregó que está por declarar la caducidad del contrato de concesión celebrado entre el Estado y el consorcio de capitales chinoperuanos.
Estas buenas noticias son resultado directo de la acción organizada del movimiento indígena amazónico y las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, quienes por varios años han denunciado los peligros ambientales, sociales y culturales que representa el megaproyecto para la Amazonía y sus habitantes. Uno de los hitos principales en este trabajo fue la demanda judicial interpuesta en 2021 por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) exigiendo la suspensión de la Hidrovía Amazónica, con la asesoría del Instituto de Defensa Legal, Forest Peoples Programme y Wildlife Conservation Society.
A continuación, repasaremos la historia de la Hidrovía Amazónica, sus principales cuestionamientos y las acciones de lucha emprendidas por el movimiento indígena en defensa de sus derechos y los de la naturaleza. A ello, además, sumaremos el impacto del fin del proyecto de concesión a raíz de las informaciones más recientes sobre su futuro.
Historia de un proyecto ambiental, social y culturalmente inviable
El megaproyecto Hidrovía Amazónica fue concesionado en 2017 por el Estado peruano a favor de la concesionaria Cohidro por un plazo de 20 años. A través del dragado de bancos de arena, tenía el objetivo de mejorar la navegabilidad en 2687 kilómetros de los ríos Marañón. Amazonas, Huallaga y Ucayali. Con ello, en términos económicos, buscaba alentar el comercio transnacional entre Perú, Brasil y el resto de los países en los bordes del océano Pacífico.
La Hidrovía Amazónica atraviesa por lo menos 410 comunidades nativas pertenecientes a 14 pueblos indígenas de Loreto y Ucayali: achuar, ashaninka, awajún, bora, capanahua, kichwa, kukama- kukamiria, murui-muinani, shawi, shipibo-konibo, tikuna, urarina, yagua y yine.
Por su importancia, el megaproyecto formaba parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), promovida por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Ya en 2008, la Hidrovía Amazonía había sido declarada de interés nacional, aunque para entonces aún no existían estudios completos sobre su viabilidad.
En 2014, este fue el primer caso en que las organizaciones indígenas lograron que el Poder Judicial ordene realizar un proceso de consulta previa. A raíz de una demanda constitucional interpuesta un año antes por la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), con el patrocinio del IDL, se logró suspender el megaproyecto hasta que todas las comunidades y pueblos afectados de la Amazonía participen en el proceso de consulta previa.
Una vez concluido en 2015, las organizaciones indígenas obtuvieron una larga serie de acuerdos con relación al futuro de la Hidrovía Amazónica. El más importante: recurrir nuevamente al proceso de consulta previa en caso de “identific[arse] nuevas afectaciones a los pueblos indígenas que no hayan sido objeto de la presente consulta, y las mismas se identifiquen en el desarrollo del EIA [Estudio de Impacto Ambiental][1]”.
El megaproyecto continúo desde entonces hasta el momento de la certificación ambiental. Por la magnitud del riesgo ambiental, de acuerdo con la Ley del Sistema de Impacto y Evaluación Ambiental, la concesionaría debía obtener un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d). Allí surgieron nuevamente los problemas.
Sus términos de referencia, de acuerdo con la especialista Mercedes Lu, tuvieron vacíos importantes, “tales como la falta de definición de métodos para la evaluación cuantitativa de impactos, la falta de definición de las áreas de influencia, de análisis de los efectos del proyecto en la morfología y la dinámica de los ríos a lo largo del tiempo, métodos de evaluación de alternativas, efectos del proyecto en los ecosistemas -incluyendo zonas inundables, fauna acuática y áreas protegidas-, los efectos acumulativos, sinérgicos, salud y seguridad alimentaria de las comunidades locales”[2].
Añade también Lu: “[l]a falta de información técnica en el EIA implica una gran incertidumbre sobre los efectos del proyecto en la riqueza y diversidad de peces, ecosistemas, áreas protegidas y comunidades que dependen de los ríos amazónicos para su subsistencia”.
Podemos advertir, por consiguiente, que el megaproyecto afectaba enormemente y de manera negativa el ciclo natural de los ríos, así como los medios y estilos de vida de los miembros de los pueblos indígenas. La puesta en marcha del proyecto afectará sucesos propios de la naturaleza como “el mijano”, un término utilizado para dar a conocer las enormes cantidades de peces que migran de un lugar a otro en determinadas épocas del daño. Con el dragado desaparecerían.
De igual forma, las “quirumas” o palos sagrados también serían afectados, pues pueblos como el shipibo las consideran como seres espirituales en su cosmovisión, pues albergan las diversas cantidades de especies de peces y otros recursos hidrobiológicos existentes en la Amazonía. Todo ello sin mencionar que afectaría también la navegabilidad de la población indígena, quienes en su mayoría se transportan a través de canoas y “peque peque”. La contaminación es otro problema que generan rechazo por tener el potencial de generar daños irreversibles: el agua de los ríos es una fuente de supervivencia para los pueblos indígenas rivereños.
Litigio estratégico en defensa de los territorios indígenas y la naturaleza
En enero de 2021, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) y la Organización Regional Amazónica de Ucayali (ORAU) interpusieron una demanda constitucional de amparo contra Cohidro, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). El patrocinio del caso está a cargo del IDL.
La demanda está sustentada en la incertidumbre científica sobre los impactos que tendrá el megaproyecto en los cuatro principales ríos de la cuenca amazónica. Según la información técnica disponible, sobre todo en las más de 400 observaciones formuladas al EIA-d, la Hidrovía Amazónica resulta incompatible con el principio de precaución en materia ambiental, que a su vez forma parte del derecho fundamental de todas y todos los peruanos a gozar de un medio ambiente sano.
También viola este derecho el haber desconocido los estándares del Sistema Interamericano de Derecho Humanos, plasmados en su jurisprudencia, con relación a la elaboración de estudios de impacto ambiental (EIA) para proyectos en territorios indígenas.
Son múltiples los derechos de los pueblos indígenas que se ven comprometidos. Además del medio ambiente, existen afectaciones severas a los derechos fundamentales a los recursos naturales, al territorio, a la identidad cultural y a la libre determinación de los pueblos indígenas.
Frente a esta situación, a través de la vía judicial, las organizaciones indígenas exigieron que se suspenda el megaproyecto mientras no se tenga certeza científica sobre las afectaciones que pueda generar a los ecosistemas acuíferos y a los pueblos indígenas rivereños. En ese sentido, solicitaron la nulidad de la Resolución Directoral 702-2015MTC/16 de 2015, que aprobaba los términos de referencia del EIA del megaproyecto.
El caso se encuentra en trámite, en la segunda instancia, ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
Entre el desistimiento y la caducidad del megaproyecto
La primera alerta sobre el fin del contrato de concesión provino del proceso judicial iniciado por Feconau y ORAU contra la Hidrovía Amazónica. Así lo hizo saber la Procuraduría Pública del MINAM al Segundo Juzgado Civil de Coronel Portillo de Ucayali.
Mediante la Resolución Directoral N.° 006-2020- SENACE-PE/DEIN, de fecha 15 de enero del 2020, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Senace concluyó el procedimiento administrativo de evaluación del proyecto por pedido de Cohidro. El documentado citado indica lo siguiente:
“(…) Aceptar el DESISTIMIENTO del procedimiento administrativo de evaluación del Estudio de Impacto detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica (…); en consecuencia, declarar concluido dicho procedimiento, procediéndose al archivo del mismo, (…)”.
De tal forma, no existe más una solicitud de evaluación ambiental en curso sobre la Hidrovía Amazónica que involucre a Cohidro o cualquier otra empresa.
Igualmente, Ositran afirmó el pasado 17 de octubre que están en procedimiento de declarar la caducidad del contrato de concesión celebrado entre el Estado y Cohidro. En palabras de Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva del Ositran:
“Este es un proyecto que lamentablemente no ha logrado calar, está en procedimiento de declarar la caducidad [del contrato]. Este era un proyecto que tenía mucha importancia por el cambio de cultura que iba a significar para la selva”.
A nuestro juicio, la salida de Cohidro evidencia la completa inviabilidad del proyecto, plasmada en su imposibilidad de superar las múltiples observaciones formuladas desde lo ambiental y sobre todo por la permanente movilización de las organizaciones indígenas a nivel nacional, alertando de sus impactos perjudiciales en sus derechos fundamentales.
Esta decisión ha sido saludada por autoridades del movimiento indígena. Graciela Reátegui, presidenta de FECONAU, resaltó:
“Desde mi punto de vista, como presidenta de una organización que representa los pueblos indígenas afectados por el proyecto, tuvimos y tenemos todo el derecho a esta lucha. No ha sido fácil, pero la unión entre pueblos y las comunidades nos ha permitido seguir luchando para nuestro territorio. Este proceso ha venido tanto de las organizaciones indígenas como de los aliados. Este logro es el resultado del trabajo conjunto de los jefes de las comunidades con sus pueblos, de las organizaciones indígenas cómo representantes de nuestros pueblos y de nuestros aliados”.
El retiro de Cohidro, sin duda, es una victoria para el movimiento indígena. Sin embargo, existe siempre el riesgo que de una nueva concesionaria aparezca en el escenario, busque dar impulso al megaproyecto y repita los mismos episodios de violaciones a derechos fundamentales. Por lo pronto, están ya trazadas las estrategias de lucha y las lecciones aprendidas que nos permitirán monitorear el futuro de la Hidrovía Amazónica, en el marco de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza y en un escenario de crisis climática y civilizatoria.
Foto: Hernán P. Floríndez
[1] Ver el “Acta de la consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica”. Recuperado de: https://portal.mtc.gob.pe/informacion_general/hidrovias/documentos/Acta%20Consulta%20Previa-Proyecto%20Hidrovia%20Amazonica_Completo.pdf.
[2] Lu, Mercedes. (2020). Hidrovía Amazónica: Inconsistencias de un proyecto anunciado. Recuperado de: https://www.inframazonia.com/hidrovia-amazonica-inconsistencias-de-un-proyecto-anunciado/.