IDL, CNDDHH y GTCC solicitan audiencia ante la CIDH para alertar sobre los peligros a la independencia e idoneidad de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional
Desde el 2020 la designación de los miembros del Tribunal Constitucional ha estado empañada de diversas irregularidades, como la falta de independencia y conflictos de interés de algunos integrantes de la Comisión Especial del año pasado, la definición del reglamento del proceso de selección rechazando sin debida motivación y casi en su totalidad las serias observaciones presentadas por la sociedad civil. Así, fueron definidos los precandidatos (actualmente 29) no obstante los públicos cuestionamientos.
A pesar de ello, el pasado martes 20 de abril el proceso ha sido retomado (con la etapa de tachas), siendo integrada la Comisión seleccionadora 2021 por casi los mismos congresistas del 2020, sin que haya un reconocimiento ni subsanación de los serios problemas suscitados. Prueba de ello es, por ejemplo, que una bancada no presentó integrante (el Frente Amplio) y otra, ha renunciado a continuar en la nueva Comisión (el Partido Morado). Esto evidencia la ausencia de garantías de un proceso de selección idóneo, meritocrático, independiente y participativo.
Por todas estas situaciones, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) y el Instituto de Defensa Legal (IDL)han solicitado una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su próximo periodo de sesiones, que se realizará entre los días 21 de junio al 2 de julio de 2021.
En la audiencia se presentaría información relevante sobre la grave situación para la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional del Perú a raíz de este proceso de selección, así como el peligroso retroceso en la protección de los derechos humanos en el país.
Es preciso recordar que, por ejemplo, siguen integrando la Comisión Seleccionadora del 2021 los congresistas José Vega y José Luna Morales. El primero es el protagonista de un audio con el cuestionado exmagistrado supremo César Hinostroza, donde hace referencia a presuntas coordinaciones indebidas para la inscripción del logo del partido político al que pertenece Vega. Mientras que la fiscalía viene investigando a Luna Morales como presunto involucrado en otro caso de relacionado a delitos de corrupción en el sistema político.
Como se conoce, seis de las siete magistraturas del Tribunal Constitucional se encuentran con mandato vencido. Por tal motivo, las designaciones del actual Congreso de la República tendrán un impacto determinante en la independencia de este alto tribunal y su capacidad de funcionar como un contrapeso democrático efectivo y protector de derechos fundamentales, en un escenario de pandemia y de importantes investigaciones fiscales que comprometen a actuales actores del poder político.
Finalmente, comunicamos que las organizaciones y colectivos ciudadanos que se sumen a este pedido a la CIDH, pueden escribir a csilva@idl.org.pe para hacer llegar el respectivo oficio a la CIDH. Promover un #TCdelBicentenario independiente e idóneo que responda a las necesidades de toda la población y no de intereses particulares, es estar #EnDefensaDeLosDerechos para todos y todas.