IDL exige que se investigue muerte de presos en motín de Castro Castro y propone descongestionar penales
El Instituto de Defensa Legal exigió al Gobierno que se esclarezcan las responsabilidades de los involucrados en la muerte de los presos en el motín del penal Miguel Castro Castro, ocurrido el pasado 27 de abril.
“Estos deben de ser eventualmente sancionados penal y administrativamente. Así también, es necesario atender a las familiares de los internos, que actualmente no tienen manera de comunicarse con ellos y exigen información sobre su estado de salud”, señala el pronunciamiento.
Cabe recordar que, de acuerdo a los primeros indicios, los presos fueron abatidos por proyectiles de balas. Sin embargo, el ministro de Justicia aseguró que, ante eventuales conflictos, son los agentes del INPE los que reaccionan y estos no tienen armas letales.
Por otro lado, el IDL presentó una serie de propuestas que tienen como objetivo que se descongestionen las cáceles para así frenar la propagación de la pandemia. Hasta el momento la política del Gobierno no ha funcionado, respecto a la conversión de penas por el delito de Omisión de Asistencia Familiar, el Gobierno pone como condición el pago de la deuda, lo cual solo ha beneficiado a 200 personas.
“Nuestra propuesta sugiere la libertad inmediata siempre que el interno se comprometa a pagar la deuda hasta diciembre y realice trabajos de servicios a la comunidad, estableciendo mecanismos de garantía de pagos, así como también condiciones para la reversión de este beneficio en caso de incumplimiento. Así mismo, la propuesta abarca más allá de este delito y extendemos la conversión automática de la pena para otros tipos penales menos graves, pero que son de mayor frecuencia. De esta manera, hasta 2,780 personas podrían acogerse a este beneficio”, plantea el IDL.
Así mismo, el mecanismo contemplado por el Gobierno respecto a las gracias presidenciales solo contempla a los sentenciados, lo cual reduce el rango de beneficiados. El IDL propone que también se tome en cuenta a los procesados, pero que todavía no tienen sentencia de primera instancia.
“También se podrían acoger a este beneficio personas que se encuentren en los grupos de riesgo frente al COVID-19, pero que no hayan cometido delitos graves. Corresponderá al INPE, a falta de voluntad del Poder Judicial, revisar de oficio los plazos del vencimiento de los procesados con prisiones preventivas y disponer la libertad inmediata con conocimiento de la autoridad jurisdiccional. De esta manera, el universo total de posibles beneficiados por este DS ascendería hasta 7,531 personas”, se propone en el pronunciamiento.