Pronunciamiento: IDL – Justicia Viva rechaza interpelación al Ministro de Justicia

Justicia Viva, área de fiscalización, seguimiento y propuestas de políticas públicas relacionadas al sistema de justicia y la corrupción del Instituto de Defensa Legal (IDL), expresa su rechazo a la interpelación del Ministro de Justicia Vicente Zevallos que el Congreso de la República ha previsto para el 21 de marzo, en relación al acuerdo de colaboración y beneficios con la empresa Odebrecht. Las razones son las siguientes:

1. Si bien la interpelación es una facultad del Congreso, en este caso constituye una clara injerencia política frente al Ministerio Público, un órgano que de acuerdo a la Constitución es de carácter autónomo; y frente al Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, cuyo funcionamiento debe ser absolutamente independiente.
   Esta injerencia se presenta dado que la autoridad competente para negociar y celebrar dicho acuerdo es el Ministerio Público. Y es el Poder Judicial al que le corresponde hacer el control de legalidad de dicho acuerdo. Así está establecido expresamente tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, en la Ley N° 30737, aprobada nada menos que por el actual Congreso, con fecha 9 de marzo de 2018.
2. Esta injerencia política por parte del Congreso es más grave aún, si tomamos en cuenta que el juez competente todavía no ha cumplido con realizar el control de legalidad referido, el mismo que pueda dar lugar a una resolución frente a la que cabría un recurso de apelación de ser el caso.
3. Por otro lado, varias de las preguntas del pliego interpelatorio, hacen referencia a cuestiones que están previstas en la Ley N° 30737, como por ejemplo el cálculo de la reparación, o la preocupación por la que el acuerdo se refiera solo a cuatro proyectos. En cuanto al cálculo, tanto en la ley como en su reglamento se establecen los criterios a seguir para fijar la reparación, estableciendo un margen de discrecionalidad muy reducido. En cuanto al número de proyectos, de acuerdo a la ley, es la empresa la que decide voluntariamente qué delitos reconoce, conservando las autoridades el derecho a investigar y procesar todo lo no reconocido por la empresa.
4. Debe considerarse igualmente que, interpelar al Ministro de Justicia, por el papel desempeñado por parte de uno de los procuradores en un caso concreto, implica un desconocimiento inaceptable de la autonomía funcional que tienen estos, por lo que se estaría creando un grave precedente de dependencia política.

Este total desconocimiento por parte de un número significativo de congresistas del régimen legal vigente sobre la colaboración eficaz, evidentemente puede poner en riesgo la aprobación del acuerdo suscrito con la empresa Odebrecht, ya que en la práctica constituye una presión externa, que puede hacer que aquellos que se han comprometido a declarar – como en el caso de Jorge Barata – retrasen por lo menos su decisión, y otras empresas se desalienten a acogerse a la colaboración por falta de garantías. De ocurrir estos supuestos, el Congreso de la República sería el responsable directo de provocar un daño irreparable en la lucha contra la corrupción.

*Foto: Andina.