IDL se suma a las condolencias al pueblo Kakataibo por la muerte de Mariano Isacama y exige sanción para los responsables
El último domingo, 14 de julio, fue hallado sin vida el cuerpo del líder y defensor de derechos humanos Mariano Isacama Feliciano, originario de la Comunidad Nativa Puerto Azul del pueblo indígena Kakataibo, desaparecido por 24 días, con signos de tortura y en estado de descomposición en la ribera del río Yúrac, en los alrededores de la ciudad de Aguaytía, región Ucayali.
Ante ello, el Instituto de Defensa Legal (IDL) expresa sus condolencias al pueblo Kakataibo por la muerte de Isacama Feliciano, exige sanción para quienes resulten responsables del crimen y hace un llamado a la unidad de los pueblos indígenas.
Asimismo, recordamos que, en un contexto de violencia contra defensores de derechos humanos, es urgente una respuesta integral y efectiva por parte de las autoridades del Estado. En un comunicado publicado el domingo, la Comunidad Nativa Puerto Azul, la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo del Perú (GIPKAP), la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) alertaron que no hubo respuesta a sus pedidos de auxilio antes de la muerte de Mariano Isacama.
“Lamentamos la reacción lenta y tardía de las autoridades del Estado peruano que no intervinieron suficientemente, a pesar de nuestros múltiples pedidos de auxilio, en particular a la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tenían entre sus responsabilidades las de conducir la búsqueda de Mariano cuando probablemente aún se encontraba con vida”, se lee en el comunicado de las comunidades kakataibo.
En ese sentido, es importante recalcar que el trabajo del Estado no debe limitarse a fortalecer los mecanismos ya existentes de protección a defensores de derechos humanos, algo que ha demostrado ser insuficiente para salvaguardar la integridad de líderes amenazados.
“El Estado necesita reforzar no solo sus políticas de protección a personas defensoras de derechos humanos, sino reformar el marco normativo para reconocer las iniciativas de autoprotección que se vienen gestando en los territorios, y particularmente las guardias indígenas, que han avanzado más que el propio Estado peruano en darle seguridad a los territorios y que tienen mayor legitimidad social”, sostiene Álvaro Másquez Salvador, especialista legal e investigador del IDL.
Finalmente, anunciamos que desde el Observatorio para Defensores Indígenas de Derechos Humanos continuaremos vigilantes sobre situaciones que amenacen la integridad de estas personas. Como han expresado las organizaciones en su pronunciamiento, los pueblos indígenas no quieren más violencia, sino vivir en territorios seguros y libres de foráneos que les ponen en peligro.