IDL y CooperAcción presentan demanda contra prórrogas indefinidas del Registro Integral de Formalización Minera
El Instituto de Defensa Legal y CooperAcción han presentado una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio del Interior (MININTER) y el Gobernador Regional de Amazonas por la aplicación de la Ley N.° 31388. Esta modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, por el cual se amplía el plazo de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2024.
Dichas instituciones consideran que se está vulnerando los derechos a un medio ambiente equilibrado y adecuado, a la salud, a la vida y a condiciones de existencia digna, al agua; y que también se amenaza el derecho a la identidad cultural, a la conservación de la diversidad biológica, al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a la prevención ambiental.
La ampliación de este plazo autoriza a que nuevos mineros accedan al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Esta es la quinta ampliación. Se trata de una política iniciada en 2012, que ha tenido resultados muy pobres ya que no ha logrado el objetivo de formalizar a la pequeña minería, a pesar de que con cada prórroga se han flexibilizado los requisitos. Más bien, ello ha conllevado a una desnaturalización de la excepcionalidad de esta política, convirtiéndola en una situación estructural y permanente.
Esta situación se da en un contexto de crecimiento exponencial de la minería ilegal en la Amazonía, que en los dos últimos años ha aumentado en un 400%. Las políticas destinadas a combatirla han perdido el liderazgo institucional, que en un principio recayó en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario[1]. En la región Amazonas, esta medida también conllevó a un gran crecimiento de mineros ilegales que buscaron revestir de legalidad sus actividades, generando graves daños al ambiente y al territorio del pueblo indígena awajún.
Con la presente demanda se busca inaplicar la ley cuya aplicación brinda un manto de legalidad a mineros ilegales. De esta forma, se busca que el permiso para la actividad minera cumpla el procedimiento regular establecido por ley y sea compatible con el respeto al ambiente.
[1] Rospigliosi, J. (20 de octubre de 2023). Oro de baja ley. En Hildebrandt en sus Trece.